Saira Rodríguez es amenazada por la delincuencia organizada
El 27 de octubre se cumplieron dos años del levantamiento contra la delincuencia organizada en Olinalá, Guerrero
Regeneración 28 de octubre. Por medio de una carta Saira Salgado, hija de Nestora Salgado, esta última perteneciente a la Policía Comunitaria en Guerrero, denunció las amenazas que ha sufrido por parte de la delincuencia organizada en Guerrero por lo que partirá a Estados Unidos, en calidad de exiliada.
Nestora Salgado es considerada presa política por organismos defensores de derechos humanos en México, con relación a su madre, Saira señala que
“Mi madre es Nestora Salgado, coordinadora regional de la Policía Comunitaria de Olinalá. Actualmente es una más de los presos políticos de la mafia del ahora ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero. Mi madre fue detenida arbitrariamente y permanece en una cárcel de máxima seguridad, en régimen de alta peligrosidad.
“Hoy se cumplen dos años del levantamiento de Olinalá; el 27 de octubre, pero del año 2012, este pueblo se levantó para resguardar a sus habitantes, mancillados por el crimen organizado; este pueblo organizó su Policía Comunitaria y después su sistema de justicia, y ahora algunos de sus integrantes están presos.
Yo, como hija, he asumido la defensa de mi madre, he asistido a diferentes foros, reuniones, recibimientos de premios que le han otorgado como defensora de derechos humanos. He asumido esta responsabilidad de gritar por Libertad para Nestora y para los policías comunitarios, y ahora a ese grito se suma la demanda de justicia y castigo a los responsables del asesinato los estudiantes normalistas, y la presentación con vida de 43 estudiantes más.
“Antes que nada quiero informar que mi madre NO SE ENCUENTRA BIEN. Después de que se agudizó la crisis política en Guerrero, hace casi un mes, le suspendieron la medicina que le ayuda a estar de pie y sin dolor de espalda. La rutina de visitas y llamadas por teléfono fue modificada, lo que hace imposible tener más contacto e información sistemática de cómo se encuentra. “
Con relación a los hechos ocurridos en Iguala en donde normalistas fueron reprimidos, Saira comenta el pensamiento de su madre:
“Cuando le comenté de lo sucedido en la Iguala, además de que ella escucha las noticias por radio, me señaló que es surrealista el México de hoy, y que justo por eso ella se convirtió en policía comunitaria. Pidió que no dejemos solos a los normalistas y dice que si ella volviera a estar allá, sería de nuevo policía comunitaria para que no sucedieran estas cosas. Me aseguró que no se arrepiente de nada y que no se arrepentía de nada que lo volvería hacer.”
Relación de hechos de AMENAZAS:
“Mi madre está preocupada por nuestra vida y seguridad, y por mi decisión de ir a Estados Unidos. Por eso vengo a denunciar las AMENAZAS DE MUERTE que he recibido en los últimos meses por parte del crimen organizado, por lo que tengo que salir del país e ingresar a Estados Unidos, de donde también soy ciudadana. Me voy para resguardar a mis hijos y mi integridad física. Desde Estados Unidos exigiré libertad para mi madre, y no me voy a dejar matar. Por eso vine a la Cámara de Diputados: a denunciar estos hechos y a hacer un llamado a retomar la libertad de Nestora Salgado y de los presos políticos, ya que son parte del dolor que se vive en Guerrero.”
El 1 de junio de 2014 , me dirigía al Distrito federal desde Olinalá, en un autobús de Línea Sur en la corrida de las 21:00 hrs. Aproximadamente a las 21:10 hrs. un grupo armado que estaba a bordo detiene el camión. El grupo ordenó que todos los pasajeros se tiraran al suelo y que bajáramos uno por uno. Una mujer que ocupaba el asiento que me correspondía y que era físicamente parecida a mí, fue bajada del camión y ejecutada de dos balazos, sin que se efectuara ningún robo.
El día 2 de junio presenté ante el Ministerio Público de Olinalá una denuncia, que no fue tomada en cuenta. El argumento para rechazarla fue que los familiares de la mujer asesinada no acudieron a levantar la denuncia.
A raíz de la crisis política que se vive en el estado de Guerrero, después del asesinato de seis ciudadanos y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, he sido amenazada de muerte en dos ocasiones por vía telefónica.
La primera amenaza de muerte se registró el 9 de octubre de 2014 del número 443 43 25 752, que corresponde a un número de Morelia, Michoacán. En esa ocasión un hombre con voz pausada me comunicó que Eugenio González –hermano del presidente municipal de Olinalá- le proporcionó el teléfono “para chingarme”, y exigió 5 mil dólares para “salir de aquí”. Amenazó de muerte también al comandante comunitario Jesús Coronel Díaz.
El 10 de octubre, nuevamente acudí al Ministerio Público de Olinalá a hacer una denuncia. Ahí, el agente me dijo que “sólo eran suposiciones”; sí tomaron la denuncia pero no dieron ningún acuse de recibido.
La amenaza de muerte la recibió el propio Jesús Coronel Díaz, miembro de la Policía Comunitaria de Olinalá. Él recibió la llamada desde el mismo número telefónico. Le dijeron que su teléfono lo habían obtenido por medio de Eusebio González, presidente municipal de Olinalá, quien le había explicado su situación legal.
La amenaza consistió en pedirle 25 mil pesos, y que de no hacerlo asesinarían a policías comunitarios. Durante la llamada le proporcionaron a datos específicos y detallados de las actividades que realizan sus familiares. El día sábado 11 de octubre a las 10:40 am, recibí otra llamada telefónica del mismo número telefónico, para exigir el pago de 5 mil dólares.
El día jueves 16 de octubre nuevamente recibí una llamada telefónica, en mi casa, de un número del Distrito Federal exigiendo dinero. Los autores de la llamada dijeron que pertenecen a “Guerreros Unidos”, que tenían a los 43 normalistas, y argumentaron que tienen controlada las entradas y las salidas de las personas que acuden a mi casa.
Sin embargo, por las amenazas y el temor de que les pase algo a mis hijos, quiero hacer esta denuncia y mantener la exigencia de libertad para:
Nestora Salgado García, Coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 de Tepic, Nayarit.
Marco Antonio Suástegui Muñoz, Miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), y de la Policía Comunitaria adscrita a San Luis Acatlán, recluido en el penal federal de mediana seguridad de Tepic, Nayarit.
Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino y Antonio Cano Morales, integrantes de la Policía Comunitaria de El Paraíso, recluidos en el penal de Acapulco.
Samuel Ramírez Gálvez, integrante de la Policía Comunitaria de Zitlaltepec, recluido en el penal de Chilpancingo.
Gonzalo Molina González, integrante de la Policía Comunitaria de Tixtla, recluido en el penal Federal número 13, en el estado de Oaxaca.
Arturo Campos, consejero de la Policía Comunitaria de Ayutla, recluido en el “Altiplano”, cárcel de máxima seguridad del Estado de México.
Todos ellos son presos políticos, son Policías Comunitarios que están avalados por La Ley 701 que el gobierno de Ángel Aguirre escribió y que ahora criminaliza.
Como todos ustedes saben, en Guerrero se vive el dolor, el sufrimiento y la rabia por los hechos de barbarie que el gobierno de Ángel Aguirre y organizaciones del crimen han generado en todo el estado. También hemos visto la relación de presidentes municipales, policías estatales y municipales y del ejército con estas organizaciones delincuenciales. La muerte y desaparición de los normalistas y el encarcelamiento de los comunitarios es parte del mismo estilo de gobernar y una nueva herida para el pueblo de Guerrero.
Ahora son miles de jóvenes y ciudadanos quienes retoman la exigencia de justicia para los ejecutados y presentación con vida de los detenidos-desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos de la población de Ayotzinapa. Este caso ha destapado la corrupción y ha puesto en evidencia que el sistema político está podrido. Día a día se sabe de algún político, de cualquier partido, vinculado con el crimen organizado.
Mi madre se sumó a la exigencia de justicia de los normalistas desde el penal de máxima seguridad donde se encuentra; el 2 de octubre envió un mensaje a las marchas estudiantiles del Distrito Federal llamando a organizarse donde quiera que nos encontremos, para no dejar solos a los estudiantes. En ese momento, las amenazas contra mi persona fueron más fuertes.
La suma de dolores no se detiene en Guerrero; fueron estos policías comunitarios quienes se organizaron para brindar protección a sus comunidades, acosadas por el crimen organizado. Mi madre es parte de estos ciudadanos que se sumaron y ahora está prisionera.
En meses anteriores se instalaron las mesas de negociación o “mesas de mentiras” del ex gobernador Ángel Aguirre, en ellas se habló de muchas las promesas de libertad, de los tiempos y las formas para que esto ocurriera. Después de lo sucedido a los normalistas y de ver las porquerías de la política en Guerrero, estamos claros que nuestra demanda es la inmediata libertad de todos los presos políticos.
Llamamos al gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, a que otorgue la inmediata libertad de todos los presos políticos y que se instale una mesa de justicia y castigo para los responsables.
No creemos ya en las palabras. Convocamos a las organizaciones de derechos humanos a estar atentas sobre las amenazas contra los luchadores sociales y a estar vigilantes de los presos políticos de Guerrero.
Por ultimo quiero mencionar que salirme del país es ir a Estados Unidos y luchar desde allá, buscaremos establecer relaciones con organizaciones que ya han apoyado y con parlamentarios, ya que mi madre también ciudadana de Estados Unidos.
Saira Rodríguez
Hija de Nestora Salgado, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria