Un hombre quien además de fungir como apoderado de al menos 15 compañías fachada, era quién tenía las facultades para operar las cuentas bancarias a nombre de éstas y realizar movimientos y retiros.
Regeneración, 31 de julio de 2017.- La Procuraduría General de la República (PGR), con el apoyo de autoridades de Veracruz logró identificar a una de las personas clave en la operación de la red de empresas fantasma en dicho estado, con las cuales se desviaron recursos públicos en la administración de Javier Duarte.
Se trata de JMM (Animal Político reserva sus datos personales) quien además de fungir como apoderado de al menos 15 compañías fachada, era quién tenía las facultades para operar las cuentas bancarias a nombre de éstas y poder realizar movimiento y retiros.
Debido a esto, un juez federal ya ordenó la aprehensión de esta persona por lo que su estatus oficialmente es el de prófugo de la justicia.
Según las investigaciones, JMM no aparecía de inicio como accionista en las compañías fantasma, sin embargo, sí ocupaba el puesto de apoderado legal, luego de asambleas que se realizaban para modificar estatutos de dichas empresas.
Cabe destacar que los accionistas eran en realidad personas de bajos recursos o empleados que, aun cuando eran los socios fundadores de la empresa, no tenían accesos a sus recursos ni mucho menos a las cuentas bancarias.
En el caso de algunas de las empresas, como Mogarver SA de CV, Comersil SA de CV, e Importadora Denylk SA de CV, las cuentas bancarias prácticamente estaban en ceros en el momento en que fueron intervenidas, por lo que se presume que el dinero fue triangulado hacia otras personas y empresas, en una compleja red de lavado de dinero.
PRÓFUGOS CLAVE
Por el momento, la PGR ya ha retirado los cargos que se presentaron en contra de dos ex abogados (Alfonso Ortega y Juan José Janeiro) quienes colaboraron con Javier Duarte en operaciones de lavado de dinero, luego de que confesaron ante las autoridades para poder facilitar las investigaciones.
La lista de prófugos aún tiene varios nombres clave, todos ellos tienen orden de aprehensión y ficha roja de localización que fue emitida por la Interpol.
Quien mayor relevancia tiene en cuanto a la investigación, es Moisés Mansur Cysneros, un empresario que ha sido identificado por la PGR como el principal prestanombres de Duarte. De acuerdo con la investigación, este se hizo pasar por campesino para adquirir terrenos ejidales y poder revendérselos a sí mismo, con un sobreprecio de 15,000% con la intención de lavar recursos públicos.
Por su parte la PGR sostiene que Mansur era quien coordinaba prácticamente todas las operaciones irregulares y además aceptó poner a su nombre las propiedades que en realidad eran de Duarte, también construyó un patrimonio inmobiliario que supera los mil millones de pesos.
De acuerdo con información publicada por Animal Político el pasado miércoles, la cual dice que la PGR ya puso en marcha los trámites para conseguir la detención y extradición de Mansur, quien se encuentra escondido en Canadá desde el año pasado.
Rafael Rosas Bocardo, es otro prófugo importante, quien también presuntamente participó en la compra simulada de terrenos ejidales, y fungió como prestanombres en varias operaciones irregulares. Por ejemplo, él aparecía como propietario del rancho Las Mesas, en el Estado de México, adquirido con presuntos recursos desviados.
Faltan por ser capturados Santa Bartolo Acuña y Miguel Velázquez Nieva. La investigación de la PGR ubica a ambos como comisarios ejidales, los cuales presuntamente se coludieron con Mansur para simular que él era un ejidatario, y luego venderle terrenos ejidales a precios ínfimos.
Una orden de aprehensión que ya se cumplió fue la girada contra Javier Nava Soria, contador que fungía como representante legal de las dos principales empresas fundadas por Mansur, para lavar dinero, entre otras cosas. Nava fue capturado en Barcelona, y su proceso de extradición se encuentra en trámite.
Hasta el momento las únicas dos personas sentenciadas por el caso son las hermanas Nadia Isabel Arzate Peralta y Elia Arzate Peralta, quienes fungieron como accionistas de una empresa fantasma. Actualmente cumplen una condena de cuatro años de cárcel, por el delito de lavado de dinero, en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.
Con información de: Animal Político