Según un reporte interno del gobierno mexicano al que el diario estadounidense The New York Times, tuvo acceso los investigadores habrían violado la ley y alterado evidencia.
Regeneración, 15 de diciembre de 2016.- Según el diario neoyorkino, el gobierno mexicano se ha negado a hace público un documento interno en el que se concluyó que los investigadores violaron la ley en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos.
Según el medio, las autoridades se negaron a entregar el reporte a los familiares de las víctimas, qienes desaparecieron el 16 de septiembre de 2016.
La nota indica que los sospechosos cruciales del presunto crimen fueron arrestados y trasladados ilegalmente, poniendo en tela de juicio las pruebas que proporcionaron. Esta conducta de los investigadores es una falta al debido proceso y daña el derecho a la verdad de las víctimas de justicia.
La revisión interna habría sido completada en cuatro meses atrás, cuando se entrgaron 177 páginas impresas y listas para ser entregadas a los padres de los estudiantes.
En aquel entonces, la procuradora general, Arely Gómez, dijo que aún se debía hacer un informe, una simple formalidad, pero hasta el momento, el reporte aún está en estudio.
Una copia del informe obtenido por el New York Times, indica que e él se da cuenta de cómo los sospechosos fueron a la escena del crimen sin un abogado defensor presente, lo que significaría una violación para los derechos humanos.
Las primeras publicaciones al respecto de este informe fueron publicadas por Anabel Hernández para la revista Proceso, donde se señala la participación del ejército, quienes presuntamente están implicados en el narcotráfico de heroína.
Mientras tanto, el director del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, indicó que la decisión de no aprobar el informe y entregarlo a las familias “fue un claro signo de falta de voluntad política, no sólo de la Procuraduría General, sino del Gobierno Federal, para terminar la investigación interna”.
Sin embargo, la oficina del procurador general indicó que las razones para no dar a conocerlo (el informe) es que el mismo carecía de formalidades obligatorias no especificadas, lo que lo convierte en “legalmente inexistente”.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó de preocupante la posible desaparición del informe.
“Estamos muy preocupados y preocupados por las acusaciones planteadas recientemente”, dijo el presidente de la comisión, James L. Cavallaro, y agregó que la revisión era “claramente un documento importante, y esperamos y esperamos recibirlo”.
Ya desde antes, un juez federal indicó que las indagatorias basadas en solamente en los testimonios y las averiguaciones previas del supuesto grupo criminal Guerreros Unidos, no son concluyentes.