La Audiencia Nacional ordenó la detención de Carles Puigdemont y dictó prisión a 8 funcionarios del gobierno catalán, con cargos de rebelión y sedición.
Regeneración, 2 de noviembre de 2017. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado prisión incondicional para los ocho exconsejeros de la Generalitat de Cataluña, incluido el vicepresidente, Oriol Junqueras, que este jueves han declarado en la Audiencia Nacional, acusados de rebelión, sedición y malversación. En el caso de Santi Vila, exconsejero de Empresa, se ha dictado “prisión eludible” bajo una fianza de 50 mil euros.
La fiscalía española solicitó una orden de captura europea contra el presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, y cuatro de sus consejeros al no comparecer a declarar este 2 de noviembre en Madrid como sospechosos de rebelión y sedición, informó una fuente judicial.
Según la juez, para conseguir la independencia de Cataluña, los acusados “se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estad
o, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso”.
Puigdemont y su gabinete, permanecen en Bélgica, tras ser acusados de rebelión. La fiscalía de la Audiencia Nacional pide específicamente que las órdenes se dirijan a las autoridades de Bélgica, donde “se encuentran o al menos han viajado”, señala un documento citado por AFP.
La fiscalía de la Audiencia Nacional, un alto tribunal especializado en casos complejos, alega que Puigdemont y los cuatro consejeros hicieron caso omiso a reiteradas citaciones y llamadas telefónicas. Informó que tanto Puigdemont como los consejeros Antonio Comín y Meritxell Serret pidieron declarar “por videoconferencia”, pero “sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual”.
En la Audiencia Nacional estaban citados este jueves los 14 miembros del gobierno catalán en calidad de investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos por su papel en la proclamación de la república catalana el 27 de octubre, a la que el gobierno central de Mariano Rajoy respondió con el cese del ejecutivo catalán y la disolución del parlamento.
Se trata de delitos muy graves por los que pueden ser condenados hasta 30 años de cárcel.
Puigdemont señaló en un comunicado que las citaciones se enmarcan “en un sumario sin fundamento jurídico que sólo busca castigar ideas”. “No va a Madrid, he propuesto que lo interroguen aquí en Bélgica”, había anunciado a la televisión pública catalana TV3 el abogado belga de Puigdemont, Paul Bekaert.
Cárcel a funcionarios del gobierno catalán
La juez manda a la cárcel a Junqueras y a otros siete ‘exconsellers’ de la Generalitat Los políticos catalanes pedirán que se aplacen sus declaraciones.
Así, el exvicepresidente Oriol Junqueras, Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Josep Rull (Territorio), Carles Mundó (Justicia), Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior) y Dolors Bassa (Trabajo) serán trasladados de inmediato a prisión. Borràs y Bassa ingresarán en Alcalá de Henares. Turull y Romeva, a Valdemoro; Rull a Navalcarnero; Forn y Junqueras a Estremera; y Mundó y Vila a Aranjuez.
Entre los argumentos para justificar su decisión, la juez tiene en cuenta para el riesgo de fuga el alto poder adquisitivo de los imputados y el hecho de que otros imputados han salido al extranjero eludiendo la acción de la justicia, en clara referencia al expresidente Carles Puigdemont y a los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig.
“La acción de los querellados fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia”, señala el auto de prisión de la juez Lamela. Para justificar el riesgo de fuga, los consejeros, según el auto, han actuado «dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la justicia”.
La juez también considera el riesgo de que destruyan pruebas “teniendo en cuenta los cargos que han ostentado hasta hace tan solo unos días en las principales instituciones del Govern”. Por último, sobre la posibilidad de que vuelvan a delinquir, Lamela subraya que los presuntos delitos “se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años”. Todos ellos, sigue la juez, “reincidieron constantemente en actuaciones contrarias a las resoluciones del Constitucional”. La juez también cita, para analizar el riesgo de fuga, “las elevadas penas que suponen los delitos de rebelión (25 años), sedición (15 años) y malversación (de ocho a diez años)”.
Los imputados, según la juez, para conseguir la independencia de Cataluña “se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso”.
El abogado de parte de los exmiembros del Govern, Jaume Alonso-Cuevillas, ha asegurado que sus clientes han reaccionado con «serenidad» la decisión de la juez: «Mis clientes están muy serenos y hacen un llamamiento a la calma, que no se produzca ningún episodio violento», ha dicho al salir de la Audiencia.
En el auto, la juez menciona tanto el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre como la declaración de independencia del Parlament del pasado día 27, aunque consideran que los hechos se remontan a 2015, cuando se aprobó la resolución que dio inicio al proceso independentista. En este punto, la magistrada destaca la relevancia del documento denominado EnfoCATs, que fue incautado en el departamento de Economía de la Generalitat cuyo último máximo responsable era Junqueras. “Este documento, en la práctica, se corresponde perfectamente con todos los pasos ejecutados por el Gobierno de la Generalitat durante los más de dos años transcurridos, incluida la declaración unilateral de independencia (DUI)”.
El auto subraya el papel fundamental de las asociaciones independentistas, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. La juez recuerda que algunos de los consejeros son miembros de estas asociaciones. En concreto, los exconsejeros Ponsatí (Educación) y Forn (Interior) son socios de la ANC, mientras que Romeva (Exteriores), Turull (Presidencia) y Bassa (Trabajo), pertenecen a Òmnium.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional había pedido prisión incondicional para ocho de los nueve miembros del Govern imputados. Vila, que dimitió antes de que el Parlament votará la declaración de independencia, ha sido el único exconsejero que ha respondido ante la juez a las preguntas de todas las partes y el único para el que la fiscalía no ha pedido prisión incondicional.
Los exconsejeros acusados de rebelión en la Audiencia Nacional se negaron a responder a las preguntas de los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira, según han señalado fuentes presentes en la diligencia. El único en contestar al ministerio público ha sido el exconsejero y posible candidato del PDeCAT Sa
ntiago Vila, que ha declarado durante unos 45 minutos.
El primero en declarar ante la juez Carmen Lamela fue el exconsejero de Presidencia Jordi Turull y luego el exconsejero de Territorio Josep Rull, tras el que lo han hecho Santi Vila (Empresa), Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior), el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia) y Dolors Bassa (Trabajo).
Es un juicio político: Puigdemont
Quienes no acudieron este martes a la Audiencia Nacional son el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros. Lluís Puig (exresponsable de Cultura), Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Ganadería, Pesca y Alimentación) y Clara Ponsatí (Educación), después de que este miércoles por la noche anunciaran que permanecerían en Bélgica y no volverían a España para comparecer ante los tribunales.
En un comunicado difundido anoche y firmado por el “gobierno legítimo de Cataluña”, Puigdemont y cuatro exconsejeros señalaron que consideran ambas actuaciones penales un juicio político «efectuado al dictado del Gobierno del Estado español». Añadían que parte de los exconsejeros comparecerían ante la jueza Carmen Lamela «como denuncia de la falta de garantías del sistema judicial español y de su voluntad de perseguir ideas políticas», mientras que el resto permanecerá en Bruselas para hacer llegar su queja a las instituciones europeas.
El abogado de Serret y de Comín, Gonzalo Boyé, sí ha acudido a la Audiencia Nacional para solicitar estar presente en las declaraciones, que se hacen bajo secreto, pero le han comunicado que, en todo caso, lo debe hacer por escrito.
La Fiscalía presentó una querella contra todos los miembros del Govern por los delitos de rebelión sedición y malversación de presupuestos públicos relacionados con el desarrollo del denominado ‘procés’ y la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
(El País y agencias)