La organización “Agua para Tod@s” se cuestiona ¿a quiénes les urge una ley de aguas que daría garantías a corporaciones privatizadoras, a costa de los usuarios del agua en la Ciudad de México?
Regeneración, 15 noviembre 2017.- La “Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México” será discutida próximamente en la Asamblea Legislativa, convertiría al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) en una paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y autonomía de gestión, siendo las precondiciones impuestas por el Banco Mundial, Veolia, Suez y Gutsa.
Esas empresas y organismos han anunciado sus intenciones de lograr acuerdos privatizantes de largo plazo con Sacmex desde 2014, intenciones que han sido frustradas hasta la fecha por la fuerte resistencia comunitaria, ciudadana y académica.
La organización “Agua para Tod@s Ciudad de México” señala que la propuesta ley solo profundizaría la opacidad y arbitrariedad que han caracterizado SACMEX durante las últimas administraciones.
Para la organización les genera sospecha la urgencia por aprobar una ley antes de contar con la Ley General, antes las elecciones y antes de la entrada en vigor de la nueva Constitución.
La propuesta de ley incluye los componentes requeridos por las corporaciones como permitir que el Director General de Sacmex, ahora como director de una paraestatal, firme acuerdos con las empresas, sin que los ciudadanos tengan acceso a los términos de los acuerdos, como ha sucedido en Puebla y Quintana Roo, donde el contenido de los acuerdos fueron “reservados” por 14 años después de su firma.
SACMEX determinará anualmente las tarifas y cuotas auxiliares por el agua, alcantarillado, drenaje y tratamiento, con la opción de realizar “actualizaciones extraordinarias” a su criterio.
La propuesta ley sentaría las bases para la privatización del agua a largo plazo, al convertir al SACMEX en paraestatal. Permitiría clausurar acceso al drenaje y hasta embargar viviendas por el no pago
También permitiría que SACMEX controlara las fuentes de agua y zonas lacustres de los pueblos originarios
Al faltar dos pagos consecutivos o salteados, SACMEX podrá restringir el acceso al agua potable. No se realizaría la reconexión a los servicios hasta cubrir todas las deudas, multas, cobros auxiliares y cuotas de reconexión para agua y para drenaje.
Negarían el acceso a información bajo el pretexto de “seguridad nacional” sobre la calidad del agua, y sobre los dictámenes de factibilidad de servicios hidráulicos otorgados para nuevos megadesarrollos en zonas sin agua.
La decisión de gastar 1.6 mil millones anuales (del Programa de Devolución de Derechos), al proyecto Emisor Oriente, obra asignada al consorcio de Carlos Slim en 2007 sin licitación ni proyecto ejecutivo. Aunque fue programado a un costo de 9.5 mil millones y para terminarse en 2012, hasta la fecha ha absorbido 44 mil millones, con graves irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación.4
En tanto, “Agua para Tod@s” señala que la Observación 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el Derecho al Agua, vinculante para México, exige que:
Antes de que un Estado Parte o un tercero haga algo que interfiera con el derecho al agua de una persona, las autoridades pertinentes deberán asegurar: el suministro oportuno de información completa sobre las medidas proyectadas; y la oportunidad de una auténtica consulta con los afectados.
Dado que ya está pendiente una nueva Ley General de Aguas centrada en el derecho humano al agua, ya está en puerta un proceso electoral y próximamente entrará en efecto la Constitución de la Ciudad de México, les surge la duda: ¿Para quién es esta ley de aguas? ¿Qué beneficios estarán recibiendo quienes les urgen tanto aprobarla?, cuestiona “Agua para Tod@s”.
Con información de Agua para Todo@s