Estudios y peritajes revelan que al menos uno de los cinco menores asesinados por su madre en la Magdalena Contreras, sí fue víctima de abuso sexual a manos de su progenitor, sin embargo, la Procuraduría Capitalina ocultó la información que lo confirmaba
Regeneración, 4 de julio de 2017.- El pasado 7 de junio, cinco cadáveres fueron hallados dentro de un domicilio particular en la delegación Magdalena Contreras: se trataba de tres menores de edad (un niño y dos niñas gemelas), así como la madre y el abuelo de éstos.
La Procuraduría de la Ciudad de México filtró que en el lugar se encontró también una carta póstuma en la que la madre explicaba que había decidido quitarle la vida a sus hijos para evitar que los niños se quedaran bajo la tutela del padre, al que acusó de abusar sexualmente de los menores.
No obstante, la Procuraduría descartó la veracidad del contenido de la misiva y aun cuando la mamá de los niños presentó tres denuncias entre 2012 y 2016, en todos los casos se descartó que los niños sufrieran de abuso sexual.
Rodolfo Ríos Garza, ex procurador, dijo que “hubo tres expedientes (judiciales, relacionados con las denuncias) y en ninguno de ellos se acreditó que existiera un abuso sexual”.
Pero el procurador mintió, pues en el expediente integrado por este caso sí existen peritajes, incluido uno del DIF, que confirman los ataques sexuales contra los menores. Son exámenes psicológicos integrados al expediente en 2012.
Aunque los estudios confirmaban las agresiones sexuales perpetradas por el padre, las autoridades de la Ciudad de México decidieron en 2016 retirarle la tutela de los tres niños a la madre, y entregársela al padre.
Fue en 2011 cuando la madre de estos tres menores decidió separarse del progenitor, esto tras detectar trastornos físicos y en el comportamiento del mayor de los niños, en ese entonces de tres años de edad.
Un año después, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ordenó al Sistema Integral Para la Familia (DIF) que realizara estudios al hijo varón, para determinar si efectivamente había sido víctima de abuso sexual.
Después de una docena de sesiones con un especialista de la institución, el DIF de la Ciudad de México presentó el día 14 de junio de 2012 las conclusiones de su “valoración psicológica”.
En este estudio se reproducen los diálogos y las situaciones de juego en las que el niño describe los abusos sexuales de los que fue víctima.
En el mismo estudio, la relación del niño con su madre, hermanas y abuelos, reveló un “apego saludable” pero, se destaca que el menor “presentó un cuadro de angustia al referirse a su progenitor”.
“Tomando en cuenta lo expresado por el menor durante su proceso de valoración psicológica, se concluye la posibilidad de haber sufrido algún tipo de violencia durante la convivencia y crianza con su progenitor”, dice el texto.
Po ello, se subrayó que “no es recomendable que el menor conviva con su progenitor, ya que este último es identificado como generador de maltrato”.
Sin importar los testimonios del menor, cuatro años después, el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México determinó retirar la patria potestad a la madre, y ordenó a una asociación civil diseñar una terapia que permitiera al padre recuperar la relación “paterno-filial” con el niño.
Fue en diciembre de 2012, cuando el Juzgado Décimo en materia Familiar, encabezado por la juez Cristina Espinosa Rosello, ordenó a la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas AC (Adivac) “que se les proporcione terapias” tanto al padre como al menor, “a fin de establecer el vínculo paterno-filial entre ambos”.
Adiva realizó trece sesiones, pero determinó que tal y como lo había expresado el menor ante el DIF, presentaba evidencias y brindaba testimonios espontáneos en los que describía distintos abusos cometidos por su padre.
Incluso, se detectaron varias consecuencias directas de estas agresiones, tales como “sentimientos de culpa, ansiedad, angustia, impulsividad, baja autoestima, agresividad reprimida, enuresis (alteraciones en la actividad urinaria), sobresaltos nocturnos eventuales, miedo, entre otros”.
Luego de varias evaluaciones, Adivac determinó que el niño sí fue víctima de violencia sexual por parte de su padre. Por lo tanto, la asociación informó a la juez y ella respondió con imponerle una multa de 30 mil pesos por no realizar “las terapias que fueron ordenadas para restablecer la relación paterno-filial”.
La juez Cristina Espinosa Rosello solicitó la colaboración del Servicio Médico Forense de la Ciudad de México (Semefo), para que un perito especializado elaboraba un peritaje al menor y tras sólo una entrevista, el especialista del Semefo concluyó que el menor “es un niño inteligente”, una característica que no se presenta en menores agredidos, entre otras características que, para él, determinaron que el niño no fue víctima de abuso sexual.
En dicho peritaje se descartó que el menor hubiese sido agredido sexualmente, tras una única sesión de terapia con el menor, en la cual empleó como técnica la “entrevista cognitiva y observación directa”. Por ello, la madre del menor presentó una queja ante el consejo de la judicatura contra la juez Espinosa, por ignorar los peritajes del DIF y Adivac.
Luego de la queja, la juez se declaró incompetente para seguir viendo el caso, el cual fue turnado al juzgado 11 de lo familiar, cuya titular Silvia Araceli García Lara ratificó todas las resoluciones de su antecesora y ordenó retirar la patria potestad a la mamá, además que le advirtió que la llevaría a la cárcel sino cumplía con la resolución.
Ante esa amenaza, la madre decidió quitarles la vida a todos sus hijos, a ella y a los abuelos.
Con información de Animal Político