La impunidad, afirmaron periodistas, es cuando un juzgador o una autoridad le pide a una comunicadora que deje de escribir, que deje de informar y con ello que no ejerza su derecho a la libertad de expresión, todo a fin de “proteger su vida y resguardad su seguridad”.
A decir de las periodistas Lydia Cacho Ribeiro; Lucía Lagunes Huerta, directora general de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC); Yunhuen Rangel Medina, coordinadora de Redes de Periodistas de la misma organización, y la abogada feminista Adriana Carmona, además de la falta de justicia lo más grave es el miedo cuando las agresiones contra las informadoras quedan en la impunidad.
Reunidas en el Centro Cultural de España en esta capital, durante la presentación del informe “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis legal”, que elaboró CIMAC, las periodistas coincidieron que la violencia va más allá de una agresión.
Lucía Lagunes afirmó que lejos de disminuir la violencia ésta va en aumento, mientras gobiernos y autoridades de todos los ámbitos no tienen como prioridad proteger la vida de las periodistas. Como ejemplo, expuso que de 2002 a diciembre de 2013 la violencia se incrementó en 374 por ciento.
La periodista señaló que en 2002 hubo dos casos de agresiones, pero para 2013 se registraron 187, por lo que en este informe no sólo se registraron las estadísticas, también se muestran las razones del por qué no se detiene la violencia: la impunidad y la falta del reconocimiento del trabajo de las informadoras.
“No basta con que las periodistas dejen su entidad y lleguen a una ciudad donde tampoco se les da protección, no basta porque finalmente el perpetrador es el que gana. Les han quitado la vida por la cual seguimos trabajando, que es la pasión por informar a la sociedad”, aseguró Lagunes Huerta.
La periodista Lydia Cacho Ribeiro, acosada desde 2005 por sus investigaciones periodísticas contra la pornografía infantil y las redes de trata, lamentó que en el caso de las comunicadoras agredidas, además de llevar un proceso legal por el castigo de sus agresores, terminen invirtiendo más de la mitad de su tiempo en defender su fama pública o su dignidad personal.
A decir de la columnista, incluso en el gremio periodístico cuesta mucho trabajar diferenciar cómo se vive el ser mujer, por ello relató que desde su experiencia personal cuando fue perseguida tras la publicación de su libro “Los demonios del edén”, fue agredida incluso en su vida privada.
Al dedicar unas palabras a la reportera Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso y asesinada en Veracruz en abril de 2012, dijo: “La impunidad sabe a acidez cuando no puedes comer, sabe a la angustia y miedo a la oscuridad cuando no puedes dormir… El miedo sabe a vivir la amargura de vivir en un país donde se tienen que dirimir la verdad como si la verdad tuviera que defenderse”.
Por su parte, Catalina Botero Marino, relatora especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), envió un mensaje en el que señaló que es necesario visibilizar la situación de las mujeres que ejercen el periodismo y, en particular, documentar los múltiples y específicos riesgos que enfrentan en el ejercicio de su profesión para adoptar medidas destinadas a afrontarlos.
De acuerdo con la relatora, quien en su último informe incluyó un capítulo sobre la perspectiva de género, los estándares internacionales en materia de prevención, protección e investigación de la violencia contra periodistas han ido incorporando, en los últimos años, una clara perspectiva de género, lo que implica comprender cómo operan las prácticas sexistas.
En su mensaje agregó que este análisis ayudará a favorecer la definición de medidas de prevención, protección y procuración de justicia adecuadas a las necesidades de las comunicadoras.
Es por ello que agradeció el trabajo de las organizaciones de mujeres que, como CIMAC, visibilizan y documentan este fenómeno, ya que gracias a estos esfuerzos es posible poner en relieve la cuestión de género en el estudio de la violencia contra periodistas, y la definición de estrategias tendientes a erradicarla.
El informe “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis legal”, presentado ayer, es un análisis jurídico de cuatro casos emblemáticos de delitos contra la libertad de expresión: las pesquisas por las amenazas y demandas contra Lydia Cacho y Ana Lilia Pérez Mendoza –quien investigó la corrupción de la empresa Oceanografía–, así como el asesinato de Regina Martínez, y los allanamientos y robos en las oficinas de la agencia Cimacnoticias.
La nueva investigación da seguimiento al “Informe Diagnóstico Violencia contra Mujeres Periodistas. México 2010-2011”, que se presentó en 2012 para evidenciar que las comunicadoras también son víctimas de violencia sistemática.
Información: CIMAC