Tres años después del derrame de tóxicos en el río Sonora, considerado el mayor desastre ambiental en la historia de la industria mexicana, la empresa se niega a asumir su responsabilidad de remediar los daños, lo que tendría un costo de 2 mmdp.
Regeneración, 4 de agosto de 2017.- El consorcio minero Grupo México, que es propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, hizo un reporte a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que sus utilidades aumentaron más de 60% en el segundo trimestre de 2017 en comparación con el periodo enero-marzo, y ascendieron a 557 millones de dólares, esto de acuerdo con información de el diario La Jornada.
DERRAME DE SULFATO DE COBRE
Fue en agosto de 2014,luego del derrame de 40 mil litros de sulfato de cobre acidulado, Grupo México se comprometió a reparar los daños ambientales en el río Sonora, instalar plantas potabilizadoras y financiar atención médica a los habitantes de los siete municipios de la ribera.
Debido a esto se creó un fideicomiso con 2 mil millones de pesos; pero la empresa no ha entregado la totalidad de estos recursos, informó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en su portal.
Cabe resaltar que este monto fue restado a las utilidades de los trabajadores mineros, quienes denunciaron que se les hizo cubrir gastos que correspondían a la empresa.
Wenceslao Cota Montoya, delegado de la Secretaría de Gobernación, declaró que tanto directivos de la mina como funcionarios federales han gastado más de 50% de los recursos del fideicomiso sin cumplir con todas las medidas de remediación ambiental y atención a la salud de los damnificados. En su reporte más reciente declararon que faltan alrededor de 700 millones de pesos por pagar.
Wenceslao detalló que en su reporte de abril la empresa informó que las aguas del río Sonora se encuentran libres de contaminantes, por lo que modificó sus compromisos de resarcimiento de daños, acordó con funcionarios reducir el número de plantas potabilizadoras de 36 a nueve (una fija en cada municipio afectado y dos móviles).
De estas plantas sólo se ha instalado una en el pozo del municipio de Bacanuchi, la cual funciona sólo cuatro horas diarias con recursos de los ciudadanos, debido a que Grupo México rehúsa cubrir los gastos de operación.
LOS AFECTADOS
Los afectados, agrupados en los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), demandan al consorcio minero atención médica para 381 habitantes que han presentado elementos tóxicos en sangre y orina. Más de un tercio son menores de edad, adultos mayores y mujeres.
La ONU ha emitido al gobierno federal tres exhortos para que la empresa deje de violar los derechos humanos de los habitantes de Sonora e incluso señaló que las autoridades mexicanas están más interesadas en atraer inversiones que en remediar daños y hacer cumplir la ley.
Con información de:La Jornada