OCDE pide a México subir y crear nuevos impuestos

La OCDE que dirige Ángel Gurría, reclama a México la puesta en marcha de un impuesto sobre las herencias y recomienda a sus autoridades aumentar los ingresos procedentes de impuestos ya existentes sobre la propiedad inmobiliaria

Regeneración, 16 marzo 2018.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que dirige el mexicano Ángel Gurría, reclama a México la puesta en marcha de un impuesto sobre las herencias y recomienda a sus autoridades aumentar los ingresos procedentes de impuestos ya existentes sobre la propiedad inmobiliaria y sobre actividades perjudiciales para el medioambiente.

Sin embargo, a las puertas de la campaña electoral, la necesidad de aumentar la presión fiscal se ha convertido en un anatema en el debate público: ningún candidato para las elecciones presidenciales de julio ha propuesto, hasta la fecha, subir o crear nuevos impuestos.

La tesis general de la OCDE es que, a pesar de la reforma fiscal de 2013, la recaudación mexicana sigue siendo «insuficiente» para financiar las necesidades de gasto público social y en infraestructuras. El gasto social, subraya el organismo, sigue estando entre los más bajos de sus socios, pese a haber pasado del 2% de 1985 al 8% actual.

«México tiene que aumentar la recaudación tributaria: necesita obtener recursos para financiar un mayor paquete de servicios para la población», apunta Luiz de Mello, director de estudios de política económica de la OCDE. «Es cierto que ha fortalecido en los últimos años su política fiscal, pero la sociedad mexicana aún tiene que hacer frente a importantes retos en términos de bienestar, infraestructura, educación, salud o combate a la pobreza… La mitad de la población vive aún en situación de pobreza, los niveles de desigualdad siguen siendo bastante altos y el gasto social sigue siendo bajo: del 8%, menos de la mitad que en la media de la OCDE», remarca Mello. «También hay margen para mejorar el efecto redistributivo del sistema fiscal: incluso después de la reforma de 2013, hay muy poca diferencia entre el ingreso de mercado y el ingreso disponible después de impuestos y transferencias fiscales».

Para suturar esas brechas de recaudación y de redistribución y financiar la «necesaria expansión» del gasto y de las inversiones públicas, el plan de ataque propuesto por los economistas de la OCDE pasa por incrementar los ingresos públicos mediante el aumento de los gravámenes ya existentes sobre la propiedad inmobiliaria y de los impuestos verdes al tiempo que se implementa un impuesto específico sobre las herencias, hoy inexistente en el esquema fiscal mexicano. En este último punto la OCDE no está sola: el último académico en sumarse a la cruzada en favor de un tributo sobre las sucesiones fue Branko Milanovic, profesor de la City University of New York (CUNY) especializado en temas de desigualdad, que en una entrevista con EL PAÍS en diciembre pasado subrayaba la «importancia» de que México fijase un tributo específico sobre «las herencias y la riqueza». «Lo que ocurre en este país es que hay muchas personas extraordinariamente ricas, hasta el punto de que están entre los más acaudalados del mundo», decía Milanovic.

También propone por un incremento de los impuestos prediales (que gravan las propiedades inmobiliarias, una de las figuras fiscales que más réditos da por lo difícil que resulta esquivarla y lo sencilla que es su implantación). La única reducción que propone en su menú impositivo para México es en el gravamen sobre los beneficios empresariales. Tras la reforma fiscal en Estados Unidos -un país con el que México tiene importantes lazos económicos- este último punto se ha convertido en una de las grandes reclamaciones de las patronales mexicanas, que temen la salida de inversiones con destino al vecino del norte.

En el campo de la evasión fiscal, otro de los talones de Aquiles del sistema impositivo mexicano, la OCDE pide al Gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) que «incremente sus esfuerzos» mediante la integración de administración tributaria (el SAT) y la seguridad social.

 

Con información de El País y Proceso