* El gobierno federal, ha estado comprometido en diversas ocasiones con empresas que violentan los derechos humanos de comunidades indígenas en México. Enrique Peña Nieto ha privilegiado garantizar las obras a grandes empresas, por encima de la voluntad de los pueblos.
Regeneración, 9 de junio de 2017.- Este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se presentó el “Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas”, donde se señala que grandes empresas como Grupo Higa, Monsanto y Energía Eólica del Sur han violentado los derechos humanos de diversas poblaciones en México.
“Son justamente las empresas del capital transnacional las que están envueltas en la captura corporativa del Estado. En donde se ve muy claramente la influencia, incluso la omisión del Estado, para garantizar las omisiones de esas compañías”, dijo Elena Villafuerte Mata, integrante del área de Justicia Transnacional en la organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales AC (ProDESC), quien estuvo presente en Ginebra, Suiza, durante la presentación del estudio.
Villafuerte aseguró que el gobierno de Enrique Peña Nieto habría privilegiado garantizar las obras a grandes empresas, por encima de los derechos humanos. Y la Reforma Energética, dijo, ha propiciado el aumento de atropellos a los derechos humanos por parte de las empresas.
“La realidad es que los temas de la consulta indígena, y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, están pendientes en la agenda del Estado mexicano, pero específicamente en lo que se refiere a la Reforma Energética”.
“El Estado mexicano hizo una intervención acotada, pero definitivamente no abordando de manera crítica o propositiva los temas que vienen en el informe, ni las recomendaciones del Grupo de Trabajo”, sostuvo.
Enfatizó que el gobierno federal, ha estado comprometido en diversas ocasiones con estas mismas empresas. Este podría ser el caso de los atropellos, detallados en el Informe, de Grupo Higa para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan que ha expropiado terrenos de comunidades indígenas en Xochicuatla, Estado de México.
En el informe donde participaron más de cien organizaciones civiles se documentaron en su etapa preliminar: 32 abusos al derecho a la tierra y el territorio por parte de empresas, 28 casos de falta de acceso de información sobre trabajos, 22 abusos al derecho a un medio ambiente sano, 17 de impactos a la salud de la población, 17 de falta de cumplimiento a derechos indígenas.
“Incluso en el propio informe se habla de que existe una ansiedad del gobierno mexicano de atraer inversiones. Y que eso combinado con esa dinámica de corrupción e impunidad da un marco para que se cometan abusos en el marco de las actividades empresariales”, dijo Villafuerte
En el informe, también se destaca el caso del parque eólico en los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza, de la empresa Energía Eólica, mismo que pudo detenerse luego de una resolución de un Tribunal Federal que decidió en 2015 conceder un amparo a las comunidades locales.
Además, también se hablar sobre el derramamiento de sulfato de cobre por parte de la minera Buenavista del Cobre, filial del Grupo México, en el Río Sonora, el 6 de agosto de 2014.
Con información de Proceso