Por: Lucio Guerrero

Hoy la Secretaría de Energía hizo público una directriz de política energética con el título “Directriz de Emergencia para el bienestar del Consumidor de Gas Licuado de Petróleo”. El objetivo de dicha directriz es instruir a la Comisión Reguladora de Energía para elaborar una metodología que permita poner un tope al aumento desmedido y desproporcionado de un grupo de empresas distribuidoras al GAS LP.

El GAS LP es el energético de amplio consumo en los hogares de México y el mundo, para el cocinado de alimentos y calefacción, entre otros usos. En los últimos dos años, un grupo muy pequeño de empresas distribuidoras del energético se han apoderado de amplias regiones del país, han pactado el precio final del combustible y reciben exorbitantes utilidades a costa del pueblo trabajador.

Lo que ocurrió con los precios del GAS LP es la muestra (una más, por cierto) de que eso de la libre concurrencia y competencia, que tanto alegan últimamente las grandes empresas, es una verdadera patraña. Pues para garantizarse utilidades muy por encima de los verdaderos mercados competidos, las empresas distribuidoras de GAS LP se distribuyeron a su vez el territorio nacional. Incluso evitando que cualquier usuario busque satisfacerse por cualquier otra compañía habitual, pues regularmente sólo una empresa controla, con previo acuerdo, la distribución del energético por cuadra, por manzana, por conjunto habitacional, por municipio y por estado; lo que conlleva a que, si algún consumidor atenta contra el orden monopólico existente, rápidamente sea obligado a respetar el precio de la compañía de la zona.

En el contexto de la reforma energética de 2013, el entonces Gobierno Federal prometió a la población contar con suministro adecuado de combustibles a precios competitivos y señaló que en dos años se reduciría el precio del gas LP, con lo que se beneficiaría a los mexicanos (t.ly/z46v).

El 1 de enero de 2016 comenzó el proceso de liberalización del mercado con la apertura de las importaciones de gas LP por parte del sector privado y finalizó el 1 de enero de 2017 con la liberalización plena de precios al consumidor del gas LP.

A partir de 2017 que se liberó el precio de este combustible, el consumidor comenzó a observar incrementos exorbitantes en el precio. En 2015 consumidor pagaba 290 pesos por un cilindro de 20 kilos, para febrero de 2017 pagaba 324 pesos por el mismo cilindro y en junio de 2021 pagó 506 pesos.

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Ese incremento en el precio al consumidor no se originó por aumentos en el precio del combustible a nivel internacional o del ofertado por Pemex, sino por el injustificado margen comercial de quienes distribuyen el gas LP; lo que implica que un sector de la cadena se hace rico desproporcionadamente, a costa del consumidor, como se demuestra a continuación:

Antes de la Reforma Energética existió un mercado de precio regulado, donde Pemex era el único proveedor del mercado mayorista de gas LP y era sujeto a una metodología de precio límite en sus ventas de primera mano. Por otra parte, el precio máximo para el usuario final tomaba en consideración el Precio de Venta de Primera Mano (PVPM), los costos de logística e infraestructura y un margen de comercialización.

De esta forma el precio al público del gas LP estuvo vinculado al Precio de Venta de Primera Mano, lo que implicó que el precio se mantuviera prácticamente constante en términos reales, atendiendo la demanda nacional y garantizando el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes.

Lo anterior toma relevancia porque dentro del marco de la Reforma Energética de Peña Nieto, a partir de septiembre de 2018, los precios de mayoreo del GAS LP disminuyeron drásticamente, mientras que los precios al público en ningún momento reflejaron esa disminución. Entre febrero de 2017 y mayo de 2021 los precios de referencia internacional disminuyeron mes a mes en 25 ocasiones, los de Pemex incluso en 26 ocasiones mientras que los que pagó el consumidor solo 19 veces.

El margen comercial de las empresas privadas y extranjeras de GAS LP casi se triplicó a partir de la liberalización del precio del gas LP. En enero de 2017 ese margen era de solo 5.8 pesos por kilogramo mientras que en junio de 2021 es de 15 pesos por kilogramo. Ese incremento no se ha reflejado en mayores inversiones en favor del pueblo trabajador.

Con base en los datos anteriores, entre enero de 2017 y junio de 2021, el margen comercial del gas LP en un cilindro de 20 kilogramos se incrementó irracionalmente en 183 pesos. Lo que ha tenido que absorber la clase trabajadora por ese incremento, es equivalente a su gasto mensual de una parte importante de la canasta básica.

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Por tanto, cada peso adicional que ganan los comercializadores y/o distribuidores de gas LP, daña la estabilidad en el consumo de las familias de trabajadoras y trabajadores. La ganancia excesiva de los primeros representa 9 mil millones de pesos por año. Es evidente el daño grave al bienestar de las familias mexicanas ante la reducción de sus posibilidades económicas para acceder a un combustible de consumo para necesidades básicas, lo que pone en riesgo la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico y social, además de limitar el crecimiento de industrias que tienen como insumo el gas LP.

Por ello es que la Secretaría de Energía dio a conocer un instrumento para tratar de controlar el precio del GAS LP. Sin embargo, las empresas privadas y extranjeras han comenzado a acordar el desabasto de GAS LP, frente a las medidas de protección para frenar el aumento exorbitante de los precios del energético.

Muy seguramente estaremos observando en los próximos días procesos de demanda de amparo de privados y extranjeros para evitar precios más bajos por el energético a la población y evitar perder grandes utilidades. Esto porque cuentan con el apoyo del Poder Judicial quien, tratándose dichas empresas, concede amparos en días festivos, inhábiles y hasta en fin de semana; en un tiempo máximo de cuatro horas, justo como lo hizo a favor de las empresas extranjeras de electricidad.

Sin embargo, la batalla por recuperar la seguridad energética, de abasto de combustibles y suministro eléctrico, por precios bajos de los energéticos, deberá llamar al conjunto de la clase trabajadora a librar una batalla decisiva por el control de la industria energética en su conjunto. Esto pasa por echar abajo la Reforma Energética de EPN que el Poder Judicial exige que se siga aplicando, y luchar por el control de la industria estratégica de la mano de las y los trabajadores de dicha industria.

Finalmente, el acuerdo publicado por la Secretaría de Energía es una medida positiva en el marco de protección a los consumidores de gas LP para atender de emergencia un problema en la industria del gas LP, que ha provocado un problema social y de seguridad nacional, que requiere de una respuesta urgente.

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