Por Tonantzin Torres Navarro
RegeneraciónMx.- Hablar de la libertad de expresión es, en cualquier momento histórico, un tema escabroso y complejo por la gran carga filosófica que entraña. La libertad no puede ser limitada, porque entonces no es libertad, dicen los puristas. Quizá tienen razón en un ámbito ideal, sin embargo, para situaciones más mundanas deberíamos contar con legislaciones que prevean cómo funcionan las libertades dentro del conjunto social. La frase: “el derecho de una persona termina donde empieza el de la otra” es una muy buena medida, para empezar.
La labor de informar en México, como en muchos países más, conlleva un riesgo implícito: siempre hay personas interesadas en mantener información oculta, por lo que se han creado diversos mecanismos jurídicos para proteger tanto el derecho de las personas a obtener información de interés común, como de quienes ejercen la labor periodística, todo ello con el afán de proteger y promover la libertad de expresión en un marco de respeto y legalidad.
Pero esta columna no se trata de aquellos quienes hacen del periodismo su profesión diaria, sino de aquellas personas que por tener acceso a una cámara e internet se han convertido en los nuevos líderes de opinión en la actualidad satírica que estamos viviendo.
No nos referiremos a quienes ni siquiera pretenden tener una responsabilidad periodística o una función de comunicación social, sino a quienes se autodenominan “influencers”, “youtubers”, “tiktokers” y demás similares y conexos. Y Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, forma parte de ese contingente; actualmente está sujeta a proceso por el delito de distribución de pornografía infantil en perjuicio de Ainara Suárez y, debido a ello, se encuentra bajo el régimen de prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla en CDMX.
YosStop señaló haber recibido de parte de una seguidora un video donde se aprecia a una tercera chica teniendo relaciones sexuales, otro donde ambas se pelean a golpes, y una serie de mensajes que contaban la historia de ambos videos; así que Yoseline Hoffman consideró que era una buena idea emitir su opinión al respecto, por lo que grabó el video titulado “Patética Generación” en el que comparte, además de la narrativa de la historia, imágenes de ambos videos en sus redes sociales.
Posterior a la viralización del video de Hoffman, la chica protagonista del video sexual en cuestión expuso que su participación había sido como víctima del delito de violación, y que estaba recibiendo una avalancha de comentarios ofensivos, difamatorios y amenazas. Finalmente Ainara Suárez interpuso una denuncia formal contra los sujetos que aparecen con ella en el video por el delito de violación equiparada (por haberse ejecutado con un objeto, no con el órgano reproductor masculino) y contra Yoseline Hoffman por haber distribuido las imágenes de dicho video, que además de presuntamente tratarse de un delito, fue grabado cuando ella aún era menor de edad.
¿Pero, realmente cometió un delito YosStop?, la respuesta es sí. El de posesión y distribución de pornografía infantil, al ella misma señalar de manera pública que tuvo almacenado dentro de su teléfono el video de contenido sexual donde interviene Ainara Suárez y posteriormente publicarlo a través de sus redes sociales, ya que se trataba de una menor de edad.
Pero, además, cuando lo hizo público, no escatimó en aseveraciones sobre la conducta sexual de Suárez, afirmó y dio por ciertas las declaraciones de la seguidora que le hizo llegar la historia y los videos. Utilizó muchos adjetivos calificativos poco halagüeños que deberían constituir en sí mismos el delito de injurias, que muy desafortunadamente los legisladores federales y locales tuvieron a mal derogar de los códigos penales.
De igual manera, se configuraría el delito de difamación, al comunicar un hecho falso que notoriamente dañaría la dignidad e imagen pública de Ainara Suárez; pero que también los legisladores eliminaron de la ley penal sustantiva. Este desacierto irresponsable ( y que bien puede ser violatorio de derechos humanos al dejar en desprotección a la ciudadanía) por parte del legislativo federal responde precisamente al sinnúmero de denuncias que los particulares emprendían contra periodistas y comunicadores, que alegaban libertad de expresión en su quehacer profesional, por lo que el legislativo en San Lázaro tuvo la brillante idea de lavarse las manos del asunto y derogar los delitos contra el honor del código penal federal, dejando la facultad a las legislaturas locales de las entidades para incluirlos o no en sus códigos estatales.
Así que Suárez no recibirá compensación alguna por las agresiones verbales -porque eso fueron- que recibió en reiteradas ocasiones de Yoseline Hoffman de manera pública, ni por todos y cada uno de los hechos que fehacientemente le imputó. Ainara tuvo, por inverosímil que parezca, correr con la ¿suerte? de que YosStop publicara a través de redes sociales los videos en los que ella aparecía para poder así acusarla de un delito que sí se hubiera salvado del ansia irracional por quedar bien de los legisladores mexicanos.
Si ese video no se hubiera compartido, Yoseline Hoffman se hubiera podido permitir llamar a Ainara con muchos sinónimos la palabra prostituta y hacerlo pública y masivamente, dañando su imagen y dignidad, sin consecuencias algunas. Pero este vacío jurídico deleznable al que les gusta llamar “libertad de expresión” no es justificable.
El quehacer periodístico serio y formal tiene normas claras que le protegen y le permiten comunicar a la ciudadanía los hechos o presunciones de estos, de una manera respetuosa y que no entrañe en sí misma una lesión a la dignidad y el honor de las personas. No se justifica en aras de la libertad de expresión que se dé luz verde a quien lo desee para insultar, denostar y señalar a otro porque así le parece o es “su opinión”, y mucho menos, para que se escude en la profesión periodística.
El caso de YosStop pone de manifiesto hasta el límite pernicioso a donde se ha llevado el vacío legal que permite la expresión irresponsable de quien quiera y pueda hacerlo. No puede alegar para su defensa la libertad (esa sí, bien corrompida y envilecida) de expresión que siempre alegan los periodistas con o sin razón, porque por haber denostado la dignidad, honor y persona de Ainara Suárez de todas las formas verbales habidas y en muchas -si no es que todas- las plataformas mediáticas disponibles, no es que está siendo procesada. Sí, aunque usted no lo crea.
No quiero despedirme sin hacer un llamado sentido y enérgico a las legislaturas locales entrantes: los delitos contra el honor no son derecho obsoleto. Todo lo contrario, ahora que cualquiera con una cámara puede hacer un comentario, acusación o afirmación “viral”, es cuando más necesitamos, como sociedad, que las nuevas generaciones aprendan a hacerse responsables de sus opiniones y las consecuencias reales que estas generan.
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