En 1960 en México apenas 44% tenía acceso a energía eléctrica. El resto del país vivía en la penumbra, en medio de velas y quinqués de petróleo
Por José Antonio Almazán Glz
Este 27 de septiembre se cumplen 58 años de la nacionalización de la industria eléctrica en México. Hecho histórico que, junto con la expropiación petrolera, transformó radicalmente la economía y la sociedad mexicana.
Para darnos una idea de la trascendencia de la nacionalización-mexicanización emprendida por el gobierno de Adolfo López Mateos, conviene recordar que en 1960 apenas el 44% de los mexicanos tenían acceso a la electricidad.
El resto del país vivía en la penumbra, en medio de velas y quinqués de petróleo. El México rural era una realidad imperante.
Las empresas eléctricas privadas
A las grandes empresas eléctricas extranjeras, — la Mexican Light and Power Company de origen canadiense y capital multinacional y la American and Foreing Power filial de la Electric Bond and Share — no les interesaba el desarrollo industrial, comercial y agrícola del país. Sus inversiones buscaron siempre la ganancia fácil y rápida.
Durante más de 55 años fueron las mandonas en México, imponiendo elevados y arbitrarios precios a la electricidad; afectando lo mismo a la incipiente industria nacional, a los servicios y al comercio, pero fundamentalmente a los consumidores domésticos.
No en pocas ocasiones recurrieron a las presiones diplomáticas de sus respectivos gobiernos para imponer su política tarifaria.
La CFE y las empresas eléctricas privadas
Para subsanar en parte esta situación el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas creó la Comisión Federal de Electricidad el 14 de agosto de 1937, con el objeto de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales, tal y como se leía en su decreto de creación.
De ello se aprovecharon los monopolios eléctricos extranjeros, a los cuales les resultaba más rentable comprarle la energía eléctrica a la CFE, que invertir en la construcción de nuevas plantas de generación.
De tal manera que en los albores de la nacionalización la CFE aportaba ya el 54% de los 2,308 MW de la capacidad instalada a nivel nacional, la Mexican Light el 25%, la American and Foreign el 12%, y el resto de pequeñas compañías eléctricas el 9%.
Desde otro ángulo, de 1949 a 1960 la relación entre el precio de compra a la CFE y el precio al que vendían las empresas eléctricas extranjeras llegó a ser de 4 a 1, lo cual explica sus enormes ganancias y el poco interés por invertir en la generación. Por ejemplo, la Mexlight le compraba a la CFE el KWH a 0.40 centavos canadienses y revendía el KWH a 1.626 dólares canadienses. El negocio era redondo.
La nacionalización de la industria eléctrica
Como consecuencia de esa expoliadora política, típica de la inversión extranjera directa en países subdesarrollados, la protesta social en contra de las empresas eléctricas extranjeras fue creciendo en las décadas previas de la nacionalización; lo mismo en el sector empresarial, pero fundamentalmente entre millones de consumidores domésticos organizados en las llamadas Ligas de Consumidores Domésticos quienes desde la década de los años cuarenta demandaban la nacionalización de la industria eléctrica.
La nacionalización – mexicanización de las empresas eléctricas extranjeras no fue entonces una llamarada populista, como hoy se califica a quienes proponemos la renacionalización del petróleo y la electricidad en México, sino una necesidad del desarrollo capitalista y un reclamo popular.
Ese 27 de septiembre y en los días previos y posteriores, los periódicos nacionales engalanaban sus primeras planas con grandes titulares festejando el hecho histórico. “Gran júbilo popular al recibir el gobierno la compañía de luz”, “Electricidad mexicanizada por y para el pueblo”, “Plena conciencia popular sobre la electricidad nacionalizada”, “La industria eléctrica meta revolucionaria del pueblo”, se leían lo mismo en El Universal, El Nacional y en otros periódicos.
Cabe destacar que salvo el PAN que explícitamente rechazó la nacionalización de la industria eléctrica, hasta las agrupaciones empresariales expresaron su beneplácito, contrastando con su desbordado apoyo actual a la privatización energética consumada por Peña Nieto.
El 21 de octubre de 1960 el presidente Adolfo López Mateos, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para adicionar el párrafo sexto del artículo 27 constitucional; en el que está inscrito desde 1917 el dominio inalienable e imprescriptible de la Nación sobre sus recursos naturales, para quedar como sigue:
“Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”. 
Electricidad y desarrollo nacional
Con el petróleo y su explotación y la industria eléctrica en manos de la Nación, se inició el llamado desarrollo estabilizador. Periodo durante el cual, a lo largo de 18 años, el crecimiento económico fue en promedio de un 6.7% anual, frente al 2.5% anual durante los 35 años del modelo neoliberal.
El llamado “Milagro Mexicano”, al que con ironía se refirieron destacados economistas mexicanos de aquel entonces, como Fernando Carmona y Alonso Aguilar, fue un periodo en el cual, si bien no se amarraban los perros con longaniza, hubo un crecimiento real de los salarios, es decir por arriba de la inflación y sin romper la lógica del desarrollo capitalista. La electricidad llegó a todos los rincones del país, a bajos precios, salvo a los pueblos indígenas que han sido siempre los olvidados de la tierra.
Los inicios de la privatización eléctrica
Sin embargo, en pocos años se inició un viraje en la conducción de la CFE que terminó convirtiéndola en un simple organismo público apoyador del proceso de acumulación capitalista a través de tarifas industriales y comerciales subsidiadas.
La desnaturalización de los propósitos iniciales de la CFE fue favorecida por el entronizamiento del charrismo sindical representado por Francisco Pérez Ríos, secretario general del SUTERM y la derrota de la Tendencia Democrática electricista encabezada por Rafael Galván a mediados de los años 70.
La historia posterior sobre la desnacionalización-privatización del sector eléctrico es ampliamente conocida.
A la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (1963) se le aplicó una política descapitalizadora, consistente en negarle presupuesto para inversión productiva, impedirle crecer en capacidad de generación y obligarla a comprar energía en bloque a CFE a precios por encima de las tarifas eléctricas vigentes.
Las consecuencias no se hicieron esperar, CLFC contrajo una deuda de más de 21 mil millones de pesos con CFE, prácticamente impagable. En lo que toca a LyFC (1994), con el mismo mecanismo descapitalizador, en pocos años fue colocada en quiebra técnica y finalmente sometida a un tortuoso proceso de extinción liquidación, que no ha concluido, pero que envió al desempleo a 44 mil trabajadores electricistas.
Corrupción y privatización caras de la misma moneda
En el marco de la negociación del TLCAN Salinas de Gortari puso la primera piedra privatizadora mediante una contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (1992) permitiendo la inversión de capital privado en la generación de electricidad; violentando la exclusividad de la Nación en la prestación del servicio público eléctrico, tal y como lo establecía el viejo párrafo sexto del artículo 27 constitucional, hecho añicos con la contrarreforma constitucional en materia energética de Peña Nieto de diciembre de 2013.
En virtud del proceso de privatización eléctrica, la corrupción terminó instalándose en la CFE, tanto en la compra de energía a las empresas eléctricas privadas, como en el contratismo para la realización de obras eléctricas; como lo ejemplifica el sonado caso de corrupción de Néstor Félix Moreno, Director de Operaciones y ahijado predilecto del Director General de la CFE Elías Ayub (1999-2011), quien fue acusado de recibir sobornos millonarios por el otorgamiento de contratos de la CFE a la empresa suiza ABB Ltd.
Electricidad al servicio del pueblo y la nación
58 años después la conmemoración de la nacionalización-mexicanización de la industria eléctrica no puede reducirse al desgastado ritual de los privatizadores neoliberales. Las lecciones de la historia están a la vista.
1.Su celebración implica rescatar el sentido original con el que nació la CFE:
“organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.”
2.Avanzar en su renacionalización es una necesidad imperiosa para para rescatar a México de la bancarrota a la que fue conducido por más de 35 años de neoliberalismo; fortaleciendo y ampliando su capacidad de generación hidroeléctrica propia; invirtiendo con recursos propios en la generación de fuentes renovables; revisando los contratos mal habidos entre la CFE y las empresas privadas; revisando una política tarifaria que no contribuye ni al desarrollo nacional ni al bienestar del pueblo.
3.Recuperar el sentido original de la nacionalización-mexicanización de la industria eléctrica en México significa igualmente restablecer el carácter de servicio público de la energía eléctrica, en tanto un derecho humano esencial en el mundo actual; como ya se perfila por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que no ha sido firmado por el Estado mexicano.
4.Desde esta perspectiva histórica e internacional, la demanda de millones de consumidores eléctricos domésticos, que reclaman el “borrón y cuenta nueva” y una tarifa eléctrica socialmente justa, frente a los abusos actuales de la CFE, tienen pleno fundamento y deben ser atendidas de inmediato.
Conmemorar el aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica es dar el primer paso para colocar la bandera blanca de la electrificación rural en los lugares más recónditos de México, comenzando con los pueblos indígenas.
En fin, como puede leerse, la historia no es una simple ordenación de fechas y personajes, y, si algo tenemos que aprender de sus lecciones es mirar de manera crítica la nefasta experiencia de 55 años de una industria eléctrica en manos privadas, que no contribuyeron al desarrollo de México, para poder avanzar en la renacionalización de un sector clave y estratégico para el desarrollo nacional.
Finalmente es inevitable referirnos a los miles de trabajadores electricistas, quienes después de casi 9 años reclaman justicia y trabajo, así como la desclasificación de los documentos secretos que encubren las irregularidades y la corrupción en el proceso de extinción liquidación de LyFC y en la negociación de la dirección del SME con la SEGOB.