Se analizan a detalle los resultados de las elecciones y la nueva geografía político electoral del país, centrada en el caso de San Luis Potosí

Por Federico Anaya Gallardo

Regeneración, 3 de Agosto de 2018. Regeneración, el periódico del movimiento, reprodujo el 12 de julio de 2018 un análisis detallado de los resultados electorales en Baja California. En el mismo proviene del blog del geógrafo Iván Martínez Zazueta, Geografía Septentrional.

Antes de detallar los resultados en el estado, el autor resume la victoria de la coalición Juntos Haremos Historia a nivel nacional: ganó ocho de cada diez municipios en disputa, dos de cada tres legislaturas y seis de cada diez gubernaturas.

Vistas las cosas así, no de balde se habla de una nueva hegemonía. Y no sería gratuito el temor de la élite educada a una “vuelta” del régimen autoritario (aunque esa restauración sea imposible). (https://geografiaseptentrional.wordpress.com/2018/07/12/cartografia-de-las-elecciones-2018-en-mexicali/)

Ahora me interesa destacar un aporte específico de Martínez Zazueta. 29 de las 32 entidades federativas renovaron sus legislaturas.

De las 29, en 17 obtuvo mayoría la alianza encabezada por Morena. Como sólo hubo 9 elecciones para gobernador, eso significa que los comicios de 2018 cambiaron el balance entre poderes ejecutivo y legislativo en varias entidades.

Así, ocho gobernadores priístas enfrentarán ahora legislaturas con mayoría de izquierdas (Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Colima, Sinaloa, Sonora, Guerrero y Oaxaca). En la misma situación se encontrarán los gobernadores panistas de Baja California Sur y Durango; así como el perredista Silvano Aureoles de Michoacán. Nos dice el geógrafo que “de ese tamaño fue la avalancha electoral lopezobradorista”.

En la lista de Martínez Zazueta faltan seis entidades. En Chiapas, Ciudad de México, Morelos y Veracruz no habrá “gobierno dividido” porque Juntos Haremos Historia ganó no sólo la legislatura, sino también la gubernatura.

¿Qué pasó en los otros dos estados? En Yucatán, el PAN (Mauricio Vila Dosal) ganó muy cerradamente la gubernatura con 39% de los votos contra 36% del PRI (Mauricio Sahuí), dejando al candidato de izquierdas (Joaquín Díaz Mena) en tercer lugar con sólo 20% de los sufragios.

Aún así, en Mérida habrá “gobierno dividido” porque el partido del gobernador será minoría. En la legislatura de 25 curules, la alianza encabezada por el PRI se quedó con 12 diputados (a un sólo curul de la mayoría simple) frente a sólo 9 diputados del frente encabezado por el PAN y 4 diputados de Morena (ni el PT ni el PES alcanzaron legisladores y podrían perder el registro estadual).

¿Estarían dispuestos los diputados de Morena a hacer alianza legislativa con los diputados del PAN, PRD y MC para darle al gobernador Vila Dosal una mayoría en el congreso? Visto desde la Ciudad de México y en teoría, suena difícil. Pero decía un práctico estadounidente que “toda política es política local”.

En San Luis Potosí vale la pena revisar el caso con más detalle y profundidad.

En el estado potosino no hubo elección para Gobernador en 2018. Juan Manuel Carreras López (PRI) fue electo en 2015 y debe seguir al frente del ejecutivo potosino hasta 2021. Importa detenernos en aquélla elección.

Hace tres años, al frente de una alianza PRI-PVEM-PANAL, Carreras ganó una cerrada elección con 36% de los votos en contra del PAN, cuya candidata (Sonia Mendoza Díaz) que se llevó 33% de los sufragios.

El tercer lugar, con 18% de la votación, correspondió a la alianza PRD-PT que contendió con Fernando Pérez Espinosa “Calolo” (un político priísta que en 2018 apoyó al PAN). Morena, que participaba por vez primera en las elecciones potosinas apenas se llevó un 4% y el PES llegó a sólo 1%.

La legislatura electa en 2015, y que está por concluir este verano, tenía 27 curules, de los cuales la alianza del gobernador Carreras tenía diez, el PAN ocho y el PRD-PT seis. Los tres diputados restantes eran uno de Morena, uno de MC y uno de un partido estadual (en realidad, familiar).

Esta legislatura no tuvo fórmulas claras para formar mayorías. Esto tuvo graves consecuencias, unas positivas y otras negativas.

Entre las pocas positivas ubico la renovación de la comisión de derechos humanos en 2017. La Ley de la CEDH exige una supermayoría de 2/3 de la totalidad de los diputados (18/27) para estos nombramientos –así que ningún grupo parlamentario tenía los números para elegir por sí mismo.

Fueron necesarias hasta cinco rondas de votación para terminar de conformar el consejo ciudadano. Para decidir sobre la presidencia, los legisladores optaron por un candidato de la burocracia del organismo que no causara problemas a ninguna de las fracciones parlamentarias.

Entre las negativas la más clara fue el escándalo de la “ecuación” denunciada por Crispín Ordaz, alcalde panista de Ébano (en la Huasteca), en el diario local Pulso.

En junio de 2017 un vídeo realizado por ese alcalde mostró a la sociedad cómo el presidente de la junta de coordinación política del congreso estadual, el también panista Enrique Flores Flores, explicaba al edil huasteco el “método” para eliminar observaciones por 40 millones de pesos que supuestamente se habían perdido en su administración.

La “ecuación” incluía funcionarios de la Auditoría Superior del Estado –ASE, el órgano fiscalizador del poder legislativo– y a diputados de todos los partidos políticos. El alcalde en problemas debía pagar un 10% de comisión para que desaparecieran los problemas. Flores, muy atento, explicó a su correligionario que aunque él mismo era parte de la ecuación, en el caso de Ébano él no cobraba –por los favores que el de Ébano le había hecho antes.

En resumen: los diputados de un partido facilitaban a los alcaldes de los otros partidos el “arreglo” de los problemas (reales o inventados por la misma “ecuación”) a cambio de un trato recíproco con sus propios alcaldes.

De este modo, se superaba la fragmentación mediante una fórmula que cubría (y fomentaba) la corrupción de todos los partidos a nivel municipal. Por supuesto, la sociedad potosina concluyó que el principal beneficiario de este tipo de arreglo era el PRD que controlaba los dos ayuntamientos de la zona metropolitana.

Porque sucede que la fragmentación de las fuerzas políticas en la legislatura potosina 2015-2018 se daba también en otros ámbitos.

La zona metropolitana del estado (que reúne a casi la mitad del electorado estadual), está formada por los municipios de San Luis Potosí al occidente y Soledad de Graciano Sánchez al oriente.

En esta gran ciudad surgió, en la última década, un liderazgo de izquierdas en la persona de Ricardo Gallardo Juárez –quien gobernó Soledad de 2009 a 2012 bajo la bandera del PRD. Su hijo, Ricardo Gallardo Cardona, fue electo para sucederle allí mismo de 2012 a 2015. El padre trató de ganar el ayuntamiento de San Luis Potosí para este último periodo, sin éxito.

Las administraciones municipales gallardistas en Soledad fueron muy exitosas, pese al corporativismo ramplón y violento con el cual instrumentaron sus programas sociales. Los Gallardo se presentaron como los primeros políticos profesionales en preocuparse por los estratos populares, un hecho vergonzosamente cierto.

En 2015 este posicionamiento les había hecho amos del PRD y buscaron postular a Ricardo Junior como candidato de la Izquierda a gobernador.

Fue necesaria una acusación federal por delinciuencia organizada, un oportuno arresto y un proceso radicado en Sinaloa para sacar al joven Gallardo de la contienda. El padre negoció, apechugó con la eliminación temporal de su vástago y se postuló él mismo, por segunda ocasión, para la alcaldía de San Luis Potosí.

Ricardo Senior (PRD-PT) ganó con los votos de los barrios populares, entusiasmados por la perspectiva de que los programas gallardistas se implementaran también en el occidente del área metropolitana.

Estos barrios populares, sin embargo, no votaron por el candidato a gobernador del PRD-PT (“Calolo”), sino por Carreras. El círculo rojo potosino señaló que había habido un pacto entre el gallardismo y el candidato del PRI. (https://labrecha.me/?p=60787 y http://pulsoslp.com.mx/opinion/que-paso-el-7-de-junio/)

Quid-pro-quo: los diez diputados (PRI-PVEM-PANAL) tenían todos los incentivos para colaborar en la legislatura con los seis perredistas-petistas (juntos formaban una mayoría simple de la asamblea). Esto aseguró la impunidad de la administración municipal gallardista en la capital, pese a que desde muy pronto se hicieron multitud de denuncias por corrupción.

(Sobre esto puede googlearse el caso de la millonaria compra de medicinas a sobreprecio a una evanescente Sandra Sánchez Ruiz en la prensa potosina.) La ecuación del panista Flores Flores generalizó la impunidad a todos los ayuntamientos –y corrompió hasta la médula el órgano fiscalizador del congreso estadual (los diputados se repartían recomendaciones para colocar amigos, familiares y hasta a sus suplentes en la ASE).

Cuando el de Ébano se decidió a publicar el vídeo con la explicación-confesión de Flores Flores en 2017, todas las sociedades civiles potosinas –de por sí molestas por el ambiente de corrupción impune– se mobilizaron.

Organizaciones juveniles, empresarios, académicos progresistas y hasta el arzobispado católico se manifestaron en los medios locales. Casi de inmediato los diputados del PAN, PRI y PRD involucrados pidieron licencia y luego hizo lo mismo uno del PVEM.

El 21 de junio de 2017, en la ciudad huasteca de Valles, la ciudadanía impidió una sesión de la legislatura al grito de “¡estos son, estos son, los que roban la Nación!”

Eventualmente, la legislatura aceptó una de las exigencias de la ciudadanía: abolir el fuero estadual para todos los funcionarios. Pero, de nuevo, había doblez: la abolición no afectaba a los legisladores acusados en la “ecuación” –por aquéllo de la no-retroactividad. Peor: el legislador del partido estadual (y familiar) Conciencia Pupular, Óscar Vera Fabregat –quien fuera en los 1980’s procurador general de justicia potosino– amenazó con procesar a los huastecos que habían abortado la sesión legislativa. (https://regeneracion.mx/corrupcion-en-la-legislatura-potosina-las-licencias-no-bastan-que-hacer/)

Regresemos a 2018. De las 27 curules del congreso potosino, la ola popular obradorista dió a Morena seis diputaciones en total (22% del congreso). Uniendo sus votos con los de sus aliados en Juntos Haremos Historia (dos del PT y uno del PES), se reúnen nueve legisladores (33%).

Frente a ellos se encontrarán dos agrupaciones grandes: seis panistas (22%) y cinco priístas (18%). Como el frente nacional encabezado por el panista Anaya Cortés no se reprodujo en tierras potosinas, el PAN compitió por la alcaldía de la capital acompañado sólo por el MC –que tiene un diputado en la legislatura.

Si los legisladores del PAN y MC mantienen su coalición en los siguientes tres años, su bancada es mayor que la de Morena. Para el PAN es más fácil sumar a un diputado que lo que será para Morena asegurar la lealtad de tres. Como las clases sociales existen, no será de extrañar que los cinco priístas se alineen con el PAN-MC.

Hay seis diputados que pueden comportarse como “clérigos vagos” o como representantes de los poderes fácticos y corruptos. Hay dos diputados del PVEM y uno del PANAL que podrían estar ligados a la “ecuación” corrupta o podrían buscar un arreglo de ese estilo. Los dos del PRD seguramente seguirán defendiendo el gallardismo: Ricardo Junior ganó una curul federal con 41 % de los votos y un agente suyo gobernará el municipio de Soledad.

Es previsible un ataque al gallardismo de parte de los panistas, quienes apoyaron al nieto del Doctor Nava en el municipio de San Luis precisamente en contexto de una cruzada contra la corrupción gallardista.

La bancada de Morena debe estar vigilante para evitar que se repitan esquemas como la “ecuación” descubierta en 2017. Así que, en teoría, y en el tema de la corrupción, debería tejerse un frente legislativo entre la Izquierda y el navismo. Sumarían hasta 16 legisladores –más que suficientes para asegurar una limpia seria de la Auditoría Superior del Estado.

Sin embargo, en los manejos parlamentarios importan oficio y malas mañas. Frente a los diputados bisoños y populares de Morena-PT-PES encontramos a diputadas como Sonia Mendoza Díaz, senadora saliente y la candidata a gobernadora del PAN en 2015. Por último, seguirá en los pasillos legislativos Óscar Vera Fabregat, el exprocurador que denunció penalmente en 2017 a la ciudadanía que protestó contra la corrupción, pues se ha reelecto por la vía plurinominal (antes de la reelección, alternaba en la curul con su hijo mayor). Se teme, y con razón, que estos “pesos pesados” terminen por anular a los diputados populares electos el 1 de julio.

El racismo que personal de la burocracia legislativa manifestó en contra de El Mijis hace unas semanas indica que los asesores permanentes del congreso coadyuvarían en esa anulación. El atentado que este diputado popular ha sufrido recientemente también es ominoso.

Importa estar atentos y recordar, desde las organizaciones sociales y civiles, que a las diputadas y diputados no se les elige para luego dejarlos solos en la cámara del congreso. Hay que empujarles, acompañarles, vigilarles. Y también protegerles.