Lanzados al vacío de una Peña de más de 80 metros de altura o bien intoxicados y luego arrojados a un pozo para no poder nadar, acribillados por un pelotón para sufrir muerte instantánea o siendo atados de pies y manos con alambres hasta que murieran de hambre, son algunas de las formas en las que el Ejército Mexicano ejecutó a campesinos hidalguenses, además de violar a un gran número de mujeres indígenas, sin que a la fecha exista la más mínima intención de que se haga justicia

 

 

Por Juan Ricardo Montoya 

Regeneración, 18 de julio de 2018. Entre los años 1965 y 1980 el extinto sacerdote y luchador social José Barón Larios, con ayuda de «reporteros indígenas», documentó alrededor de 300 asesinatos durante la llamada Guerra Sucia perpetrada en la Huasteca hidalguense a consecuencia de la regularización de las tierras emprendida en esa época por el gobierno federal, así como la búsqueda del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, las cuales terminaron en actos represivos  que arrojaron  un gran número de asesinatos de campesinos a manos de soldados del Ejército Mexicano y Guardias Blancas al servicio de terratenientes en complicidad con autoridades de municipios de la región.

Todos esos casos quedaron registrados en un voluminoso expediente integrado por testimonios redactados por los campesinos de diversas comunidades huastecas, mismos donde se relatan asesinatos, saqueos e  irrupciones del ejército a comunidades indígenas, el cual en 1980 fue enviado al Tribunal Russell de Holanda con el fin de lograr que los autores de esos crímenes  fueran juzgados y denunciados por una instancia legal internacional, ya que en México eran protegidos tanto por el presidente José López Portillo  como por el entonces gobernador de Hidalgo Jorge Rojo Lugo.

En el expediente integrado por tres tomos y del que este reportero tiene una copia, aparecen nombres tales como José Fayad Orozco, Tomás Herbert, Efraín Zuñiga, Edilberto Austria, todos ellos terratenientes  y expresidentes municipales de ayuntamientos de la huasteca, señalados como autores y cómplices de la represión.

Los escritos en los que se narran las masacres, saqueos, y violaciones a mujeres  perpetradas por los grupos paramilitares, fueron escritos por testigos presenciales, todos ellos indígenas y campesinos a los que previamente y con apoyo del  Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) presidido en ese entonces por el activista José Álvarez Icaza se les enseñó además de leer y escribir también  a redactar para que narrarán con objetividad todas aquellas irrupciones de las Guardias Blancas y del ejército en las comunidades.

 

Anales de la muerte

Entre los escalofriantes testimonios de las masacres narradas por los campesinos, algunos de ellos mecanografiados y otros más manuscritos, destaca el fechado el 24 de noviembre de 1979 en el que se relata el asesinato de un campesino y el secuestro de otros tres del poblado de Tenexapa Comala, anexo al ejido de San Francisco del municipio de Huazalingo, perpetrado según el documento por miembros de la familia Austria y de Efraín Zuñiga.

«Como los compañeros campesinos se encontraban trabajando (se repartían el maíz cosechado en la milpa colectiva) ahí mismo los pistoleros y sus padrinos aprovecharon para balacear a los compañeros siendo alcanzados por las balas uno de ellos. Herido lo aprehendieron, lo llevaron a una peña, lo acribillaron y luego lo despeñaron de una altura aproximada a los 80 metros».

Otro relato no menos perturbador fue el redactado el 1 de marzo de 1980 en la ranchería de Ecuatitla, comunidad adscrita a Huejutla de Reyes:

«Hoy a las 5:00 horas entraron el Ejército y la Judicial ayudados por pistoleros a la comunidad de Ecuatitla y a la de Mesa de Limantilla, ambas del municipio de Huejutla, reprimiendo brutalmente a nuestros hermanos campesinos. El Ejército respaldaba a los judiciales y a los pistoleros de los caciques regionales Efraín Zuñiga, Emilia Badillo, y la familia Austria».
Entre las personas armadas destacan también los nombres de Juan Rodríguez, Fausto Hernández, Evodio Austria, Margarito Andrade, Elfego Badillo, Aristeo Badillo, Alejandro Jiménez, «todos ellos enmascarados y de uniforme».

Los miembros de las Guardias Blancas vestidos de militares y respaldados por el Ejército mexicano y la Policía Judicial «en cuanto entraron a la comunidad golpearon de manera inmisericorde a los campesinos y arrastraron a mujeres y niños. Para catear las casas echaban fuera a las personas».

«Obligaron a un compañero a ingerir pastillas y lo echaron luego a un pozo. Este campesino se encuentra muy grave; (mientras lo hacían) intentaron violar a las compañeras campesinas jóvenes», dice otra parte del informe.

Emilio Álvarez Icaza por su parte también elaboró diversos reportes verificados de actos represivos contra los indígenas los cuales aglutinó en su informe titulado «Estas cosas pasaron en Hidalgo en 1974», y el cual ha permanecido inédito desde hace más de 40 años.

En ese informe reveló que el 12 de febrero de ese año «llegaron a Tenamaztepec, procedentes de Xochiatipan, Hidalgo, los cuatelolome o soldados. El objetivo de los militares, explica Álvarez Icaza, era iniciar una intensa búsqueda de Lucio Cabañas en las partes más remotas e inaccesibles de la Huasteca hidalguense. Aunque al inicio de su «entrada triunfal» los cuatelolome maltrataron a los indígenas, los actos de represión no se hicieron esperar. «El 9 de agosto del mismo año arriban a Crisolco (terreno de una Ex Hacienda próxima a los ejidos mencionados) y golpearon a cinco campesinos de Xóchitl (poblado del municipio de Yahualica) que por ahí hacían sus labores de campo».

«Estos militares -prosigue Álvarez Icaza- al día siguiente llegaron a Tenamaztepec, golpearon al juez del poblado, lo condujeron a El Arenal, Yahualica, y lo encarcelaron. Durante su estancia en la cárcel de El Arenal lo llevaban al río y atado lo sumergían en el agua para que confesara dónde estaban los guerrilleros de Lucio Cabañas. La tortura no dio los resultados apetecidos por los «sorchos» -otra forma en que los indígenas llamaban a los militares».

Conscientes de que para los indígenas el atado de pies y manos es una de las peores ofensas, los «cuatelolome» nunca dudaron en emplear esta práctica para humillarlos. Cansados de los asesinatos, violaciones de sus mujeres e hijas, incendios y saqueos de sus casas y sembradíos a manos de los cuatelolome, los campesinos e indígenas en algunas ocasiones llegaron a repeles los ataques lo cual sumió a la Huasteca Hidalguense y a la Veracruzana en una verdadera guerra civil.

«Un viernes en el atardecer del mes de agosto de 1974 en una acción sorpresiva fueron emboscados 32 soldados, mismos que murieron», relata Álvarez Icaza. «Los soldados culparon de la masacre a un humilde campesino al que nombraban Villa y a su hija. Los aprehendieron en Xoxolpa y los llevaron a Tenamaztepec, cuya capilla quedó convertida en panteón. Los tuvieron en el templo de las diez de la mañana de un día hasta el amanecer del siguiente en que los llevaron a la muerte».

«Villa durante todo el tiempo de su cautiverio, estuvo atado de las manos mediante un alambre que se les atravesaba. No les dieron de comer ni los dejaron saciar su sed. En la iglesia estaban también amarrados y golpeados otros campesinos «. Ambos fueron fusilados, Villa en la capilla y su hija en el panteón de Tenamaztepec.

Pero no sólo los indígenas fueron objeto de la represión del ejercito; los mismos sacerdotes identificados con la Teología de la Liberación sufrieron agresiones de los militares.

«Uno de esos días aciagos en el camino que va de Yapitzan, del municipio de Tianguistengo a Santa Teresa, Yahualica, Hidalgo, (soldados del) «glorioso» Ejercito Mexicano, comandados por un tal coronel Magaña culetearon a un sacerdote de Yatipan, perteneciente a la Diócesis de Huejutla» por no apearse al caballo en el que se transportaba a la velocidad que querían los uniformados.

El número de soldados enviados a la Huasteca por el entonces presidente Luis Echeverría era enorme. «Lo que sigue tal vez de una idea del número de militares destacados en la zona durante esos días difíciles: de Xoxolpa a Santa Teresa había un soldado cada diez metros aproximadamente; a lo largo del camino, mil 440 militares serían ya que el trayecto que media entre las dos poblaciones es de dos horas a caballo».

El 25 de diciembre de 1975, el «Equipo Tlanelmoquetl» dedicado a la defensa de los indígenas e integrado por 25 sacerdotes y civiles de la Huasteca firmaron una carta en la que se denunciaban los asesinatos de al menos diez campesinos a manos del ejército, así como un número indeterminado de heridos y encarcelados .

 

Caciques y homicidas

«Se acusa de violaciones a los Derechos Humanos de los indígenas a los caciques y latifundistas de la Huasteca hidalguense, a las autoridades corruptas, a miembros del Ejército mexicano y a miembros de la Policía Judicial destacados en la región que han matado, encarcelado, violado, robado y torturado» dice en su parte inicial el primero de los tres tomos que conforman el expediente enviado al Tribunal Russell en 1980 al que tuvo acceso en exclusiva este reportero.

Rubén Meneses, en ese entonces teniente coronel de la XVIII Zona Militar, el general Manuel Díaz Escobar, del Cuartel de Huejutla , los exalcaldes de ese mismo municipio Efraín Zúñiga Rodríguez y José Fayad Orozco al igual que otros terratenientes como Tomás Herbert, Emilio Badillo, Felipe Cisneros, y Edilberto Austria, son algunos de los supuestos homicidas señalados por Barón Larios y otros sacerdotes  en el informe al Tribunal Russell.

Además del padre José Barón Larios, en la lista de denunciantes se encuentran Nicolás Flores Diego y Juan Antonio Lara, en ese entonces (1980) presidente y secretario del Comisariado Ejidal del municipio de Atlapexco, respectivamente, así como Pedro Hernández expresidente del Comisariado Ejidal del poblado de Tenexco I, adscrito también a Atlapexco así como Rodrigo Medellín coordinador en aquel entonces de la Comisión de Investigación Científica, Asesoría y Apoyo Técnico del Comité Promotor de Investigaciones para el Desarrollo Rural (Copider).

 

Más de 40 años de impunidad

No se sabe a ciencia cierta cuál fue el resolutivo del Tribunal Russell. En los documentos del padre Larios que permanecen resguardados en la casa que habitó en el poblado de Macuxtepetla, municipio de Huejutla, no hay ninguna misiva ni carta del tribunal sobre el fallo que se emitió por estas acusaciones. Hasta el día de su muerte, ocurrida el 1 de mayo de 2013 el padre José Barón Larios exigió el proceso penal correspondiente y castigo contra quienes acusó de asesinos y represores. A pesar casi cuatro décadas de estos actos regresivos, ninguno pisó la cárcel.

«En memoria del padre José Barón Larios, quien entregó su vida a la protección de los indígenas y quien antes de morir fue generoso al prestar sus informes a este reportero para dar a conocer la Guerra Sucia del Estado Mexicano en los años 60,70 y 80 en la Huasteca hidalguense».

 

Fotos: Ricardo Montoya