En Zacatecas, ejidatarios denuncian agresiones y presión por parte del gobierno para que acepten dar su tierras a la presa Milpillas. Anulan asamblea
Regeneración, 10 de agosto del 2018. Ejidatarios de Zacatecas, junto con organismos civiles opositores a la minería, denunciaron presiones y agresiones por parte del gobierno estatal para que acepten afectaciones en sus tierras para la presa Milpillas.
Relatoría de la red de afectados por la minería (REMA)
Bajo un ambiente pleno de intimidación, tal como lo expresaron algunos ejidatarios y pobladores del Potrero, Jiménez del Teúl, Zacatecas, el 03 de agosto de 2018 a las 12:00 del día se llevó a cabo la asamblea en segunda convocatoria para someter a consideración la autorización para celebrar el convenio de ocupación previa con el gobierno del estado de Zacatecas.
Dicho convenio involucra 126 hectáreas de terrenos de uso común para la construcción de camino de acceso, acueducto y área de inundación, por la edificación de la presa Milpillas.
Otro de los objetivos de la reunión, desde el punto de vista del gobierno, era dar el permiso para que una empresa contratista realice el trámite de cambio de uso de suelo por el motivo del convenio ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Cabe mencionar que dicho convenio se «encuentra anulado por violaciones a los derechos agrarios y falta de información de fondo sobre el proyecto», según informó REMA.
Muchos funcionarios, mentiras y agresiones en contra de los ejidatarios.
En su relatoría los ejidatarios inconformes señalan que:
Cuando arribamos al recinto donde se celebraba dicha asamblea, nos percatamos de la presencia de autoridades de diferentes dependencias estatales y federales, entre ellas, la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), además de un individuo llamado Héctor Berúmen, quien se presentó como ciudadano de Guadalupe, Zacatecas.
El arribo de estos representantes de gobierno era para intimidar y presionar a los ejidatarios para que firmaran dicho convenio de ocupación previa sin ningún contratiempo.
Francisco Godoy Cortés, delegado federal B de la Procuraduría Agraria, manifestaba en tono grosero y altanero que él estaba ahí para “defender los derechos de los ejidatarios”; sin embargo, su actitud evidenció lo que siempre pasa en este tipo de encuentros, pues los funcionarios creen que las personas de las comunidades son ignorantes, que no piensan y que ese tipo de reuniones sólo son un trámite para obtener los objetivos desarrollistas y de despojo que se fijan los gobiernos.
También, el referido Berúmen, quien dijo ser una persona “preocupada por la falta de agua” en la zona metropolitana del centro del estado en primera instancia, habló sin embargo de forma prepotente cuando pretendía exponer a los asistentes en qué consistía el posible convenio y sus supuestos beneficios.
En todo momento se negó la posibilidad de una afectación como efecto del pretendido convenio, no se mencionó el riesgo económico y ambiental que implica, mucho menos el despojo y desplazamiento forzados, obviamente sólo se expresaban las “bondades” del “desarrollo” y el “progreso”, una impostura de escenarios ficticios donde el megaproyecto hidráulico sólo dejaría bienestar en los alrededores.
Se les ofrecían 6 mil pesos por hectárea, resultado del supuesto avalúo oficial que marcó una empresa acreditada según mencionaron, además de otros 6 mil pesos por “indemnización” que el gobierno iba a agregar, en total eran 12 mil pesos, más pretendidas ganancias adicionales por mano de obra, suministro de materiales que el ejido puede vender y la organización de imaginadas cooperativas o entrega de presuntos proyectos productivos.
En general, parecía como si esto fuese una carrera de tiempo, un mandato a cumplir de forma rápida ordenado por el gobernador Alejandro Tello.
Pretenden que el proyecto comience su construcción lo antes posible, y por eso no sólo mostraban esa actitud de soberbia y prepotencia, sino una evidente disposición a ignorar y descalificar la perspectiva de los pobladores locales.
Al principio la mayoría de ejidatarios estaban en favor de aceptar el permiso y firmar el convenio, pero había un grupo importante que se negaba y alentaba a los compañeros para que pensaran realmente la situación, pues el dinero ofrecido no corresponde al valor real de las tierras, ni en términos económicos y mucho menos en lo que éstas representan.
Se le cuestionó al presidente del comisariado su prisa por acceder a rentar las tierras, también se mencionó que el martes 31 de julio dos ejidatarios, acompañados del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac), acudieron al Registro Agrario Nacional (RAN) en la capital del estado y se percataron de la existencia de un acta que se había inscrito supuestamente avalando con firmas una autorización ficticia para usufructo del territorio, siendo evidentemente un documento sin validez oficial, y respecto a lo cual se le reclamó al presidente del comisariado esa forma de actuar y él mismo, Fidel Domínguez, aceptó en pleno que había violado los derechos ejidales y la ley agraria, e incluso se disculpó.
Poco a poco, la presión ejercida a los ejidatarios por las irregularidades, el hostigamiento, las amenazas, y porque los funcionarios aseguraban que si no firmaban el convenio igual la presa se iba a hacer, generó dudas en la mayoría de los participantes, cuando el referido Fidel Domínguez agredió físicamente a un miembro del OCMZA A.C.
Cabe señalar, que los mismos ejidatarios inconformes y opositores al megaproyecto fueron quienes habían solicitado el apoyo de dicha organización, y ya en el evento, se suscitó esa agresión, muestra de la desesperación por obtener la firma del convenio sin previa información precisa ni completa.
Ya con el ánimo encendido, entre los ejidatarios se propuso la anulación de la asamblea porque consideraban que no había un sustento fuerte para tomar una decisión en ese momento, y sentían que era más una imposición que una petición, además de evidenciarse las violaciones a los derechos agrarios antes mencionadas.
De igual forma, se cuestionó que las magnitudes de la presa (19 ejidos impactados por una capacidad de 65 millones de m3 y un acueducto de más de 160 km) podían provocar daños en la forma de vida campesina que por generaciones han mantenido, y que les ha permitido subsistir en un territorio con una riqueza natural y panorámica inigualable.
Al final, mediante votación se anuló la asamblea, con 18 votos a favor y 10 en contra, haciendo evidente que lo manifestado por el gobernador del estado Alejandro Tello y otros miembros de su gobierno, respecto a que se trataba de un mero trámite para iniciar la edificación de la pretendida presa, es una vil mentira.
Los ejidatarios y los ciudadanos no quieren presa: quieren agua y tranquilidad. No están de acuerdo que se vulnere con agresiones, prepotencia e imposición su forma de vivir, no están dispuestos a entregar sus tierras, que como bien dijeron son una herencia de la Revolución, tanta sangre costó para ahora entregarlas.
El territorio se defiende en la medida que se le quiere, como dijo don Roberto de la Rosa, y así, se rechazó la iniciativa presentada por el comisariado ejidal y demás dependencias gubernamentales, dejando claro que el agua era para la iniciativa privada.
Desde el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OMZac), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y desde el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), denunciamos y llamamos al gobierno del Estado a reconocer y respetar la libre determinación de los ejidatarios y ciudadanos del Potrero, así como de los demás ejidos y comunidades aledañas que no quieren que el megaproyecto Milpillas se realice, ante las consecuencias fatales previsibles que se pueden presentar en términos económicos, ambientales y sociales.
