Por: Bernardo Bátiz V. | La Jornada
Por algún tiempo, mientras el pueblo remueve a sus malos representantes que lo traicionaron, dejará de celebrarse la expropiación petrolera los días 18 de marzo, en recuerdo del acto patriótico y oportuno llevado a cabo por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938; ahora, y por poco tiempo, podrán, quienes aprobaron lo contrario, celebrar el día del despojo o de la apropiación petrolera, ya que sin consultar al soberano, que es el pueblo, decidieron beneficiar a grandes empresas trasnacionales, abriendo las puertas de nuestra riqueza petrolera en su beneficio.
No hay justificación alguna para el atropello a la nación que llevaron a cabo; la mayoría del pueblo así lo ve y por eso se negaron a una consulta previa; también lo ven así, la mayoría de expertos, petroleros, economistas, ingenieros especializados, juristas, técnicos conocedores de la industria, y por eso se sustituyó un indispensable debate sobre el tema, por una vacía y excesivamente cara campaña publicitaria que a nadie ha engañado.
Para pretender justificar la acción reprobable, que ya ha sido denunciada como traición a la patria, se ha usado y abusado, sin éxito, de un discurso hueco y mentiroso, que sólo se creen los que lo pronuncian ante cámaras y micrófonos, y quizás quienes arrastran el lápiz para redactar lo que el titular del Ejecutivo lee lo mejor que puede ante la televisión.
Se ha dicho falsamente que, a pesar de las reformas, el Estado seguirá siendo el único dueño de reservas, renta petrolera y Pemex. Si esto fuera así, ¿para qué modificaron la Constitución y sustrajeron al petróleo de la lista de áreas estratégicas de la economía? Para que el Estado siguiera siendo único dueño de reservas y renta petrolera, no necesitaban deformar, como lo hicieron, el capítulo económico de la Carta Magna.
Las reservas se encuentran en yacimientos en tierra o en el fondo del mar; son de la nación, pero al dejar de ser exclusivas, podrán ser extraídas por las empresas beneficiarias de contratos y concesiones, y ellas extraerán todo el petróleo que puedan con el único interés de las ganancias; las empresas no tienen patria, ni arraigo, ni conciencia ecológica, sólo pretenden utilidades, muchas y pronto.
Para lograr este cambio inicuo y contrario al interés nacional, quienes lo promovieron y ejecutaron pisotearon principios básicos de nuestra Constitución.
Con el Pacto por México abolieron de hecho la división de poderes que exige independencia del Legislativo frente al Ejecutivo y busca equilibrar y limitar recíprocamente facultades de los tres poderes. Los agrupados en el pacto violaron el principio constitucional de que no se pueden reunir dos poderes en una sola persona o corporación.
Se atropelló el principio de representación nacional, ya que no se escuchó al pueblo de México, que manifestó de diversas maneras su reprobación a la apropiación del petróleo; lo hizo mediante mítines multitudinarios, marchas, cercos al Senado y a la Cámara, mensajes en las redes sociales, abucheos a funcionarios y en otras mil formas. Los legisladores debieron atender el clamor. Son representantes de la nación, no del Ejecutivo ni de ese engendro llamado Pacto por México.
Se pasó por encima de decisiones políticas fundamentales; lo que se aprobó en forma tramposa a finales del año pasado, el cambio del estatus jurídico de los energéticos, va en contra de una decisión política fundamental de gran arraigo en la historia y en la conciencia del pueblo, una modificación de ese tamaño y trascendencia no puede estar en manos del poder revisor de la Constitución, que es un poder constituido, está reservada al soberano, que es el pueblo y, por tanto, el único con facultad de decidir sobre cuestiones esenciales del pacto constitucional.
Desde que México era la Nueva España, la legislación de entonces determinaba que la propiedad eminente de todo el territorio, incluidos el subsuelo, los minerales, yacimientos de todo tipo y todo lo que en él se encontrara, pertenecía al soberano, que era entonces el monarca español. Cuando México se independizó, ese derecho de propiedad eminente, pasó al nuevo soberano, que es el pueblo; la Constitución de 1917 confirmó esta doctrina de derecho constitucional y derecho internacional, en forma expresa, lo que permitió la expropiación petrolera de 1938 y la nacionalización de la industria eléctrica en tiempo posterior.
Con las reformas con las que se inaugura la nueva efeméride de la apropiación petrolera se violaron los principios de división de poderes, de representación nacional y de respeto a las decisiones políticas fundamentales; por esos motivos la apropiación debe revocarse, sí de momento no ha sido posible hacerlo, el pueblo de México lo hará en cuanto esté en su mano corregir el atropello. Quedan advertidos quienes se aprestan a enajenar nuestros recursos energéticos y los que ya se frotan las manos por que piensan que los van a adquirir.