El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles es investigado por la FGR quien ordenó una orden de aprehensión en su contra y la de otro colaboradores.
RegeneraciónMx, 2 de marzo de 2025.- Las operaciones irregulares de arrendamiento, mantenimiento y compra de siete cuarteles policiacos en Michoacán, aprobadas entre 2016 y 2021 por el exgobernador Silvano Aureoles, generaron un perjuicio económico superior a 3,400 millones de pesos.
Durante una audiencia en los juzgados de procesos penales federales del Reclusorio Oriente, se estableció que dichas transacciones, calificadas como «sumamente inexplicables e irracionales» por la Fiscalía General de la República (FGR), fueron autorizadas por el exmandatario estatal.
En la diligencia judicial se encuentran cuatro exfuncionarios de la administración perredista de Aureoles, quienes escucharon la exposición de los presuntos delitos, entre ellos peculado, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
Los cuarteles implicados se localizan en Huetamo, Jiquilpan, Apatzingán, Coalcomán, Uruapan, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas. La Fiscalía determinó que el daño patrimonial derivado de la operación alcanza los 3,412 millones 165,310 pesos.
Se prevé que la audiencia continúe por un lapso de entre cuatro y seis horas más, antes de determinar nuevas medidas procesales para los imputados.
El destino de los colaboradores de Silvano Aureoles
La jueza Patricia Sánchez Nava, del Reclusorio Norte, impuso prisión preventiva justificada a Carlos Maldonado Mendoza, Mario Delgado Murillo, Elizabeth Villegas Pineda y Antonio Bernal Bustamante por los delitos mencionados anteriormente.
En la audiencia, que se prolongó 18 horas y solo permitió la entrada de un medio televisivo y La Jornada, se estableció que Villegas Pineda y Maldonado Mendoza serán recluidos en Santa Martha.
Delgado Murillo y Bernal Bustamante permanecerán en el Reclusorio Oriente. La audiencia inicial continuará el jueves, cuando se definirá la situación jurídica de los acusados.
Los cuatro exfuncionarios solicitaron duplicidad del plazo constitucional, por lo que la resolución de su estatus legal podría darse hasta el fin de semana.
La jueza dictó un receso para analizar las medidas cautelares que se aplicarán. La defensa intentó retrasar el proceso alegando problemas de salud en uno de los imputados, pero el examen médico descartó complicaciones.
Síguenos en nuestro canal de YouTube también
