El movimiento ambientalista de Baja California Sur recibirá a AMLO como presidente electo con tambores para expresar el rechazo social a la minería tóxica
Regeneración, 16 de septiembre del 2018. Ambientalistas de Baja California Sur llamaron acudirán al kiosko del malecón «a decirle a AMLO que no aceptamos ningún megaproyecto minero sobre nuestras sierras y acuíferos (Los Cardones, La Pitaya, Picacho Blanco, La Testera, etc.), ni en el mar (Don Diego)».
Los ambientalistas realizarán la movilización en el malecón de La Paz, a partir de las cinco de la tarde y se expresarán también por medio de tambores y carteles.
«Baja California Sur, en férrea lucha contra instalación de mina “Los cardones”. TODOS SANTOS (situado 25 Kms, del lugar) sería uno de los mas afectados. En resistencia desde hace 10 años»
https://www.facebook.com/ElOrganismo/videos/1776907612615294/
Justo el 12 de septiembre pasados se cumplen cuatro años de la firma del Pacto de Todos Santos contra megaminería y por defensa ambiental en BCS.
La oposición social a la megaminería tóxica lo mismo proviene de empresarios o del sector productivo, que de la academia y de un conjunto de organizaciones de base que, entre otros, defienden la Sierra de la Laguna o el lecho del fondo del mar contra la megaminería.
«Nos oponemos, y nos opondremos con todas las acciones necesarias, tanto legales, como de desobediencia y resistencia civil pacífica, a la instalación de megaproyectos mineros en esta región», es el punto de partida del pacto.
El segundo aspecto abordado en el pacto es el papel que deben cumplir las autoridades ambientales:
«Denunciamos ante la opinión pública a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y a sus directivos, por violar la ley al incumplir con su función y razón de ser, que es “impulsar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales de México, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable”.
Además se repudian las aprobaciones al proyecto minero Los Cardones:
«3. Repudiamos el ilegal resolutivo aprobatorio del proyecto minero “Los Cardones”, pues este resolutivo transgrede el marco legal y normativo, priorizando el poder y el negocio por encima de la salud, el agua y la vida misma de los habitantes de nuestros municipios. Y aunque argumenten que dicho resolutivo se encuentra condicionado a una serie de estudios adicionales».
«No lo aceptamos, ni permitimos semejante agresión, porque el agua, la vida y la Sierra de La Laguna no son negociables», subrayaron.
Cobra relevancia el posicionamiento ambientalista hacia los representantes populares tras la ola Morena, que transformó el escenario político del país.
Se colige que manifestarán ante el presidente electo, tal como lo han hecho con todos los candidatos a cargo de elección popular, la exigencia de que se expresen públicamente, contra la megaminería tóxica.
«Exigimos a todos nuestros representantes populares, locales y federales, que se manifiesten públicamente en contra de la mega minería tóxica y lleven a cabo las diligencias necesarias para la cancelación de las concesiones mineras en nuestros municipios», según se dice en el punto 4 de histórico pacto.
Y es que los ambientalistas de Baja California Sur no se andan por las ramas, sino que son muy directos al llamar a repudiar y combatir a los representantes que omitan el mandato popular en defensa del medio ambiente:
Además se puntualiza que «los representantes que no lo hagan, evadan o traten de ignorar este mandato, serán demandados, así como repudiados, pues apoyar la instalación de proyectos de minería o mantenerse pasivos, desde una representación popular, no solo no refleja nuestra voluntad como mandantes de dicha representación, sino que atenta contra nuestra salud e integridad».
Los firmantes del Pacto de Todos Santos, se propusieron y así lo hicieron en las elecciones pasadas que los aspirantes a cargos de elección se posicionaran públicamente en torno a la megaminería tóxica:
«Todo aspirante a puesto de elección popular tendrá que posicionarse oficialmente y ante notario público, en contra de los megaproyectos de minería tóxica, so pena de que la ciudadanía del sur de nuestro estado lo repudie y lo abandone en sus aspiraciones políticas».
Minería Non Grata
«Todo individuo, organización, autoridad, institución (pública o no), empresa y/o corporación (nacional o extranjera) que se apersone en esta región intentando establecer megaproyectos de minería tóxica o declarándose a favor de los mismos, será repudiada y declarada públicamente “persona non grata”, punto sexto del pacto.
Cruzada nacional contra los depredadores
Así, desde hace cuatro años indicaron saber «de la profunda necesidad de articular nuestra lucha ciudadana con los distintos movimientos contra la megaminería tóxica que se desarrollan en muchos lugares del territorio de la Nación Mexicana».
«Pues esta no es una lucha local sino una cruzada nacional contra depredadoras corporaciones transnacionales y nacionales, poderes fácticos, gobiernos cómplices y leyes tramposas», según se puede leer en dicho documento.
Precisan «una cruzada nacional que debe culminar, como mínimo, con la derogación de la Ley Minera de 1992, origen de toda la problemática minera actual».
Las exigencias al gobierno
AMLO en La Paz, será recibido por una ciudadanía que exige «acatar el Mandato Ciudadano para hacer de Baja California Sur un estado libre de megaproyectos de minería tóxica».
Y es que lo que es lo mismo que se ha exigido a las autoridades locales:
«Al Gobierno Estatal, así como al Congreso local y los Ayuntamientos de La Paz y Los Cabos, que han tenido a bien el haber definido su postura oficial en contra de megaproyectos de minería, asumiendo su responsabilidad de gobernantes en esta materia, «los urgimos a acatar el Mandato Ciudadano para hacer de Baja California Sur un estado libre de megaproyectos de minería tóxica».
El post de publicitado por el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, tiene como objeto recordar que, tal como se señala en el Pacto de Todos Santos, lo que se pide es que se establezcan «las herramientas estatales y/o municipales que liberen a sus habitantes de la amenaza que significan estos megaproyectos mineros depredadores».
Así mismo, este movimiento que se expresará ante AMLO, ha señalado la necesidad de «diseñar y aplicar políticas públicas que subsanen la situación educativa, de empleo y desarrollo de las minorías que habitan las poblaciones antaño mineras y que históricamente han permanecido descuidadas».
Lo anterior con el objetivo de «evitar que sigan siendo engañadas y utilizadas por las empresas mineras para tratar de lograr su cometido».