La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recriminó las acciones del gobierno de Enrique Peña Nieto contra migrantes y sus defensores luego de la entrada en vigor del Plan Frontera Sur.
Regeneración, 10 de junio del 2015.(APRO) “Según la información recibida por la Comisión, a partir de la puesta en marcha del Plan Frontera Sur, en julio de 2014, las autoridades habrían endurecido sus acciones contra las personas migrantes y sus defensores, y se habrían incrementado las medidas de seguridad en la frontera sur de México”, acusó la CIDH, órgano jurídico dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La CIDH, que expresó en un comunicado su “preocupación” por lo que pasa con los migrantes y sus defensores al sur de México, establece que este tipo de violaciones a los derechos cometidos por autoridades mexicanas se llevan a cabo desde hace casi un año cuando se puso en marcha el Plan Frontera Sur.
La CIDH también enfatizó que “las personas migrantes y sus defensores continúan siendo objeto de agresiones en el país”.
Respecto de las medidas de seguridad que el gobierno de Peña Nieto impuso en paralelo a la puesta en vigor del Plan Frontera Sur, y que la CIDH tilda como fuerza agresora, se destaca la movilización de la Gendarmería en Tapachula, Chiapas, con 5 mil elementos de la Policía Federal (PF) entrenados marcialmente.
Asimismo, “se habrían colocado nuevos puestos de control fronterizo y habrían aumentado las redadas”, acotó la CIDH, que además explicó que como consecuencia de esto se han incrementado las detenciones y deportaciones de los migrantes.
Al citar estadísticas del Instituto Nacional de Migración, la CIDH enfatiza que en 2013 fueron detenidos 86 mil 929 migrantes, y en 2014 cerca de 127 mil 149, lo que significa un aumento de 46% en un año.
“Entre enero y febrero de 2014, el INM detuvo a 14 mil 612 personas migrantes, y para el mismo periodo de 2015 capturó a 28 mil 862 migrantes, lo cual representa un aumento de aproximadamente 98%”, alertó la CIDH.
El órgano defensor de los derechos humanos en el hemisferio dejó en claro que le preocupa la intimidación y agresiones a las que las autoridades mexicanas someten a los migrantes y sus defensores.
En ese contexto, expresó preocupación “por las agresiones que habrían sufrido personas que trabajan en la organización La 72, hogar-Refugio para personas migrantes, que son beneficiarias de la medida cautelar 273/11, otorgada por la CIDH el 19 de abril de 2013”.
Ante esta flagrante violación a las determinaciones interamericanas a las que México está sujeto a cumplir como país miembro de la OEA y que reconoce la jurisdicción de la CIDH, el organismo interamericano recuerda al gobierno de Peña Nieto que debe acatar a lo que está comprometido con los derechos de los migrantes y sus defensores.
“Adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los migrantes en tránsito por México, así como de los defensores y defensoras de derechos humanos de los migrantes, en forma inmediata y urgente”, recalca la CIDH al gobierno federal mexicano.
Frente a la amenaza que representa la Gendarmería en Tapachula para la seguridad de los migrantes, la CIDH exige al gobierno de México que “aplique los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza en los operativos de control migratorio”.
Además, “que investigue de oficio los hechos de agresiones, sancione a los agentes responsables de violaciones de derechos humanos y repare a las víctimas de estas violaciones”.
La CIDH también destacó la importancia del “principio de la excepcionalidad de la detención migratoria, así como la prohibición de la detención de niños y niñas migrantes”.
Sobre los procedimientos que aplica el INM con los migrantes que entran a México por la frontera sur, la CIDH concluye al señalar que el gobierno de Peña Nieto tiene “la necesidad de implementar medidas alternativas a la detención migratoria”.
Y pone como ejemplo los procedimientos para la deportación que requiere del gobierno de México, entre ellos observar y respetar las garantías del debido proceso, el de buscar y recibir asilo, la protección de no devolución (non-refoulement) y la prohibición absoluta de las expulsiones colectivas.