La nueva ley pretende dar más certeza jurídica a las fuerzas armadas del país en labores policiales, lo que pone en riesgo los derechos humanos.
Por Jenaro Villamil |Proceso
Regeneración, 29 de noviembre de 2017.- Los relatores especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU), David Kaye, y de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Edison Lanza, expresaron su preocupación por la posibilidad de que se apruebe en México la Ley de Seguridad Interior.
“Está comprobado a nivel internacional que con la participación de los militares en tareas policiacas se incrementan las violaciones”, expresaron en una reunión privada de dos horas con las legisladoras Marcela Torres Peimbert, Sylvia Martínez, Laura Rojas, Lía Limón, así como los senadores Ernesto Ruffo, Víctor Hermosillo y el diputado federal Virgilio Caballero.
Ahí abordaron los casos más delicados de violaciones a los derechos humanos en México, especialmente las agresiones y asesinatos a periodistas y las leyes restrictivas de la libertad de expresión.
“Ellos expresaron que perciben una regresión autoritaria como un problema actual en México”, destacó la senadora Torres Peimbert, del PAN, quien relató los principales puntos abordados en el encuentro.
“Mostraron un interés especial en el futuro de la Ley de Seguridad Interior, de la Ley de Archivos, así como las medidas para garantizar el control presupuestal de los gastos en medios”, afirmó Torres Peimbert.
Se abordó también la Ley Chayote, como rebautizaron legisladores panistas a la Ley Televisa Döring porque “se les explicó que el chayote es el dinero con el que se compra o golpea a periodistas”.
Los anfitriones también le comentaron a Kaye y Lanza que 48 legisladores interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia apenas unas horas antes.
Asimismo, se les explicó lo que sucedió con el fiscal especial de delitos electorales Santiago Niego, quien fue cesado del cargo justo cuando investigaba los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y los fondos de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
“Les explicamos la gravedad de tener un proceso de procuración de justicia deficiente, sin procurador general de la República, sin fiscales especiales en materia anticorrupción y delitos electorales, y que esto permite una impunidad generalizada y una impunidad focalizada en los crímenes contra periodistas”, afirmó Torres Peimbert.
–¿Usted ve condiciones para que se apruebe en esta legislatura la Ley de Seguridad Interior? –se le preguntó a Torres Peimbert.
–Por experiencia sabemos que cuando le urge al sistema una ley o que ocurra un nombramiento, pasan las cosas. Depende de que el presidente Peña Nieto valore la aprobación de una ley y qué costos tendría.
–¿Hablaron de un endurecimiento del gobierno peñista?
–Ellos mencionaron su preocupación por los signos de regresión autoritaria que observan en el gobierno federal y señalaron las violaciones a los derechos humanos y los crímenes a periodistas como los principales problemas.