El relator de las Naciones Unidas, indicó que cualquier tolerancia o impunidad en el abuso de autoridades, es una grave violación al derecho internacional.
Regeneración, 26 de octubre de 2017.- Cuando se trata del uso de la fuerza por elementos de policía o fuerzas federales, las autoridades pueden pasar muy rápidamente a torturadores, consideró el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Tortura, Nils Melzer.
Al presentar su último informe ante la Asamblea General de la ONU, el funcionario indicó que todos aquellos que ejercen violencia arbitraria no sólo violan la ley sino que ejecutan actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“Infligir deliberadamente dolor o sufrimiento a individuos vulnerables, que no pueden escapar o resistir, es absolutamente ilegal e incluso puede llegar a ser considerado tortura”, dijo.
Además consideró que prohibir la tortura en todas las instancias de autoridad, elementos de policía, ejército, etcétera, es una obligación ineludible, no sólo dentro de las prisiones.
“Los Estados deben garantizar que sus agentes estén capacitados, equipados e instruidos para evitar cualquier uso innecesario, excesivo o arbitrario de la fuerza y para dar prioridad a los medios no violentos al momento de cumplir con su deber”, señaló.
Además, si por alguna razón el uso de la fuerza es inevitable, los funcionarios deben hacerlo con moderación y actuar en proporción a la gravedad de la situación y al legítimo propósito que se espera lograr; por lo que el uso de ciertos dispositivos y armas, deberían quedar fuera de la ecuación.
“Cualquier arma u otro medio para obligar a cumplir la ley, que por su diseño o por su naturaleza, inflija una fuerza innecesaria, excesiva o arbitraria contra seres humanos, debe considerarse inherentemente cruel, inhumano o degradante y, por lo tanto, está absolutamente prohibido.”
Durante su discurso, refiere la ONU a través de un comunicado de prensa, el relator señaló que “cualquier tolerancia, aquiescencia o impunidad ante tal abuso equivale a una violación grave del derecho internacional”.
Vía Contralínea