Río de Janeiro: «Gratificación del Lejano Oeste», bono de 10% a 150% de salario a policías por grandes confiscaciones de armas o fuerza letal
Regeneración, 26 de septiembre 2025– La Asamblea del estado de Río de Janeiro aprobó una ley que establece bonificaciones salariales para agentes de la policía civil en casos de confiscación de armas de gran calibre o en la neutralización de personas consideradas criminales.
El texto fue aprobado por amplia mayoría y deberá ser promulgado por el gobernador Claudio Castro para entrar en vigor.
Reforma
La iniciativa forma parte de un proyecto de reforma de la policía civil, encargada principalmente de tareas investigativas.
La legislación contempla primas que van del 10% al 150% del salario del agente, dependiendo de la gravedad del caso.
La medida generó rechazo entre organizaciones y sectores políticos opositores, que advierten sobre incentivar el uso letal de la fuerza.
Política de muerte
El diputado federal Henrique Vieira, electo por Río de Janeiro, criticó la ley por considerar que convierte la muerte en política pública.
“La seguridad no se logra mediante la barbarie”, expresó en la red X.
Una bonificación similar estuvo vigente entre 1995 y 1998, conocida como “bono del Lejano Oeste”.
Fue derogada tras el aumento de muertes en operativos policiales.
Intervenciones armadas
En la actualidad, las intervenciones armadas son frecuentes en favelas y zonas de alta vulnerabilidad, donde operan narcotraficantes y criminales.
El abogado Djeff Amadeus, del Instituto de Defensa de la Población Negra, advirtió:
La ley podría derivar en una escalada de violencia por parte de agentes que busquen mejorar sus ingresos.
También alertó sobre la posibilidad de que el beneficio se extienda a la policía militar.
Una fuerza con funciones represivas y antecedentes de uso excesivo de la fuerza.
Cifras
Según datos oficiales, en 2024 se registraron 703 muertes en intervenciones policiales en el estado de Río, lo que equivale a casi dos por día.
Aunque representa una caída del 19% respecto a 2023, las cifras siguen siendo motivo de preocupación para organismos de derechos humanos.
Especialmente por el impacto sobre la población afrodescendiente.
La ley aún no está vigente y su aplicación dependerá de la decisión del gobernador.
Mientras tanto, el debate continúa en torno a los límites del uso de la fuerza.
Se discute el rol de las fuerzas de seguridad y las garantías constitucionales en contextos de alta conflictividad social.
