Desde hace 9 meses, Roberto Campa y otros funcionarios han buscado comprar, intimidar y amenazar a víctimas y testigos de la masacre del 19 de junio de 2016
Por John M. Ackerman.
Regeneración, 22 de marzo de 2017.- ¡Ya basta de que el Estado mexicano encubra a los asesinos! La semana pasada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno mexicano traicionó públicamente a todos sus acuerdos con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Roberto Campa declaró que la investigación de las hipótesis alternativas sugeridas por los mismos padres de familia y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la misma Comisión Interamericana simplemente no había dado frutos y que el gobierno revertía a la «verdad histórica» propuesta por Jesús Murillo Karam desde enero de 2015.
Mientras, el pasado 5 de marzo, pistoleros intentaron asesinar a Santiago Ambrosio Hernández, el presidente del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de junio de Nochixtlán.
Desde hace nueve meses, Roberto Campa y otros funcionarios gubernamentales han buscado comprar, intimidar y amenazar a todas las víctimas y los testigos de la brutal masacre llevada a cabo por policías federales y estatales el 19 de junio de 2016.
El Gobierno ha llegado incluso al extremo de perseguir jurídicamente al mismo ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, por su insistencia de justicia para el caso.
Campa es el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pero en realidad este viejo amigo y colaborador de Elba Esther Gordillo funge como el subsecretario de ‘Impunidad y Encubrimiento’.
Queda claro que mientras sigan «gobernando» los partidos del Pacto por México, jamás habrá justicia para Ayotzinapa, Nochixtlán ni ningún otro caso de violación de derechos humanos.
La única vía es la política. En lugar de seguir negociando y exigiendo justicia a las instituciones realmente existentes, tenemos que conquistar democráticamente estas instituciones para ponerlas al servicio del pueblo.