En la sentencia judicial que dará vida a la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, se establece que tendrán vía libre para indagar en instalaciones militares.
Regeneración, 05 de junio de 2018.- Además de la creación de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, ésta tendrá la facultad de entrar a instalaciones militares para buscar indicios, resolvió ayer un Tribunal Federal.
El Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, indicó que la Procuraduría General de la República (PGR), no siguió las líneas de investigación que involucraban a elementos del Ejército y la Policía Federal.
«Los miembros de ésta (Comisión de la Verdad) tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense», dice el fallo.
Hace años, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalaron la importancia de recabar testimonios sobre la desaparición de los normalistas entre los militares del 27 Batallón de Infantería, pero hasta la fecha no se pudo llevar a cabo.
La resolución, difundida ayer por el Tribunal Federal, responde a cuatro amparos presentados por presuntos miembros del cartel Guerreros Unidos, y determina que la omisión en las pesquisas al personal militar es un indicio de la parcialidad y falta de independencia en la indagatoria.
«Como se vio en autos, no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México.
«Si desde que se recabaron los testimonios de los estudiantes sobrevivientes, así como a partir de los reportes del C-4, se tuvo conocimiento de la participación del Ejército en las calles de Iguala, los días 26 y 27 de septiembre de 2014; entonces, la lógica de cualquier investigador, conllevaría que las declaraciones de los elementos del Vigésimo Séptimo Batallón, tendrían que haberse recabado desde los primeros momentos, y no dos meses después, como aparece que sucedió», cuestiona.
Con la creación de la Comisión de la Verdad, se determina la desaparición de la fiscalía especial de la PGR a cargo de Alfredo Higuera Bernal, y dejar fuera a todos los fiscales, agentes ministeriales y policiales que han estado al frente o participado del caso.
«Se considera ‘saludable’ que nuevos agentes del Ministerio Público sean quienes participen, pues sólo de esta forma se podrán contrarrestar y vencer los defectos de la investigación precedente, que en general, estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos, como se vio, ha sido cuestionada, la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula, y el depósito de sus restos en el Río San Juan», ordena el tribunal.
La resolución también indica la exclusión de la PGR en indagatorias relacionadas con las posibles torturas de 120 procesados por el caso Iguala.
«Se considera imperativo que la práctica de los estudios para identificar la existencia de actos de tortura, sea encomendada a organismos independientes», dice el resolutivo.
Además, mandó reponer los juicios de ocho presuntos miembros de Guerreros Unidos acusados de secuestro, ejecución e incineración de los normalistas, debido a que sus confesiones se pudieron haber obtenido bajo tortura.
Finalmente, la resolución apunta a la entrega de una indemnización de 500 mil pesos para cada una de las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lo que no lobera al Estado de seguir con las indagatorias y obligaciones de encontrar a los desaparecidos, esclarecer los hechos así como sancionar a los responsables y reparar integralmente el daño a todas las víctimas.
“Sería un buen gesto del Estado mexicano adelantar una indemnización a favor de los familiares de los estudiantes desaparecidos, que pudiera permitirles por lo menos aligerar parcialmente las dificultades económicas que han venido afrontando como consecuencia de la desaparición de sus familiares», señala la resolución.
Vía Reforma.