La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que se están haciendo revisión de 368 casos de personas presas injustamente; y ya se liberó a 16.
Regeneración, 08 de enero de 2018. Desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han liberado a 16 personas entre luchadores sociales, indígenas, personas humildes y mujeres, presas injustamente, indicó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
En conferencia de prensa matutina, la exministra dio a conocer que se crearon un par de dependencias la interior de la Secretaría, una para revisar los casos de personas susceptibles de ser liberadas y otra para fortalecer a los órganos de justicia en los estados.
Detalló que en el caso de la oficina para revisar los casos de personas apresadas injustamente, ya se iniciaron los trabajos e incluso, ya se liberaron a algunas personas entre las que hay presos políticos que protestaron contra la reforma educativa.
“Consiste en tener una mesa especial para la revisión de los casos en que muchas de estas personas han sido privadas de su libertad injustamente. Tenemos ya liberados 16 personas, hasta ahorita en el mes de diciembre, hemos estado revisando los 368 casos que tenemos en la mesa”, indicó. “Muchos de ellos, inclusive, no han tenido una sentencia después de muchísimos años de estar privados de su libertad y no han tenido sentencias, ni condenatorias, ni absolutorias”
En la mayoría de estos casos no hay sentencia porque los jueces no tienen los elementos necesarios para condenarlos, es decir, carecen de evidencias.
La secretaria de Gobernación señaló que la mesa de revisión “está compuesta tanto por personal de los reclusorios como por representantes de la Procuraduría General de la República, como por defensores, organizaciones sociales y sobre todo, por gente sumamente calificada para revisar expedientes penales”
En todos estos casos lo que se encontró son rezagos importantes en la impartición de justicia y la privación «prácticamente ilegal» de muchos de los afectados, por lo que el trabajo de la mesa persistirá durante todo el gobierno de AMLO.
“Quisiera decirles que esta mesa y esta estructura de la secretaría de Gobernación va a ser permanente, por lo menos en esta administración pensamos que esta administración”, dijo.
La falta de respuesta de los sistemas de justicia tanto a nivel federal como a nivel local, es una constante en los casos susceptibles de ser revisados.
“Lo que queremos es precisamente que todas estas personas tengan ya una respuesta por parte del Estado”, puntualizó y aunque quieren hacerlo con celeridad, el proceso lleva tiempo.
Entre los casos que están siendo revisados o algunos que ya fueron liberados, hay casos de ambientalistas que se opusieron al fracking, gente humilde que no tuvo defensor público, mujeres indígenas que no contaron con traductores.
«No tuvieron oportunidad de tener una defensa adecuada ni un intérprete, mucho menos un proceso penal, un debido proceso, y todos estos casos los estamos revisando, muchísimas injusticias», dijo.
«No podemos permitir que la protesta social sea criminalizada y en este caso, vamos a revisar todos estos expedientes».
En el caso de las mujeres presas por interrupción del embarazo, la secretaria habló de algunos problemas.
«El problema que tenemos es un problema de competencia federal y competencia local, porque las entidades federativas, cada una de ellas, en sus códigos penales es el que tipifica estos delitos y son procesadas en instancias locales», indicó.
«Por supuesto que este es uno de los grandes temas que estamos tratando de analizar y probablemente apoyándolas en el amparo con defensores públicos podríamos nosotros lograr que ya lograran ‘saltar’ la instancia local y llegar a la instancia federal y tener nosotros una posibilidad de revisar estas causas penales a través de la justicia federal y del sistema de justicia ya del poder judicial federal».
Sobre este asunto, el presiendete López Obrador puntualizó: «el objetivo principal es que no haya presos políticos, que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política, que no se utilice ninguna institución del Estado para afectar a los ciudadanos de manera injusta, que no se fabriquen delitos a opositores y adversarios, como sucedía».
Indicó que su plan es respetar los derechos de expresión de todos los mexicanos y garantizar que no se les va a criminalizar por ello.
«Queremos que la cuarta transformación signifique también justicia, que no se acuse a opositores a dirigentes sociales, a ambientalistas, hasta de lavado de dinero y se les envía a las cárceles, eso se terminó, nunca más una represalia y estamos reparando los daños».
En el mes de diciembre, 16 personas fueron liberadas y todavía se revisan 368 casos.