La empresa fue contratada para la “difusión de programas sociales” , pero esta no prestó dicho servicio, así lo dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación.
Regeneración, 3 de abril de 2018.- El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa le otorgó el perdón a una empresa que cobró 223.4 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por servicios “fantasmas”.
La suspensión definitiva fue a favor de Comercializadora Devolviendo Confianza (CDC), que fue contratada para la “difusión de programas sociales”, pero no prestó dicho servicio, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Esta orden incluyó concluir el congelamiento de una cuenta bancaria para que sus propietarios puedan disponer de esos recursos, ya que revoca la negativa dictada en noviembre por un juez de Distrito.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que incluyó a CDC en su lista de personas bloqueadas desde febrero de 2016, por sospechas de lavado de dinero, se congeló la única cuenta de la empresa que se encontró en el sistema financiero.
El 11 de febrero de 2016 la UIF lanzó la alerta mediante oficio 11/F/B335/2016, en donde se ordenó a los bancos a “suspender de forma inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio con CDC, imposibilitando la apertura de nuevas cuentas, la cancelación de las vigentes, o disponer de los recursos que éstas contengan”.
Pero recientemente, el 15 de marzo, el tribunal declaró inconstitucional la facultad para congelar cuentas bancarias sin orden judicial de la PGR, y el 27 de marzo, concedió a la firma una suspensión definitiva que le permite acceder a su cuenta, detalla una publicación de agencia Reforma.
“La sociedad no se ve afectada por la concesión de la suspensión definitiva a CDC, en razón de que el Estado, a través de las autoridades competentes para investigar infracciones penales, puede perseguir el delito previsto en el artículo 400 del Código Penal Federal (lavado de dinero)”, aseveró el tribunal.
La empresa CDC fue la beneficiaria final de dinero que la Sedesol pagó a Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) en 2014 y 2015, y además receptora “en tercer orden” del dinero público: RTH y el SQCS contrataron a otros proveedores que canalizaron los fondos a CDC.