Detenido el intento, iluso y descabellado, del gobierno federal de desarmar a las autodefensas antes que dar una mínima prueba de congruencia y efectividad ante el crimen organizado, el proceso ciudadano de resistencia entra en una fase crucial. Siguiendo lo discutido en mi entrega anterior (México, regiones liberadas, La Jornada, 7/1/14) retornamos a un principio elemental: no es lo mismo autodefender que autogestionar. Lo segundo procede, y no necesariamente, de lo primero. Cuando se efectúa la transición se está dando un salto cualitativo, pues se está pasando de la mera resistencia a la construcción del poder ciudadano.
En el caso de Tierra Caliente, las autodefensas organizadas ya en torno a una mínima coordinación, que se supone aglutina a unos 20 mil ciudadanos armados que tienen presencia en más de 70 localidades de 21 municipios, deberían proclamar de manera clara y contundente un conjunto de demandas, sin las cuales no se puede pasar a la fase siguiente. Convertidas, de facto, en interlocutores reconocidos por el gobierno federal y estatal, las autodefensas solamente lograrán sus objetivos si se plantean y exigen demandas específicas, concretas y realizables a corto, mediano y largo plazos. En lo inmediato deberán demandar aquello que garantice el desmantelamiento de los escenarios dejados por las mafias y tolerados por el gobierno y sus numerosos actores, desde el nivel municipal hasta el estatal.
Por ello se debe exigir: 1) la captura de todos los líderes del crimen organizado y el desmantelamiento de sus redes y estructuras, es decir, el fin a sus actividades criminales; 2) la investigación de todos aquellos funcionarios del gobierno estatal, no importa su rango, que resultan sospechosos de colusión con el crimen organizado. Para ello debería crearse una instancia independiente y mixta (ciudadana y oficial), un tribunal que sea objetivo, imparcial y honesto; 3) la legalización de las autodefensas y su validación por los ciudadanos y las comunidades; 4) la liberación inmediata de los miembros de autodefensas presos, y 5) la creación de organizaciones ciudadanas legítimas, incluyendo la formación de comités y la celebración de asambleas y de elecciones comunales y municipales en cada localidad reconocida. Esto dará lugar a las condiciones mínimas para garantizar que el simple desarme de los criminales no oculte o haga que resurja la grave situación que hoy prevalece. De lo contrario, todo lo ganado se irá desvaneciendo. Se trata de establecer garantías que dejen un proceso irreversible y de cara al futuro.
Logrado lo anterior, se debe impulsar un proceso real de autogestión. La expansión de las autodefensas en Michoacán debe verse como parte de procesos similares ocurridos en otras porciones, como es el caso de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En consecuencia de esas experiencias se debe aprender y reproducir lo reproducible. Sin embargo, en la entidad misma se tienen ya modelos probados y exitosos. Por ejemplo, la comunidad indígena de Cherán*, no solamente ha logrado recuperar la paz y sus bosques, sino que controla los movimientos de la gente, ha elegido a sus autoridades de manera directa y sin partidos políticos, e impulsa proyectos productivos, forestales, agroecológicos, sociales y culturales para beneficio de la colectividad.
Otra experiencia es la de la comunidad indígena de Nuevo San Juan*, cerca de Uruapan, que durante más de tres décadas ha logrado consolidar un proyecto autogestivo basado en la democracia participativa, el manejo ecológicamente adecuado de los bosques, la creación de una impresionante industria comunal, el rescate de la cultura y la historia, y un proceso de acumulación colectiva de capital. Nuevo San Juan es hoy un caso nacional e internacionalmente reconocido de manejo comunitario de los recursos locales, que ha incrementado la calidad de vida de sus miembros. Otro ejemplo, esta vez truncado en su desarrollo, es el de La Huacana, donde una experiencia municipal honesta y bien intencionada de solamente tres años logró innumerables proyectos, apoyos de todo tipo y el reconocimiento nacional e internacional como municipio modelo. Finalmente también está lo que vivió el municipio indígena de Cuetzalan*, en Puebla. Allí, ante la amenaza de proyectos destructivos de sus recursos naturales y de su cultura, las organizaciones ciudadanas unieron sus fuerzas, y en conjunto con las autoridades municipales realizaron un ordenamiento del territorio, apoyados por investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahí generaron y promulgaron leyes de nivel municipal para garantizar que nadie ni nada afectara el equilibrio de sus paisajes y de la vida social.
En Tierra Caliente lo que es una elemental batalla por la vida y la supervivencia; donde no hay mayor ideología o interés que el de asegurar la paz y restablecer la seguridad, se debe avanzar hacia la creación una efectiva democracia participativa. La autodefensa es solamente el principio de las cosas. La idea general de la autogestión, que en el fondo es la creación o consolidación del poder social o ciudadano, implica trabajar para lograr autosuficiencia, autogobierno y por supuesto autodefensa. En un mundo en que el poder político y el poder económico se hacen cómplices, un rasgo de la fase globalizada del capital, la única opción que queda es gestar iniciativas por y para los ciudadanos.