Regeneración, 28 de agosto del 2015.-El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo hoy que actuó «en el marco de la ley y con absoluta transparencia» en la compra de una casa en octubre de 2012 a un contratista del Gobierno.
«Prueba de ello es que todos los documentos relacionados con la investigación (oficial de la compraventa) son públicos y están abiertos para el escrutinio de los ciudadanos», afirmó en una carta dirigida a Bloomberg con motivo de una información publicada por ese medio.
Según la agencia de información económica, el secretario saldó su deuda con un cheque fechado el 31 de enero de 2014 por 6,6 millones de pesos (unos 500.000 dólares en esa fecha) a favor de Bienes Raíces H&G, filial del grupo Higa, pero fue cobrado hasta diciembre, casi un año después y pocos días antes de que la operación saliera a la luz pública.
En los documentos publicados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que el pasado viernes concluyó su investigación de la adquisición, «se establece con claridad que el cheque con el que se liquidó la operación sería cobrado una vez que fuera liberada a mi favor, mediante escritura pública, la hipoteca constituida sobre el inmueble», respondió Videgaray.
Destacó que la parte vendedora tenía la responsabilidad de «realizar los trámites necesarios para dicha liberación» y añadió que desde que entregó el cheque «ya no dispuse de los recursos, en espera de que concluyera el trámite notarial».
En una rueda de prensa de tres horas de duración, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, reveló el viernes pasado que Videgaray «cubrió anticipadamente», el 31 de enero de 2014, el adeudo del contrato de compraventa celebrado el 10 de octubre de 2012.
Andrade dijo tener «copia certificada del cheque expedido de su cuenta bancaria y a favor del vendedor por la cantidad señalada», pero nunca aclaró la fecha en que fue cobrado.
El 11 de diciembre pasado el titular de Hacienda explicó, después de que el diario The Wall Street Journal divulgó la transacción, que «por razones financieras» había decidido «prepagar el crédito con recursos propios. Ello ocurrió el 31 de enero de 2014», apuntó entonces.
Según la investigación de la SFP, que incluyó la compra de casas a contratistas del Gobierno por parte del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, ninguno de los tres incurrió en conflicto de interés.
Videgaray argumentó que la investigación «demostró que, en términos de la normatividad aplicable, la operación fue hecha conforme a la ley» y retiró que ha actuado «anteponiendo siempre el interés público por el interés particular y privado»