En defensa del agua movilizaciones el 27 de julio, 11 h, en oficinas de Conagua de todo el país. Pueblos y organizaciones con 30 amparos contra privatización
Regeneración, 27 de julio del 2018. Por medio de un boletín de prensa, organizaciones defensoras del agua llamaron a la 2a Jornada Nacional de Acciones por el Agua, en el que se informa que pueblos indígenas y organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos han presentado más de 30 amparos en 12 estados frente a los 10 Decretos levantando vedas firmados por EPN el 5 de junio.
En el documento se señala que «Los amparos demuestran que el levantamiento de vedas fue realizado sin consultar ni cumplir con los procedimientos requeridos; dejan 51 billones de litros de agua al año expuestos a concesiones bajo el principio de la actual ley de aguas: “el agua es de quien la solicita primero”
La reforma constitucional reconociendo el derecho al agua exigió reemplazar la actual ley antes de febrero 2013, con una ley que garantice el acceso equitativo y sustentable al vital líquido, precisaron.
Exigen que EPN vuelva a establecer las vedas, y proponen que el nuevo Congreso de la Unión priorice una ley de aguas que cumpla con la Constitución
Por lo anterior este 27 julio a las 11 am, en el contexto del 2º Día Nacional de Acción por el Agua, se realizarán nuevamente acciones frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en todo el país, para protestar sus abusos y negligencia en el manejo de las aguas nacionales.
«En particular, se darán informes de los más de 30 amparos presentados por los pueblos indígenas Teenek y Nahuas, así como organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos», informaron.
Entre las lista de organizaciones que han presentado amparos contra la privatización del agua se incluyen la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Mexicano por el Derecho Ambiental (CEMDA), el Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Central Campesina Cardenista (CCC), La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Colectivo de Abogados, Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Salvemos Temaca, Instituto Vida e Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC).
Las acciones de los grupos cuestionan «la legalidad y la constitucionalidad de los 10 Decretos de Reservas firmados por Enrique Peña Nieto el 5 junio del presente».
Los amparos se basan en uno o más de los siguientes argumentos:
El levantamiento de vedas no respetó los procedimientos legales ni técnicos para su justificación.
De esta manera se abrió un gran volumen de aguas nacionales a ser concesionadas sin respetar el principio del “acceso equitativo” establecido en la reforma constitucional del 8 febrero 2012 reconociendo el derecho humano al agua.
Se emitieron los Decretos sin respetar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas potencialmente afectados.
Adicionalmente, el amparo presentado en la Ciudad de México demostró que los decretos representaban una violación a los derechos de la Naturaleza, los cuales son reconocidos en esta entidad federativa.
Según el análisis del Colegio de Biólogos, los Decretos dejan a 51 billones de litros de agua expuestos a ser concesionadas por periodos de hasta 30 años, renovables, con la posibilidad de ser libremente transferidos.
Según el Registro Público de Derechos al Agua, a 25 días de la firma de los Decretos, la Conagua había otorgado más de 500 nuevas concesiones.
Analistas de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida explican que los Decretos representan un intento de “pintar de verde” el levantamiento de vedas, para así extender el mercantilismo de la actual Ley de Aguas Nacionales, en pleno desacato a la obligación constitucional de haber reemplazado dicha ley antes de febrero 2013 con una Ley General de Aguas que siente las bases para el acceso equitativo y sustentable a través de la participación ciudadana junto con la de los tres niveles de gobierno.
Notan que es ingenuo pensar que la Conagua ahora sí va a respetar las reservas, cuando ha otorgado concesiones en violación de las vedas a lo largo de su existencia.
Lo que ha cambiado ahora es que las empresas trasnacionales que están entrando al país debido a la reforma energética exigen concesiones con mayor seguridad jurídica, otorgadas sin la sombra de una veda.
Las organizaciones exigen que Enrique Peña Nieto vuelva a establecer las 30 vedas canceladas y que rescate a favor de la Nación cualquier concesión o asignación que se haya otorgado en estas regiones desde la firma de los Decretos.
Hacen un llamado a los legisladores electos de lograr la pronta aprobación de una Ley General de Aguas, que ofrecería una verdadera protección del derecho humano al agua y a un medio ambiente sano.
El documento fue dado a conocer en redes sociales por el Movimiento Ciudadano Lagunero