SME. Liquidación de Compañía de Luz y Fuerza del Centro, por Calderón continuación de la estrategia de Carlos Salinas para vender los bienes nacionales
Regeneración, 7 de octubre del 2019. SME. Desde el TLCAN en 1994 hasta la llamada Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN) en 2005, el petróleo y la electricidad han estado en la mira del imperio del norte y sus socios menores, la oligarquía mexicana, a través de sus diferentes cámaras empresariales.
Ese es el núcleo de esta reflexión de nuestro colaborador.
A 10 años del golpe fascista en contra del SME
Por José Antonio Almazán González
Iniciado por Felipe Calderón y consumado por Peña Nieto el decreto de extinción liquidación de LyFC formó parte de un plan estratégico ideado desde la época de Salinas de Gortari, para avanzar en el proceso de privatización de los energéticos en México.
Desde el TLCAN en 1994 hasta la llamada Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN) en 2005, el petróleo y la electricidad han estado en la mira del imperio del norte y sus socios menores, la oligarquía mexicana, a través de sus diferentes cámaras empresariales.
El gran obstáculo para estos planes entreguistas había sido y sigue siendo la histórica conciencia nacionalista del pueblo de México.
Al igual que en sectores empresariales medios y en una amplia gama de movimientos sociales, sectores populares, estudiantiles, organizaciones campesinas y sindicales.
Entre las que destacaba el Sindicato Mexicano de Electricistas, cuya pasado nacionalista y democrático lo ligó indiscutiblemente en la defensa de la expropiación petrolera y años después de la industria eléctrica nacionalizada.
Por eso las baterías se enfocaron hacia el SME y su histórico CCT, cuyas principales cláusulas, particularmente la Cláusula 10.
Dicho ordenamiento se oponían al nefasto contratismo de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, que durante décadas medrarona costa del patrimonio nacional, lo mismo en CFE que en PEMEX.
El golpe en contra del SME se cocinaba en las esferas oficiales y caminaban en forma paralela a las exigencias imperiales de privatización de los energéticos.
La propia creación de LyFC en 1994, — que no entraba en los planes de los gobiernos neoliberales y que cedieron a disgusto, para frenar una posible alianza entre el EZLN y el SME, –sufrió al año siguiente el embate privatizador.
Pues el plan salinista era utilizar la estructura de la vieja Compañía de Luz y Fuerzan del Centro (CLFC), para ampliar su capital social, como parte de los planes privatizadores.
Como puede leerse en mi libro “Electricidad: una nacionalización inconclusa”, en 1992 Salinas de Gortari cínicamente demandaba la extinción de la Mexican Light ante la Suprema Corte de Ontario, Canadá, (alegando violaciones al artículo 27 constitucional).
Y al mismo tiempo, en México abría las puertas al capital privado en la generación eléctrica, mediante una inconstitucional reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Quiebra planeada
A la recién creada Luz y Fuerza del Centro le recolocaron una vieja deuda de más de 21 mil millones de pesos de la vieja CLFC, que prácticamente la colocó en virtual quiebra técnica en 1995.
Asimismo, le impidieron crecer en capacidad de generación propia, le achicaron el presupuesto federal para impedir su viabilidad técnica y operativa.
Además le obligaron a continuar comprando energía eléctrica en bloque a CFE, a precios por arriba de los precios industriales de electricidad.
Problemas internos
En estas condiciones la oportunidad para golpear al SME se les presentó en 2009 en medio de una reñida contienda electoral.
En la que Martín Esparza se impuso con una diferencia de apenas 352 votos, entre reclamos de fraude electoral.
Su contrincante Alejandro Muñoz tomó la decisión de recurrir a los tribunales electorales.
Terminando de abrir las puertas a la intervención del gobierno de Calderón en los asuntos internos del SME
Sindicato dividido
Con un sindicato dividido, tanto en su dirección como entre los 44 mil electricistas y 22 mil jubilados, el golpe estaba más que anunciado y la dirección del SME lo sabía.
Como puede leerse en un desplegado del SME publicado en La Jornada el 27 de septiembre de 2009.
“De fuentes confiables, tenemos información que algunos destacamentos de la Policía Federal Preventiva (PFP) han sido acuartelados con la finalidad de ocupar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LYFC) en la presente semana.
10 de octubre
El 10 de octubre a altas horas de la noche, miles de PFPs y de elementos del ejército disfrazados de policías, a punta de pistola y de armas de alto calibre.
Tomaron por asalto todos los centros de trabajo de LyFC y horas después el 11 de octubre Felipe Calderón decreto la extinción liquidación de LyFC.
Peña Nieto consuma golpe de gracia
A Enrique Peña Nieto le correspondió consumar el golpe fascista al SME.
Esto al dar la instrucción para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negara el derecho al patrón sustituto.
Y, como parte del mismo proyecto privatizador, abrirle las puertas a una de sus empresas trasnacionales favoritas, la portuguesa MOTA ENGIL.
Para crear una empresa subsidiaria la Generadora Fénix, de la cual MOTA ENGIL se quedó con el 51 % de las acciones (a cambio de nada).
Al SME, a través de su secretario general le dieron un 40 %.
Y, un 9% para el resto de los 14 mil electricistas que se convirtieron en cooperativistas, pero sin empleo.
La «negociación»
Se barrió con un Contrato Colectivo de Trabajo histórico y que redujo al SME a un sindicato de empresa con apenas 541 trabajadores que laboran en la Generadora Fénix, pues el resto son cooperativistas.
La base de esa “negociación” fue un pasivo laboral de 80 mil millones de pesos perteneciente a más de 44 mil trabajadores electricistas
Consistente en garantías económicas y financieras del gobierno federal para el pago de liquidaciones, despidos, indemnizaciones, seguro sindical, atención médica a empleados de confianza y futuras jubilaciones.
El gobierno de Peña Nieto requería la firma del secretario general del SME para extinguir el pasivo laboral y a cambio de ello le ofreció a Martín Esparza lo siguiente:
Por una parte, 42 propiedades de terrenos, naves industriales sin equipo y herramienta, predios y baldíos, con un valor contable de 512 millones de pesos,
Además, una concesión para uso y usufructo de 14 plantas hidroeléctricas y el cascarón herrumbrado de la termoeléctrica J. Luque.
Pero cuyas propiedades se conservan en manos de la CFE, pues se trata de bienes nacionales afectos a la prestación del servicio público eléctrico,
Incluso, el uso de un concesión para la explotación de aguas nacionales.
Que inexplicablemente le fue entregada a la empresa eléctrica privada Generador Fénix.
En clara violación a lo establecido en el artículo 27 constitucional y la Ley de Aguas Nacionales, aun cuando esta concesión sigue en propiedad de LyFC.
Por supuesto, como producto de esta negociación, marcada por la corrupción, a Martín Esparza y a sus allegados les pagaron inmerecidas e ilegales liquidaciones millonarias y pensiones.
Los cuyos documentos siguen reservados hasta por 12 años.
Lo hicieron socio y miembro del consejo de Administración de la Generadora Fénix de la cual recibe jugosos dividendos.
Hechos que han convertido al SME en un sindicato de empresa con dirigentes empresarios, mientras a la fecha miles de electricistas siguen careciendo de empleo.
Solidario desde octubre de 2009 a la fecha, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha refrendado en diversas ocasiones su postura de que con el SME y sus trabajadores se cometió una terrible injusticia.
Que debe ser corregida como parte del proceso de cambio social profundo que impulsa su gobierno a través de la 4ª Transformación.