El periodista Ricardo Sevilla escribe sobre el financiamiento que recibe la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad de la Embajada de Estados Unidos y que originó una carta diplomática del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la administración de Joe Biden, aquí reproducimos su texto.
Por Ricardo Sevilla
Más de 25 millones de pesos recibió la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) de parte de Estados Unidos, reveló ayer, durante la Conferencia Presidencial matutina, la periodista Nancy Flores, reportera de la revista Contralínea.
La investigación realizada por Miguel Badillo, director de dicho medio de comunicación, dio a conocer que, de 2019 a 2020, la asociación civil MCCI, dirigida en esas fechas por el empresario Claudio X. González Guajardo, fue financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development [USAID]).
Algunos medios, a través de apuradas notas informativas, han dicho que se trata de una injerencia de la Embajada de Estados Unidos en México, cuyo cargo detentaba, hasta hace poco, Christopher Landau.
Pero, contra lo que podría mirarse a simple vista, estas donaciones encubren una intrusión más compleja y peligrosa que va más allá del quejoso exembajador Landau. Y es que la USAID, a pesar de presentarse como un organismo independiente, opera bajo las normas y pautas estratégicas que le impone el Departamento de Estado norteamericano.
Aunque la USAID asegura tener como objetivo principal el reforzamiento de la política exterior estadounidense (cooperando con los países receptores en las áreas económica, agrícola, sanitaria, política y humanitaria) ha recibido severas ⎼y constantes⎼ críticas debido a su estrecha colaboración con la CIA que, de acuerdo con periodistas de distintos países, está basada en un programa intervencionista cuyo propósito es ayudar a desestabilizar gobiernos que no se alinean a las políticas de Estados Unidos.
La USAID, que actualmente es uno de los principales financiadores de la organización MCCI, tiene una larga y sórdida relación con partidos políticos derechistas y grupos de la autodenominada “sociedad civil” que, mediante estrategias encubiertas (que incluyen el desvío de fondos y la entrega discrecional de dinero), han intentado derrocar a gobiernos que son considerados enemigos de la Casa Blanca.
Y es que, bajo el anzuelo de la cooperación para el desarrollo, no hay duda de que la USAID es una de las principales armas que el Gobierno de EU ha utilizado para enfrentar “la amenaza comunista” y, ahora, “la amenaza populista”.
Sin embargo, detrás de la careta filantrópica de esta organización del Gobierno de EU se esconde un instrumento injerencista que no sólo ha dejado saldos mortíferos para la democracia en diferentes parte del mundo, sino que también ha representado una amenaza para la vida humana en países como Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela.
CAMPAÑA DE EXTERMINIO CONTRA LOS INDÍGENAS
En Perú, durante los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2000) y Alejandro Toledo (2001-2006) se llevó a cabo una campaña de esterilización forzada en el país suramericano. Dicho programa, que se presentó como una estrategia para el control demográfico ⎼y que más tarde reveló ser una escabrosa maniobra de limpieza étnica⎼ buscaba interrumpir el nacimiento de futuras generaciones indígenas.
El plan ⎼que consistió en esterilizar a campesinos y mujeres indígenas (multíparas) de los andes peruanos⎼ fue financiado por la USAID mediante la entrega de con 36 millones de dólares al gobierno de Alberto Fujimori, quien, en un hecho histórico inédito, fue obligado a renunciar por “permanente incapacidad moral”, tras ser condenado por crímenes como violación de derechos humanos, corrupción, peculado y usurpación de funciones, entre muchos otros.
Cabe mencionar que, desde 1946, muchos años antes de que la USAID apoyara económicamente este crimen de lesa humanidad contra la población peruana, la Asamblea general de la ONU ya declaró que el eufemismo denominado “limpieza étnica” como una forma de genocidio.
No obstante, haciendo caso omiso de este postulado, la USAID, mediante ese millonario apoyo económico, decidió financiar el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que, tan sólo entre 1996 y 2000, esterilizó a más de 270 mil mujeres, en su mayoría andinas quechuahablantes, que sobrevivían en extrema pobreza.
La cruenta medida ⎼que ha sido considerada un delito especialmente atroz y de carácter inhumano en contra una población civil vulnerable⎼ dejó tantas secuelas en la sociedad que, actualmente, en la Fiscalía de Perú, existen 2 mil 166 denuncias por casos de esterilización forzada; y, por otro lado, en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú desde el año 2016, se han identificado más de 8 mil personas (en su mayoría mujeres) que sufrieron esterilizaciones contra su voluntad.
DERROCAMIENTO DE NICOLÁS MADURO
Otro caso de injerencismo apoyado por los patrocinadores de MCCI ocurrió cuando el Departamento de Estado de EU decidió abonar 654 millones de dólares, a través de USAID, para secundar económicamente el intento de Juan Guaidó para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Tan sólo, entre enero y abril de 2019, la USAID gastó 2 millones de dólares para trasladar 368 toneladas de provisiones de emergencia a la isla caribeña de Curazao y a la frontera entre Colombia y Venezuela.
Se suponía que, bajo las órdenes de Guaidó, las provisiones serían distribuidas en Venezuela con el fin de presentar a Maduro ante la opinión pública y la prensa internacional como un dictador dispuesto a matar de hambre a la población, quien, anticipándose a la imputación, no dudó en calificar el esfuerzo como un golpe de Estado encubierto.
No obstante, meses más tarde, cuando la atención mediática internacional comenzó a periclitar y los esfuerzos de Guaidó por derrocar a Maduro se estrellaron contra el muro del fracaso, la USAID decidió reducir sensiblemente la ayuda que, supuestamente, iba a dar al pueblo venezolano. Al final, de las más de trescientas toneladas prometidas, sólo ocho lograron llegar a Venezuela y el resto (360 toneladas) fueron distribuidas entre Colombia y Somalia, de acuerdo con un informe presentado por la propia USAID.
EL INJERENCISMO DE LA USAID EN BOLIVIA Y ECUADOR
El 1 de mayo de 2013, Evo Morales, quien en aquel momento era presidente de Estado Plurinacional de Bolivia decidió expulsar a la USAID de aquel país. La organización estadounidense, que lamentó en hecho mediante una pálida queja (como si hubiera estado esperando la remoción) no estaba promoviendo el desarrollo (ni en Sucre, ni en ninguno de los nueve departamentos de Bolivia), sino que, en todo caso, fue descubierta ofreciendo apoyos económicos a distintas organizaciones civiles, que operaban en forma similar a MCCI, para que afirmaran, desde diferentes espacios de la vida política, intelectual y social, que el gobierno del presidente Evo Morales estaba extraviado, sin rumbo y era “populista”.
La actividad de la USAID también fue denunciada, mediante una exposición perfectamente articulada, por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. En 2012, cerca de 30 ONGs extranjeras debieron cesar las actividades en Ecuador tras comprobarse la falta de transparencia en sus procesos. Durante las pesquisas, pudo detectarse que las supuestas “organizaciones civiles”, empleando la zanahoria progresista, estuvieron financiando y promoviendo tendencias separatistas en la región de Guayaquil. Dentro de esas “organizaciones civiles” destacaba la USAID, la cual, finalmente, fue expulsada por el Gobierno de Correa en 2014. No obstante, cinco años más tarde, el 15 de mayo de 2019, a petición de Lenin Moreno, actual presidente ecuatoriano, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional está de vuelta en ese país.
LA USAID EN MÉXICO
En México, la USAID no sólo ha financiado a MCCI, sino también a la agencia de noticias Artículo 19, una de las organizaciones civiles más críticas del actual Gobierno Federal y, que a pesar de contar con un presupuesto jugosísimo que incluye, entre otros auspicios económicos, donativos de los gobiernos de Inglaterra, Alemania, Irlanda y la Unión Europea, se declara marginal y perseguida.
Artículo 19, además del financiamiento de dichos gobiernos y, especialmente, de la USAID, recibe apoyos económicos directos del Departamento de Estado de EU (United States Department of State (USDoS).
Cabe enfatizar que, durante el periodo en que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibió los 25 millones 520 mil pesos (de los que habla Badillo en Contralínea), el Departamento de Estado de EU dependía del polémico Mike Pompeo, quien fue señalado por favorecer el espionaje masivo y beneficiar a los líderes empresariales extranjeros.
Pompeo, quien, sin duda, debió estar al tanto de los millonarios patrocinios que la USAID destinó a MCCI, fue el mismo personaje que opinó que Edward Snowden ⎼aquel valeroso joven informante que reveló en The Guardian y The Washington Post las (contundentes) pruebas sobre la red de vigilancia mundial que era operada y financiada por el gobierno de EU⎼ debía ser juzgado y condenado a muerte.
Ahora bien, MCCI y Artículo 19 no sólo coinciden en el financiamiento que reciben de parte de la USAID, sino también en los personajes que, desde diferentes medios de comunicación, han sido contratados para denostar sistemáticamente al Gobierno Federal que encabeza López Obrador.
Basta asomarse a los respectivos directorios de ambas organizaciones para darse cuenta que la red de periodistas e intelectuales que las operan se repiten. Se trata de articulistas, columnistas y presentadores de noticias que, además de trabajar en MCCI y Artículo 19, también comparten tribuna y micrófonos en periódicos como Reforma, El Universal, El Financiero, Milenio, Excélsior, así como las revistas Nexos y Letras Libres.
En MCCI, además de la presidencia, que actualmente ocupa María Amparo Casar, editorialista del periódico Excélsior y compañera de publicación (y del CIDE) del antilopezobradorista Leo Zuckermann, existen tres áreas fundamentales: Investigación aplicada, Investigación periodística y La Dirección de Comunicación, Movilización y Asuntos Internacionales.
La primera es dirigida por Jorge Andrés Castañeda Morales, hijo del excanciller foxista Jorge Castañeda Gutman. Ambos personajes, además, forman parte del consejo de colaboradores de la revista Nexos, propiedad del intelectual salinista Héctor Aguilar Camín, quien, por su parte, se encarga de atacar y denostar al Gobierno Federal y, especialmente, al Presidente, a través de la columna diaria que firma en el periódico Milenio.
El área de investigación periodística en MCCI es tutelada por Salvador Camarena, columnista de El Financiero, donde es compañero de de Raymundo Riva Palacio y Fernando García Ramírez (operador de Enrique Krauze y pieza clave en la llamada Operación Berlín). A lado de estos y otros personajes, Camarena se ocupa de atizar el fuego diario contra López Obrador. El adjetivo preferido (y más usado por todos) para infamar al Presidente es, para no descuidar el miedo de los patrocinadores estadounidenses, populista.
La Dirección de Comunicación, Movilización y Asuntos Internacionales, finalmente, está a cargo de Darío Ramírez, quien durante 10 años fue director de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 y que, no fortuitamente, ha devenido en uno de los críticos más virulentos de AMLO.
Es claro que, además de recibir los millonarios apoyos económicos de un gobierno extranjero, en MCCI (y también los integrantes de Artículo 19) deben ser investigados con muchísima escrupulosidad, toda vez que, además de estar promoviendo la injerencia y propiciando un conflicto diplomático entre México y EU, los “periodistas” de Claudio X. González Guajardo están buscando el apoyo de una organización que ha promovido, entre muchas acciones nefastas y desestabilizadoras, “golpes blandos”, “limpiezas raciales” y derrocamientos políticos en América Latina.