Por Ana María Vázquez
RegeneraciónMx.-Dos vehículos rondaban Jalisco, específicamente Tlaquepaque y Tlajomulco, uno de ellos pudo estacionarse en la zona industrial mientras que otro quedó varado en una zona cercana a un conjunto habitacional; la refrigeración de estos comenzó a fallar y la gente comenzó a quejarse de fuertes olores que inundaban la colonia, pasaron varios días hasta que fueron reportados.
La noticia saltó a los medios públicos nacionales e internacionales en noviembre de 2018, se habían encontrado dos tráileres aparentemente abandonados cerca de un municipio de Jalisco, el fuerte olor que se desprendía de ellos a metros de distancia hacía suponer que el contenido de estos tal vez serían animales muertos, sin embargo, al abrirlos notaron que se trataban de restos humanos envueltos en bolsas negras, cientos de ellos.
Restos que permanecían desde 2015 sin identificar y que, debido a la restricción legal para incinerarse sin identificación previa, comenzaron a desbordar los institutos forenses de varios estados como Guanajuato, Durango, Tamaulipas, Guerrero y Baja California.
Muchos de ellos esperaban ser identificados desde la fallida “Guerra contra el Narco”, de Felipe Calderón ya que a medida que crecía la violencia, el trabajo forenses de clasificación e identificación comenzó a incrementarse hasta en un 400%, con lo que también se rebasó la capacidad en las fosas comunes y no existía lugar posible para inhumarlos previa toma de muestras y fotografías que faciliten su futura identificación.
Hoy, cuatro años después y con más de 15,000 desaparecidos en Jalisco, apenas 240 cuerpos de uno de los contenedores será identificado, ese es el nivel de rezago y saturación que existe en el país y que se viene arrastrando desde 2006.
En cuanto a los registros de ADN de los familiares de desaparecidos, Alejandro Encinas denunció que 49 mil muestras de ADN se habían dado a un particular y que se descubrió corrupción, venta y hasta robo de registros de identificación en los mismos, lo cual ha dado como resultado que hasta ahora sean precarias y hasta fortuitas los resultados positivos.
Con más de 100,000 personas desaparecidas tan solo en Jalisco, es el estado que ocupa el primer lugar en fosas clandestinas y desapariciones, sin embargo, el gobernador Enrique Alfaro parece no querer notar los actos de protesta de familiares de desaparecidos exigiendo justicia.
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