Nueva Suprema Corte devolvió el expediente de Elektra a Lenia Batres, relacionado con el amparo directo por crédito fiscal de 67 millones
Regeneración, 11 de septiembre de 2025. El pulso entre la justicia y el poder económico de México subió de tono.
La Suprema Corte dio dado un paso trascendental al permitir que la ministra Lenia Batres presente ante el Pleno un proyecto que busca revocar el amparo concedido a Nueva Elektra del Milenio.
Esto es, una de las empresas de Ricardo Salinas Pliego.
La decisión, que devuelve el expediente a la ministra a pesar de que en marzo pasado la extinta Segunda Sala la declaró impedida para intervenir, sienta un precedente contundente.
Batres

Es, sin duda, un giro de 180 grados. Este caso, identificado como el amparo directo en revisión 3842/2024, trata sobre un crédito fiscal de más de 67 millones de pesos.
La empresa de Salinas Pliego se amparó contra una multa impuesta por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Lo anterior, por haber declarado una pérdida fiscal mayor a la que realmente tuvo durante el ejercicio de 2012.
Ello, al omitir ingresos por conceptos de inventario acumulable. El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa le había dado la razón a Elektra.
Sin embargo ahora el asunto recae en las manos de la nueva integración del máximo tribunal.
Revocado
El panorama es complejo. En marzo pasado, la Segunda Sala había declarado que la ministra Batres no podía intervenir en un asunto de Salinas Pliego contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Lo que generaba dudas sobre su participación en otros casos del empresario.
Sin embargo, en una movida que apunta a la nueva era de la Corte, se decidió que Batres actúe como ponente en este expediente.
Esta determinación se fundamenta en el Acuerdo General Número 1/2025 (12a.) del Pleno de la SCJN, que regula la recepción y turno de los asuntos.
La ministra, Batres en su proyecto, propone revocar el amparo al considerar legal que Hacienda requiera directamente a las empresas controladas.
Sin depender de la sociedad controladora, es decir, Grupo Salinas.
Este litigio revela la audacia de una empresa que busca evadir sus responsabilidades fiscales.
El caso llegó a la Corte después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) impugnara la decisión del tribunal colegiado que había favorecido a Elektra.
En su amparo, la empresa argumentó que la ley vigente en 2012 obligaba a las sociedades controladoras, en este caso Grupo Salinas, a pagar el impuesto requerido por el SAT, no a las controladas.
Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara y directa al respecto. Señalando además, que Ricardo Salinas debe pagar sus impuestos.
Tras la toma de protesta de los nuevos ministros, la mandataria expresó su confianza en que con esta nueva integración, la Corte consolidará un «verdadero Estado de derecho».
Su postura, firme y sin titubeos, resuena con la demanda social de que los grandes empresarios cumplan con sus obligaciones fiscales.
Por si fuera poco, la Corte también reasignó un litigio mucho más cuantioso. El amparo contra un crédito fiscal por 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos derivado del ejercicio de 2013.
Y, que había sido turnado al ministro en retiro Alberto Pérez Dayán, ahora ha pasado a manos del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.
Este es, de lejos, el caso de mayor monto que enfrenta Grupo Elektra en el Máximo Tribunal.
La empresa había utilizado una estrategia legal para retrasar el fallo, interponiendo impedimentos contra los ministros que recibían el caso.
Ahora, la pelota está en el tejado de la nueva Corte, y el desenlace podría ser un punto de inflexión en la relación entre el poder público y los grandes consorcios en México.














