Regeneración, 7 de mayo 2021. Por fin, en México se eliminó uno de los mayores abusos de los gobiernos pasados, el uso de la partida secreta.

Durante la sesión permanente del Congreso de la Unión, se dio a conocer que 17 de 32 congresos locales avalaron la reforma constitucional al artículo 74, en su fracción cuarta, para eliminar las partidas secretas.

«Una vez computados los votos aprobatorios de la mayoría de los legisladores de los estados y de la Ciudad de México, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara aprobado el decreto por el que se reforma el artículo 74 fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de partidas secretas. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación», declaró el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar.

Uno de los principales impulsores a esta reforma fue el senador por Morena, Martí Batres, quien señaló que este hecho es un momento histórico para el país y los mexicanos.

«Se trata de una reforma histórica, este es un día histórico. La partida secreta, llamada también la partida secreta del Presidente formó parte de los diversos presupuestos de la federación, con altas y bajas entre el año de 1918 y 1998, es decir durante 80 años. Y formó parte de la Constitución desde la aprobación de la Constitución en 1917 hasta este año de 2021, es decir por más de 100 años», señaló el senador Martí Batres Guadarrama.

Los congresos encargados de dar paso a este gran hecho fueron Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Durango, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

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Carlos Salinas desvío sistemáticamente la partida secreta en su sexenio

Para entender la gravedad de lo que significó tener este recurso hay que retomar lo ocurrido con Carlos Salinas de Gortari y la resolución en 2013 del juez federal Carlos López Cruz, quien señaló que los fondos de la partida secreta de la Presidencia fueron desviados sistemáticamente en su sexenio.

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En dicho documento se estipula que de los 2 mil 700 millones de pesos asignados a esta partida entre 1990 y 1994, 2 mil 218 millones fueron transferidos ilegalmente a una cuenta en Banco Mexicano Somex.

“Se puede sostener con plena certeza que el recurso del erario federal que la Tesorería de la Federación entregó a Ernesto Sentíes Hoyos, en su carácter de Director General de Administración de la Presidencia de la República, se distrajo del objeto para el cual fue asignado, porque no fue aplicado para cubrir bienes y servicios de interés general para el país, inherentes a la función de la Presidencia”, dice la sentencia del juez.

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No cabe duda que el final de una era llegó con esta resolución.

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