Regeneración, 19 de junio 2014.-Finalmente el ministro de Economía, Axel Kicillof dio precisiones en conferencia de prensa sobre los pasos a seguir luego del fallo de la Corte Suprema de EE.UU. que favoreció a uno de los llamados “fondos buitres”. Son aquellos bonistas que no entraron en los canjes y reestructuraciones de deuda de los años 2005 y 2010, y litigan contra el Estado argentino en tribunales internacionales.
Comenzó con una folklórica y deslucida introducción de relato sobre la herencia del neoliberalismo en la que, como siempre, hizo abstracción de dos pequeños detalles: por un lado que ya pasó más de una década y, por el otro, que los Kirchner y la inmensa mayoría de quienes hoy integran la coalición de gobierno fueron parte orgánica de esa “década infame”.
Cuando fue al grano de las definiciones concretas sobre el camino a seguir, afirmó que “comenzaron los pasos” para cambiar la sede de pago a los acreedores que aceptaron los canjes anteriores.
El próximo vencimiento de deuda es por 900 millones de dólares y debe abonarse el 30 de junio. De ese monto, 225 millones corresponden a la plaza de Nueva York, que igualmente no corren riesgo de embargo porque existe una medida de no innovar que no permite que se haga efectivo el fallo Griesa.
Simultáneamente, el ministro aclaró que enviará a sus abogados a negociar al despacho del juez, pese a que esa posibilidad no se desprende de la letra del fallo. El fundamento para esta iniciativa se basa en una afirmación más política que técnica o judicial de Griesa, que había declarado que no era su intención enviar a ningún país el default. Sobre esa endeble base, los representantes del gobierno están dispuestos a abrir una instancia de negociación. La clave, como el diablo, está en los detalles. En este caso en el énfasis. Que el ministro haya afirmado que “comenzaron los pasos” y no que “hay una decisión firme de cambiar la sede de pago”, o rechazar de plano el fallo, deja a esa posibilidad en un estado de amenaza, más que de una decisión indeclinable. Y por lo tanto hay una fuerte apuesta a la negociación.
El “no pasarán” de Kicillof o “el no aceptamos extorsiones” de Cristina Fernández del lunes, fuera del discurso y en la política real, se transforman en: si no pasan por la puerta de enfrente, pueden pasar por la del fondo y vamos sentarnos al despacho del mismísimo representante de los extorsionadores a buscar una negociación.
La primera cuestión que demostró el fallo del lunes es el fracaso de la política de “desendeudamiento” de pagadores seriales. Los canjes del 2005 y 2010, donde entró el 92% de los acreedores, las negociaciones en 2013 con el Ciadi, el pago a Repsol y al Club de Paris en este año, se realizaron ante a aquellos que supuestamente tampoco iban a pasar y finalmente pasaron… por caja y cobraron con creces. Además, el gobierno impulsó una política de ajuste, cepo al salario, devaluación y enfriamiento de la economía, que habilitó incluso al Club de París a no tener la necesidad de imponer el monitoreo del acuerdo por parte del FMI, porque la Argentina venía haciendo muy bien los deberes. Lo que tampoco dijo el ministro es que fue este gobierno el que emitió títulos bajo jurisdicción extranjera, es decir, renunció a su soberanía. Griesa habló por su fallo y como buen empleado de los buitres exigió el pago del 100% de la deuda a sus “representados”; por lo tanto solo va a negociar con él quien especula con la posibilidad de efectivizar ese pago o renegociarlo a futuro en bonos.
El escenario sigue abierto y habrá que escuchar la nueva palabra de Griesa, que nunca demostró ser muy sensible al relato y ahora tuvo el respaldo de la Corte Suprema.
Qué el uno por ciento de los bonistas de ese siete que quedó afuera de los canjes anteriores, junto a un juez de EEUU, ponga en riesgo el conjunto de la economía nacional, muestra los lazos de dependencia que continúan bajo proyecto “nacional y popular” y la precariedad del “modelo”.
Los llamados holdouts no son más que una expresión extrema del “caranchismo” de todos los acreedores a los que se les pagó una deuda ilegal e ilegítima. Una política de verdadera defensa de los intereses nacionales debe partir de la medida mínima y elemental de desconocer esta deuda. Todo lo demás es puro cipayismo aunque se lo envuelva de resonantes discursos.