La ASF entregó a la Cámara de Diputados la primera parte de la Cuenta Pública 2021, en la cual detectó irregularidades
Regeneración, 30 de junio de 2022.Este jueves, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados la primera parte de la Cuenta Pública 2021, en la cual detectó irregularidades por mil 038 millones de pesos, de los cuales se han recuperado 201.9 millones y otros 836.2 millones quedan pendientes de aclarar.
El análisis apunta que los estados y municipios son los que recibieron más observaciones por el manejo del gasto federalizado, con 447 millones de pesos.
Faltan aclarar 250 mdp
De éstos, faltan aclarar 250 millones de pesos de los 252 millones de pesos en Seguridad, y 197 millones de pesos de los 385 millones de pesos en Educación.
Sectores que tienen los montos más altos
Sobre el gasto ejercido por el Gobierno federal, que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los sectores que tienen los montos más altos de posibles irregularidades son la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con 120.6 millones de pesos; así como Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con 120.6 millones.
Le siguen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con 92.4 millones; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con 36.2 millones de pesos, y las Aportaciones a Seguridad Social, con 16.4 millones.
El titular de la ASF, David Colmenares subrayó que “los órganos superiores de fiscalización son esenciales para crear un sistema de incentivos en el que el uso del poder discrecional se acote en todos los niveles y en todos los órdenes de Gobierno, no solamente por sus connotaciones de ética pública, sino porque el sistema sea tan eficiente que el ejercicio indebido de los recursos, no sea siquiera atractivo para el ofensor”.
En la Primera Entrega de Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, aclaró que “el proceso de fiscalización no audita personas, ya que los procesos fiscalizados pueden trascender la esfera de actuación de un funcionario en lo individual o, incluso, tener como propósito la prevención de irregularidades, más que una sanción ante una posible falta administrativa o un delito”.