Consumidores de agua en Ensenada y los contribuyentes del estado de BC le pagarán a la compañía Desaladora Kenton 568 millones 8 mil 827 pesos durante 30 años
Regeneración, 18 de septiembre de 2017.- Grupos sociales se han opuesto a la construcción de dos plantas desalinizadoras de empresas privadas en Baja California pues se niegan a que el estado entregue recursos públicos para obtener un servicio que no estará asegurado sino hasta 2028.
Se trata de una planta desalinizadora en San Quintín y otra en Playas de Rosarito, BC. Ambas ya fueron licitadas por el gobernador de Baja California, Francisco ‘Kiko’ Vega, pero se encuentran en vilo por la oposición de los ciudadanos bajacalifornianos, indica La Jornada.
También integrantes del PAN, partido del mismo gobernador, se mostraron en contra de la medida: el diputado Miguel Osuna Millán, hermano del ex gobernador José Guadalupe Osuna, se desmarcó el fin de semana de las pretensiones de Kiko Vega al calificar de «inaceptable» el endeudamiento del Estado.
Esta oposición se debe a que el Congreso de Baja California no pudo aprobar una reforma que garantice las obligaciones de pago del gobierno estatal para los próximos 37 años por 9 mil millones de pesos, más impuestos.
Son 150 millones de pesos mensuales más IVA para Aguas de Rosarito durante las próximas seis administraciones a partir de junio de 2019.
Y 11 millones 136 mil 150 pesos mensuales más IVA a la compañía Desaladora Kenton a partir de enero de 2018 por operar el Sistema Integral Hídrico San Quintín, en Ensenada. Consumidores de agua y los contribuyentes del estado le pagarán a esta empresa 568 millones 8 mil 827 pesos durante 30 años.
Cuando se aprobó la ‘Ley del Agua’, con la cual el gobierno aumentó tarifas y restructuró la Comisión Estatal de Servicios Públicos, vinieron entonces movilizaciones nunca vistas en Mexicali: más de 40 mil personas salieron a las calles a protestar. El gobernador dio marcha atrás y se quedó sin sustento jurídico suficiente para garantizar el pago a sus socios en las APP.
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El miércoles de la semana pasada diputados locales panistas incluyeron en el orden del día el dictamen número 95, mas la sesión no se pudo realizar porque decenas de ciudadanos del grupo Mexicali Resiste ingresaron rompiendo puertas porque se les negó el acceso. Los legisladores cancelaron la sesión y se retiraron, detalla La Jornada.