Bolsonaro pierde derechos políticos, condena de 26 años de cárcel

Juicio en Brasil: Bolsonaro inelegible hasta 2030. Condenado por liderar intento de Golpe de Estado. Trump estalla

Juicio en Brasil: Bolsonaro inelegible hasta 2030. Condenado por liderar intento de Golpe de Estado. Trump estalla

Regeneración, 11 de septiembre 2025- El Supremo Tribunal de Brasil alcanzó este jueves una mayoría de cuatro votos para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, en un panel de cinco miembros.

La magistrada Cármen Lúcia Antunes acompañó los votos a favor de la condena que emitieron el martes Flávio Dino y Alexandre de Moraes, relator del caso, por los cinco cargos contra Bolsonaro:

Tentativa de golpe y organización criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos.

Luego el juez Cristiano Zanin, el último en votar, también se manifestó a favor de la condena a Bolsonaro por los cinco cargos, llevando el total de votos a 4.

El miércoles, el voto en contra de Luiz Fux había dejado una luz de esperanza para el exmandatario, cuya pena se espera que sea fijada el viernes.

Sentencia

Bolsonaro, que se declaró inocente durante el proceso y puede apelar ante el pleno de la corte, podría enfrentar hasta 40 años de cárcel, según estima la Fiscalía.

“Doy por comprobado que Jair Bolsonaro cometió los crímenes en la condición de líder de organización criminal”, dijo la jueza durante su exposición.

Es la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente es condenado por intento de golpe de Estado.

Bolsonaro cumple arresto domiciliario por desafiar restricciones impuestas por el tribunal y fue juzgado junto a siete altos asesores y exministros.

Organización criminal

Según los fiscales, actuaron como el “centro neurálgico” de una organización criminal decidida a desmantelar el régimen democrático.

Ello culminó en el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023. Más de 600 personas han sido sentenciadas por ese asedio.

SI Bolsonaro apela la condena, el pleno de 11 miembros del Supremo Tribunal no volvería a juzgar todo el caso.

En cambio, revisaría puntos específicos como posibles contradicciones en la sentencia, duración de la pena o interpretaciones legales.

El exmandatario, de 70 años, fue condenado en 2023 por otra causa y quedó impedido de ejercer cargos públicos por ocho años.

Fue hallado culpable de abuso de poder por difundir información falsa sobre la seguridad del sistema electoral brasileño ante gobiernos extranjeros.

El caso también es seguido de cerca en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump, que ha aplicado sanciones a funcionarios de Brasil, calificó el juicio como una “cacería de brujas”.

Esta semana la portavoz de la Casa Blanca dijo que el mandatario “no tiene miedo de usar el poder económico y militar” de su país para proteger la libertad de expresión.

El Gobierno de Lula respondió en un comunicado: “El primer paso para proteger la libertad de expresión es justamente defender la democracia y respetar la voluntad popular expresada en las urnas”.

Escenario legal

El escenario legal al que se enfrenta Bolsonaro: ¿podría ir efectivamente a una prisión común si es hallado culpable?

El domingo, cuando el país celebraba un nuevo aniversario de independencia, hubo manifestaciones callejeras a favor y en contra del juicio al expresidente.

Como excapitán del Ejército, Bolsonaro tiene derecho a un régimen de encarcelamiento especial. El Supremo Tribunal Federal definirá el lugar exacto de cumplimiento de la pena.

El líder ultraderechista participó de una trama tenía como objetivo “perpetuar” al expresidente en el poder luego de la derrota en las urnas en 2022 frente a Lula da Silva.

Los golpistas, añadió la acusación, planearon asesinar a Lula, al vicepresidente electo, Geraldo Alkcmin, y al propio juez De Moraes.

El plan contemplaba usar explosivos, armas de guerra o veneno para realizar los asesinatos, según los fiscales.

Un país polarizado

El veredicto de culpabilidad significa que Bolsonaro, de 70 años, podría enfrentar décadas en prisión. Se espera que el panel de la Corte Suprema discuta la sentencia tras el voto de los jueces.

Los abogados defensores aún podrán presentar apelaciones, pero una vez agotadas las vías de recurso, el fallo será firme y se podrán ejecutar las penas de prisión.

El juicio, que se celebra antes de las elecciones generales de 2026, ha polarizado a Brasil.

Durante el fin de semana, miles de simpatizantes de Bolsonaro salieron a las calles el Día de la Independencia del país para protestar contra el proceso judicial.

El hijo mayor de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, senador brasileño, criticó el resultado y atacó a Moraes.

“Se rompieron los pilares de la democracia para condenar a una persona inocente que no se atrevió a doblegarse ante un dictador llamado Alexandre de Moraes”, declaró el jueves.

Bolsonaro ha insistido durante mucho tiempo en que el juicio constituyó una cacería de brujas política.

Esta opinión ha sido compartida por uno de sus mayores aliados políticos, el presidente estadounidense Donald Trump.

Sanciones

En julio, Trump impuso un arancel del 50% a Brasil tras amenazar con hacerlo si el país no ponía fin al juicio contra el expresidente.

Su Gobierno también sancionó a Moraes por lo que considera “graves violaciones de derechos humanos”.

Anunció además restricciones de visado contra él y otros funcionarios judiciales por el juicio a Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro, otro hijo del expresidente, declaró que espera sanciones adicionales de Estados Unidos contra funcionarios brasileños.

Trump no respondió si aplicaría nuevas sanciones cuando la prensa le preguntó sobre la condena el jueves, pero expresó su conmoción por el resultado del juicio.

“Pensé que era un buen presidente de Brasil, y es muy sorprendente que eso pudiera suceder”, dijo en el jardín de la Casa Blanca.

Los partidarios de Bolsonaro y algunos sectores de la derecha brasileña han acogido con satisfacción el interés de Trump en el caso.

Sin embargo, el Gobierno actual de Lula, y muchos otros en el país latinoamericano, lo consideran una intromisión de Estados Unidos en sus asuntos.