Por Jenaro Villamil | Homozapping
Regeneración, 10 de agosto 2014.-En plena euforia oficial por la aprobación de las leyes secundarias en materia petrolera, Pemex perdió ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil una demanda de amparo que obligará a la paraestatal a pagar casi 500 millones de dólares al consorcio Conproca, formada por las empresas alemana Siemens y la sudocoreana SK Engineering, con las que mantiene un largo litigio de más de una década.
El revés judicial para Pemex coincidió también con el otro fallo adverso de la Corte del Segundo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, en Nueva York, que rechazó el pasado 15 de julio las acusaciones por corrupción, falsificación de facturas, y sobornos en contra de ex funcionarios de la paraestatal durante los gobiernos panistas, en el mismo caso.
Estas derrotas confirman el fracaso de la estrategia armada por el equipo de Emilio Lozoya Austin, actual director de Pemex, y el despacho externo de abogados Baker & McKenzie, quienes apostaron por organizar una campaña legal y mediática en contra de la empresa alemana Siemens –participante sólo del 15 por ciento de Conproca- y abrir la caja de Pandora de los presuntos actos de corrupción cometidos en a licitación para remodelar la refinería Cadereyta.
Con tal de evadir el pago de los 311 millones de dólares al consorcio Conproca (Consorcio Proyecto Cadereyta), ordenado el 11 de enero de 2012 por la Corte Internacional de Comercio (CIC), con sede en París, la dirección de Lozoya decidió litigar un amparo en tribunales mexicanos y otro en las cortes de Nueva York, argumentando presuntos actos de soborno, aludiendo la llamada Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) que permite resolver hechos de corrupción de empresas radicadas en territorio norteamericano.
La estrategia jurídica de Pemex generó la primera crisis diplomática del gobierno de Enrique Peña Nieto con el gobierno de Alemania, ya que la paraestatal orientó una campaña en medios masivos, incluyendo Televisa, para revivir viejos escándalos de corrupción del poderoso consorcio de ingeniería y electrificación que fue multado por la autoridad bursátil de Estados Unidos. Siemens presentó el 21 de marzo de 2013 una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República solicitando la investigación de cualquier posible ilícito.
Además, Pemex revivió en su campaña mediática en Televisa y medios impresos un presunto acto de soborno por 2.6 millones de dólares del empresario y consultor Jaime Camil, quien ya había sido exonerado por la Secretaría de la Función Pública en noviembre de 2012, y generó “una muy mala señal” para inversionistas europeos (ver Proceso, No. 1907). Camil fue uno de los gestores contratados por Siemens para que les ayudara a solventar lso reclamos de sobrecostos en la obra de Cadereyta frente a Pemex.
En su estrategia para enturbiar el caso, Pemex recordó que el ex presidente del Consejo de Administración de la empresa sudcoreana SK Engineering, Chey Tae Won, fue encarcelado en enero de 2013 por fraude, y ya antes había estado preso por malversación de fondos. SK Enigneering tenía el 80 por ciento de la sociedad con Siemens en Conproca.
Válido el Laudo a Favor de Conproca
El pasado 3 de julio los tres integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil desecharon por unanimidad la solicitud de amparo de Pemex en contra de la sentencia de la jueza Edith Alarcón, quien el 11 de noviembre de 2013, había negado la petición de la paraestatal de anular el laudo de la corte de arbitraje de París a favor de Conproca.
Desde 2001 hasta el 2011 se litigó en la Corte Internacional de Comercio de París una acusación de Conproca contra Pemex por incumplir el pago de los costos adicionales de la obra y cambios en las especificaciones, entre otros puntos.
El 23 de diciembre de 2011, la corte de París determinó que Pemex debía pagar a Conproca 282 millones de dólares (más intereses y gastos) por conceptos relativos a “obras adicionales” e “interrupciones” en la modernización de la refinería de Cadereyta entre 1997 y 2000, y también por ejecución indebida de garantías, costos financieros y gastos legales de arbitraje. La suma total para Pemex, en ese entonces, fue de poco más de 300 millones de dólares. A Conproca le ordenaron pagar 29.1 millones de dólares a Pemex.
En diciembre de 2012, al asumir el nuevo gobierno federal priista, Pemex inició nuevas acciones legales para evitar el pago de dichas compensaciones. Una de esas acciones fue promover el amparo contra la resolución de la corte de París y la otra presentar alegatos en Estados Unidos por actos de corrupción o soborno.
En la resolución conocida el pasado 6 de agosto, elaborada por el magistrado ponente Benito Alva Zenteno, el Cuarto Tribunal Colegiado desechó los 23 argumentos presentados por los abogados contratados por Pemex y ratificaron la validez del arbitraje internacional.
En una de las partes medulares de la sentencia, los magistrados recuerdan que el arbitraje “es una institución que nace del pacto expreso de carácter convencional de dos o más partes para resolver las controversias que surjan o haya surgido, mediante un procedimiento legal o específico que debe respetar las formalidades esenciales del procedimiento”.
“El arbitraje es de naturaleza convencional porque se finca en la autonomía de la voluntad, con sustento en la libertad contractual de las partes, solamente que su objeto específico es otorgar facultades a un tercero para resolver una controversia que puede ser sustraída del ámbito jurisdiccional estatal; de modo que por su propia finalidad el pacto arbitral necesariamente remite o contiene un procedimiento”, indicó la sentencia rechazando el alegato de violaciones al debido proceso, de la demanda de Pemex.
“El arbitraje al ser medio alterno de solución de controversias con mayor desarrollo, demanda e instauración en el ámbito mercantil, tanto en la esfera nacional como internacional, representa un instrumento viable y eficaz por el cual los particulares pueden valerse para resolver determinadas controversias que no impliquen cuestiones propiamente de orden o de interés público y prescindir así del accionar del Poder Judicial del Estado”, abundaron.
El Origen del Conflicto
En noviembre de 1997, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, el consorcio Conproca ganó la licitación por 2 mil 461 millones de dólares para modernizar la refinería Cadereyta. La sudcoreana SK Engineering tenía experiencia al operar la tercera refinería más grande del mundo y Siemens alegó ser una de las cinco empresas más grandes del mundo en soluciones eléctricas y electrónicas.
Desde su origen, este primer contrato multimillonario estuvo rodeado por la polémica de presuntas irregularidades, ampliaciones al monto original por sobrecostos en la obra.
El contrato original fue firmado por Luis Ricardo Bouchot Guerrero, responsable jurídico de Pemex Refinación, y Jaime Mario Willars Andrade, entonces director de Pemex Refinación. Este fue investigado por la Secretaría de la Función Pública por presunto sobornos con Servicio Aéreos del Centro S.A. de los hermanos Alfredo y Javier Miguel Afif. La investigación se prolongó hasta 2007 cuando se determinó que fue culpable de abuso de autoridad.
El Organo Interno de Control de Pemex determinó también que Eduardo Vergara Cabrera, quien firmó como “revisor técnico” del contrato con Cadereyta, y Máximo Téllez Rosas, subdirector de proyectos de Pemex Refinación, habían cometido también actos de abuso de autoridad y se les inhabilitó por 20 años y se les impuso una multa por 106 millones 300 mil pesos.
Aún con los indicios de irregularidades en los contratos, a los 42 meses de iniciados los trabajos en Cadereyta, Conproca entregó la obra a Pemex Refinación, pero inició un litigio en contra de Pemex Refinación acusando a la paraestatal de negarse a pagar los montos adicionales que se generaron durante la ejecución de su contrato. La demanda quedó integrada en el expediente 11760/KGA.
Juan José Suárez Coppel, director de Pemex con Felipe Calderón, dejó como pendiente de pago los 300 millones de dólares que le ordenó la corte de arbitraje de París, tras una década de litigios que le costaron a la paraestatal más de 77 millones de pesos en pago al despacho Baker & McKenzie en el último lustro.
A pesar de haber perdido ante la corte de París, Lozoya renovó en mayo pasado el contrato con el despacho Baker & McKenzie por 24.4 millones de pesos, para seguir llevando el caso, según informó la columna “Capitanes” del periódico Reforma.
En un comunicado del 15 de mayo de 2013, Conproca afirmó que Pemex había cambiado sus argumentos tres veces:
“Primero habló de sobornos para la obtención de contratos.
“Después explicó que los sobornos se habían dado durante el proceso legal ante la CCI (Corte Internacional de Comercio) para que la información presentada a la Corte favoreciera a Conproca.
“Ahora argumenta que los sobornos se dieron durante el proceso de proyecto para que se autorizaran sobrecostos a Conproca”.
Tras los fallos adversos, Pemex mantiene un hermético silencio. Por lo pronto, el Congreso ya autorizó que el presupuesto público absorberá los pasivos de la paraestatal, incluyendo sus deudas como en este caso.