Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quieren irse al llegar a 2025 tras la elección de junio.
RegeneraciónMx, 29 de octubre de 2024.- Morena en la Cámara de Diputados calificó como un “acto soberano” la renuncia de ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, señaló que esto refleja que, pese al debate sobre la aceptación de la reforma al Poder Judicial de la Federación, los ministros están acatando las disposiciones de la Constitución y sus artículos transitorios.
La reforma aprobada el 3 de septiembre establece, en su séptimo artículo transitorio, que aquellos ministros que no participen o no resulten electos en el proceso de elección de 2025 no recibirán su haber de retiro, a menos que presenten su renuncia antes de que se cierre la convocatoria.
El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, explicó que si los ministros no renuncian antes del plazo constitucional, corren el riesgo de perder sus haberes de retiro, que incluyen no solo una pensión, sino también diversos beneficios como seguridad, vehículos, personal administrativo y auxiliares, y otros recursos proporcionados por la Corte.
Estos beneficios son “vitalicios” y abarcan servicios como combustible y atención médica, según Monreal, quien añadió que, en caso de no aceptar la renuncia de los ministros, el Senado podría llegar a la situación, como ha ocurrido en la historia, de no reconocer su retiro, lo cual les impediría acceder a estos haberes hasta agosto.
Renuncian ministros previo a la elección de 2025
Este martes dieron inicio la presentación de renuncias de los ocho ministros que declinaron a participar en las elecciones electorales de cargos judiciales, nuevo método que instauró la reforma al Poder Judicial. La primera en hacerse pública fue la de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
La carta fue dirigida al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y Senadoras, Gerardo Fernández Noroña, con fecha de hoy 29 de octubre. En esta, resalta que la renuncia no implica su aceptación de la constitucionalidad de la reforma judicial; también que no se considera “un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular”.
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