La extracción de petróleo y gas mediante la técnica de la fractura hidráulica (fracking), daña la salud y el medio ambiente. Esto concluye un estudio de profesionales de la salud de Estados Unidos que llevó al estado de Nueva York a prohibir la fractura hidráulica. En México existen cientos de pozos de fracking en Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Puebla y Tabasco.
Regeneración, 4 de junio de 2016. En diciembre de 2014, el estado de Nueva York declaró prohibida la utilización de la fractura hidráulica (fracking) para extracción de gas y petróleo no convencionales en su territorio.
Sus principales argumentos fueron las investigaciones médicas y científicas publicadas en un compendio elaborado por el grupo de Concerned Health Professionals y Physicians for Social Responsability de Nueva York.
Este documento, traducido al español, fue presentado este 17 de mayo, es “una herramienta en las luchas contra la fractura hidráulica en América Latina”, expresó Annette von Schoenfeld, representante de la Fundación Heinrich Böll.
El compendio reúne más de 500 publicaciones académicas, artículos de investigación periodística y reportes del gobierno norteamericano sobre los impactos del fracking. Los principales riesgos y daños identificados son “los impactos en la salud pública con afectaciones, entre otros, como disrupciones endócrinas, malformaciones, problemas respiratorios y cáncer dada la contaminación del aire, el uso excesivo y alarmante contaminación del agua, las emisiones radioactivas; además
sismos inducidos por la disposición de las aguas de retorno, impactos de la infraestructura asociada, así como los riesgos en la seguridad y el aceleramiento del cambio climático”, explicó Sandra Steingrabe, coautora del compendio.
Basados en la experiencia de Estados Unidos, donde la fractura hidráulica se ha utilizado más de una década, “todos estos estudios evidencian que las regulaciones no pueden evitar ni mitigar los daños causados por esta técnica. La única vía para que los daños no se produzcan es prohibir el fracking, como se hizo el estado de Nueva York”, señaló Colleen Boland, fundadora del grupo We Are Seneca Lake y Friends Against Fracking de Nueva York.
Julián Ramírez de la Alianza Mexicana contra el Fracking y de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) manifestó que “el compendio es una herramienta clave para la lucha contra la fractura hidráulica en México, puesto que el gobierno está impulsando de manera irresponsable esta técnica para extraer hidrocarburos no convencionales”.
En México el daño por el fracking ya es evidente
Según la Alianza, conformada por más de 40 organizaciones de 10 estados de la República, Petróleos Mexicanos (Pemex) ya ha fracturado hidráulicamente numerosos pozos en nuestro país, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Tabasco, con la consecuente violación a los derechos fundamentales de las poblaciones.
“Esta actividad ya ha dejado daños en las comunidades de Papantla en Veracruz, con afectaciones a la salud de las personas, así como sus fuentes de agua y actividades productivas y poniendo en peligro culturas y modos de vida milenarios. Ni las comunidades indígenas o campesinas, ni la población en su conjunto fueron informadas sobre el uso de esta técnica y mucho menos consultadas ni incorporadas en las decisiones, lo que pone en grave riesgo sus vidas y supervivencia”, denunció Alejandra Jiménez de la Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH), parte de la Alianza.
Los daños ocasionados por la fractura hidráulica no se limitan a los pozos, sino que se extienden a la infraestructura para llevarla a cabo esta. Es el caso de los gasoductos que se construyen en el norte del país. Numerosas organizaciones y comunidades de Chihuahua se oponen a estos proyectos, por sus impactos negativos sobre los territorios, el medio ambiente, la salud y supervivencia de las poblaciones indígenas y campesinas. Exigen a las y los candidatos a la gubernatura que se posicionen en relación con la fractura hidráulica. También existe oposición en Sonora y en el sur de Texas donde, igual que con los pozos, los gasoductos están siendo impuestos sin garantizar los derechos de acceso a la información, consulta y consentimiento libre, previo e informado.
Situación similar se vive con el acueducto Monterrey VI, proyectado para llevar agua del río Pánuco a Nuevo León, afectando a los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas por el despojo de su río a las comunidades. Este proyecto ha generado un fuerte rechazo social tanto por sus afectaciones ambientales, que implicarían la violación de tres tratados internacionales y dañarían profundamente la biodiversidad, como por la posible entrega y acaparamiento del agua para la industria de la fractura hidráulica. Esta técnica requiere de grandes volúmenes que quedan contaminados e inutilizados por la alta toxicidad de los productos químicos que se le añaden.
El gobierno de Peña Nieto impulsa el fracking
La intensificación de la explotación de los hidrocarburos no convencionales por fractura hidráulica está en la mira de la Secretaría de Energía (Sener) en el marco de la Reforma Energética, como se muestra en su “Plan quinquenal de licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos
2015-2019”. En él se contempla la entrega para este fin, durante los próximos cinco años, de áreas a empresas privadas y públicas como parte de las Rondas 1, 2, 3 y 4, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla. A esto se suman las áreas ya entregadas a Pemex en la Ronda 0 en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Puebla, dentro de las cuales la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente (ASEA) autorizaron en febrero tres pozos exploratorios: Dos, Maxochitl 1 y Kaneni 1, en Veracruz y el tercero, Semillal 1, en Tamaulipas. Estos permisos se entregaron sin ningún proceso previo de información ni consulta a las comunidades afectadas, ni a la sociedad en su conjunto.
El compendio y las evidencias que en él se presentan sobre las nocivas consecuencias que la explotación de gas y petróleo no convencional tienen sobre la salud y bienes fundamentales para la vida como el agua y el aire, brindan elementos suficientes para que el gobierno prohíba la fractura hidráulica en el país, para caminar en línea con los compromisos de México en materia de derechos humanos, sustentabilidad y cambio climático. No hacerlo y continuar con los planes actuales supone una flagrante violación a sus obligaciones y pone en riesgo el desarrollo económico, la vida y el agua de miles de personas en México.