Alianza Mexicana contra el Fracking llama a renovar esfuerzos contra esta práctica altamente contaminante y dañina para la salud
Regeneración, 3 de junio del 2015 . (Sididh) Al menos 924 pozos han sido perforados desde 2003 en México mediante la técnica de fractura hidráulica, alertó la Alianza Mexicana contra el Fracking, quien advirtió que no se toma el consentimiento de las comunidades afectadas y que no hay reglamentación específica “que vigile esta práctica altamente contaminante y dañina para la salud”. La organización insistió en que esta práctica se debe prohibir por sus altos impactos ambientales.
Para la organización, resulta particularmente preocupante que, cuando se trata de o una práctica prohibida en varios países y regiones del mundo por sus irreversibles impactos, en México no se esté generando información sobre sus potenciales impactos ambientales y sociales, ni se esté vigilando su desarrollo.
Los estados afectados por esta práctica, ahora promovida por la reforma energética, son: Coahuila (47 pozos), Nuevo León (182 pozos), Puebla (233 pozos), Tabasco (13 pozos), Tamaulipas (100 pozos) y Veracruz (349 pozos). La información fue sistematizada por Cartocrítica a partir de solicitudes realizadas a Petróleos Mexicanos (Pemex).
La Alianza detalló que la práctica del fracking implica la inyección 9 a 29 millones de litros de agua al subsuelo por cada pozo para extraer hidrocarburos de rocas. “El agua es mezclada con entre 650 y 990 sustancias químicas que pueden provocar múltiples daños a la salud de las personas”, como cáncer y mutaciones, afectaciones al sistema endocrino, alergias y daño al sistema nervioso, enlistó. A lo largo de todo el proceso “existe una alta probabilidad (una en veinte, de acuerdo a un estudio de la universidad de Cornell del estado de Nueva York) de fugas de agua contaminada con estos químicos, petróleo, gas u otras sustancias tóxicas presentes en el subsuelo que llega a contaminar fuentes de agua, el suelo e, incluso, el aire”, abundó. El agua residual de este proceso es desechada en pozos “letrina” donde, por los altos volúmenes desechados, puede provocar sismos. “Adicionalmente, el fracking presenta significativas fugas de metano a la atmósfera que contribuyen en forma alarmante al proceso de calentamiento global”, agregó la organización.
A pesar de todos los impactos del fracking, la población aledaña a estos proyectos no ha sido informada por autoridades de ningún tipo acerca de lo que se está realizando ni de sus implicaciones, mucho menos ha sido consultada ni han otorgado su consentimiento previo, libre e informado, lamentó la Alianza. “De esta manera y dada la experiencia de Estados Unidos donde hay documentación de que esta actividad ha contaminado más de mil acuíferos, es muy probable que la población de estas zonas esté consumiendo agua altamente tóxica que afecta su salud”, advirtió.
Actualmente, se desconoce si los proyectos en marcha han sido sujetos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), obligación establecida en la legislación. La organización señaló que esta situación se da cuando incluso funcionarios como Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), admiten que “sin duda esta industria, y particularmente el fracking, requieren una regulación estricta en materia de seguridad industrial y medio ambiente” y prometió en 2014 “antes de que termine el año, tendremos lista la regulación conforme a los mejores y más exigentes estándares internacionales para asegurar que el fracking y toda la explotación del shale se lleven conforme a mejores prácticas y cuidando el medio ambiente”. Sin embargo, desde 2003 casi un millar de pozos ya han utilizado esta práctica sin regulación específica y sin que haya información sobre los estudios de impacto ambiental realizados, insistió la Alianza.
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