«Mantener a Nestora y a los demás comunitarios en prisión es una forma de ostentar el poder que el crimen organizado sigue teniendo en nuestro país»
Por R. Aída Hernández Castillo/ La Jornada*
El tema del racismo en México era hasta hace poco un tema tabú del que se hablaba y se investigaba poco en la academia mexicana. El levantamiento zapatista en 1994 denunció la vigencia de estructuras coloniales que siguen marcando la inserción de la población indígena en la vida nacional y el racismo naturalizado que caracteriza nuestra sociedad. Sin embargo, hace unos pocos años que se pasó de la denuncia a la investigación rigurosa en torno a cómo se reproduce el racismo en México. No nos referimos sólo a prejuicios e ideologías discriminatorias, sino a un fenómeno estructural que caracteriza a nuestras instituciones, prácticas políticas e imaginarios colectivos.
El libro del antropólogo Yuri Escalante Betancourt El racismo judicial en México. Análisis de sentencias y representación de la diversidad (Juan Pablos Editores, 2015) es un excelente ejemplo de los aportes que la academia puede hacer a la documentación del racismo, de sus discursos, sus prácticas y su impacto en la reproducción de la criminalización de los pueblos indígenas. Este libro nos muestra las limitaciones de las reformas multiculturales, que si bien a partir de la modificación en 2001 del artículo segundo constitucional reconocen el derecho de los pueblos indígenas a sus propios sistemas de justicia, en la práctica judicial se sigue concibiendo a estas prácticas como primitivas y anticonstitucionales.
A partir del análisis de sentencias judiciales que involucran a ciudadanos o comunidades indígenas, Yuri Escalante nos muestra cómo el racismo marca las interpretaciones y decisiones de los jueces en torno a supuestos delitos que se configuran ignorando el contexto cultural de los acusados. Muchas de las citas textuales de sentencias que se reseñan en el libro parecen sacadas de documentos coloniales, representando a los indígenas como atrasados, ignorantes eigualados. Una sección del texto analiza las sentencias que criminalizan a las policías comunitarias de Guerrero, mostrando las paradojas y contradicciones de un Estado que, a la vez que emite leyes que reconocen el derecho a los sistemas de justicia indígena, los utiliza, los coopta y, cuando se interponen a sus intereses, los criminaliza.
En los pasados 18 años los y las integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) han trabajado de manera voluntaria en la Costa y Montaña de Guerrero, constituyéndose en un sistema de justicia y seguridad indígena que ha disminuido de manera considerable la delincuencia en estas regiones y ha promovido procesos de reducación para evitar que el crimen organizado reclute a sus jóvenes. A pesar de que la CRAC, conocida localmente como policía comunitaria, está contemplada por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas del Estado de Guerrero y por el artículo 2 constitucional, muchos de sus dirigentes están en prisión acusados desecuestro por detener a delincuentes y someterlos a procesos de reducación.
Lo que el libro de Yuri Escalante no menciona es la confluencia que se da entre el racismo judicial y los intereses del crimen organizado y el narco-estadoen la región. Cada vez que las acciones de la CRAC ponen en peligro los intereses de los gobiernos locales vinculados con la delincuencia organizada, se enarbola el argumento de su ilegitimidad y se criminalizan sus procesos jurídicos. Este es el caso de Nestora Salgado, comandanta de la policía comunitaria de Olinalá; de Arturo Campos Hernández y otros 11 compañeros de la CRAC de la comunidad de Paraíso, municipio de Ayutla.
Surge la interrogante: ¿por qué ellos y por qué ahora, si por casi dos décadas la comunitaria ha estado trabajando en la región con reconocimiento e incluso apoyo gubernamental? La respuesta a esta pregunta se puede encontrar si se investiga: ¿a quiénes afectan las acciones que obstruían el libre tránsito del crimen organizado en la región? Mientras los procesos contra estos luchadores sociales se acumulan y sus compañeros se inmovilizan ante las amenazas de nuevas órdenes de aprehensión, Los Ardillos y Los Rojos se mueven con libertad en la región, extorsionando a la población, cobrando derecho de piso y robándose a las jovencitas que posteriormente prostituyen. La complicidad de las autoridades locales con estos grupos es un secreto a voces en la región.
No todos los impartidores de justicia reproducen los discursos y prácticas racistas que documenta Yuri Escalante: hay excepciones que nos permiten mantener alguna esperanza en el activismo legal. Tal es el caso del juez José Luis Arroyo Alcántar, magistrado del primer tribunal unitario del vigesimoprimer circuito, con sede en Acapulco, quien en abril de 2014 revocó el auto de formal prisión contra Nestora Salgado, en una sentencia que argumenta que ella se encontraba en ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria y expone las distintas legislaciones estatales, nacionales e internacionales que dan sustento legal a las policías comunitarias. A pesar de la contundencia de estos argumentos, la sentencia no llevó a la liberación de Nestora Salgado, porque se le han fincado nuevos delitos. Negar el reconocimiento y la legitimidad de la justicia impartida por la CRAC es un ejemplo más del racismo judicial. Mantener a Nestora y a los demás comunitarios en prisión es una forma de ostentar el poder que el crimen organizado sigue teniendo en nuestro país.
Regeneración, 3 de agosto del 2015. Rosalba Aída Castillo Hernández es Profesora-Investigadora de CIESAS México, artículo publicado en el periódico La Jornada.