Se señalan a tres ciudadanos mexicanos como intermediarios de una operación ilegal de 200 millones de euros entre una privada mexicana y una paraestatal venezolana.
Regeneración, 30 de julio de 2020. El portal ‘El País’ publica este fin de semana una investigación sobre una entrada de petróleo venezolano a México a cambio de maíz y agua potable, tras un posible acuerdo entre la empresa mexicana Libre Abordo, sin experiencia en el giro, y la empresa estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) en 2019.
Aseguran que se trata de un par de contratos valuados en 200 millones de euros, lo que representaría más de 5 mil 244 millones de pesos, de acuerdo con información a la que ha tenido acceso el portal español y el sitio ‘Armando.info’.
Los nombres de los mexicanos que han salido a la luz son el de Joaquín Leal de 28 años de edad, Verónica Esparza de 47 y su hija Olga María Zepeda Esparza de 24 años, quienes ya habían sido señalados por realizar transacciones de dinero con la paraestatal Petróleos de Venezuela, desde 2019, hasta la mitad de 2020 y están vinculados a Libre Abordo.
Estarían Estados Unidos, por parte del Departamento del Tesoro y la Unidad Inteligencia Financiera en México, pendientes de la investigación, pues la operación de los contratos no ha sido esclarecida.
Un alto funcionario, fuente confidencial de ‘El País’, reveló que la operación tiene que ver con el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela, no obstante, asegura, “no se puede trabajar con las empresas tradicionales de extraída de petróleo, porque las sancionan”, dijo. Y serían los intermediaros mexicanos quienes habrían mantenido la operación en secreto para evitar las sanciones a Venezuela.
“El 13 de junio, ambas partes firmaron un acuerdo por el que Libre Abordo se comprometía a enviar 1000 camionetas cisterna por valor de casi 140 mil euros cada uno. Cuatro días después, el 17 de junio, Libre Abordo y Corpovex firmaban otro acuerdo por el que la compañía mexicana se comprometía a enviar 200, mil toneladas de maíz blanco”.
Lo grave de la situación, aseguran, es que el gobierno de Trump sostiene que los intermediarios mexicanos de dicha operación estarían trabajando con la red de corrupción colombiana liderada por Alex Saab, detenido en junio pasado por la Interpol y que busca ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado, pues lo identifican como uno de los principales prestanombres de Nicolás Maduro.