Los médicos las operaron contra su voluntad o las presionaron para que se “animaran” a tomar la decisión, alegando que podrían contagiar a sus bebés por ser portadoras.
Regeneración, 1 de diciembre de 2017.- Mujeres originarias de México y Centroamérica han sido víctimas de esterilización forzada por ser portadoras del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Los médicos las operaron sin su consentimiento para que no pudieran tener hijos o las presionaron para que se “animaran” a tomar la decisión por portar el virus.
La mexicana Amelia de 33 años, Miriam, originaria de Honduras, de 22 años, Marilú de 34 años, originaria de Nicaragua; Elena 37 años, de Nicaragua; Alicia 32 años de Honduras y Michelle de 24 años, originaria de México, son víctimas de esta situación, pero no pueden denunciarlo porque a pesar de que son las víctimas, tienen que enfrentarse a la discriminación.
“El hecho de que las mujeres no salgan a decir, yo tengo, yo soy, yo fui víctima de, no quiere decir que no existamos, existimos y somos muchas”, dijo una mujer en un video de la organización Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud AC.
Ese video contiene los testimonios de las mujeres que buscan que el problema sea visible.
El video con los testimonios busca visibilizar este problema y es parte de la celebración internacional de los 16 días de activismo contra la violencia de género.
Los avances médicos de los últimos años han logrado que ser portador de VIH no signifique morir a temprana edad. Los nuevos tratamientos antirretrovirales son menos tóxicos, tienen menos efectos secundarios y son eficientes para prevenir la replicación del virus en el cuerpo.
Hay pacientes que viven hasta 50 años más después de su diagnóstico y mujeres que bien podrían tener hijos con un bajo riesgo de contagio para sus bebés.
De acuerdo con Animal Político, en la corte perinatal francesa que evalúa la transmisión vertical (de madre a hijo), se documentó que ésta va de 0.9% (95/10,239) a 1.8% (9/514, P=0.06) dependiendo del antirretroviral que se usa. Los datos muestran que el riesgo es de menos de 2%.
“Si los niños no salen infectados, por qué motivo ellos vienen y te dicen que los niños van a salir infectados y que para qué vas a seguir teniendo hijos”, dice una mujer que compartió su testimonio.
Emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cartilla de Derechos Humanos de las personas que viven con VIH o con sida, dice que las mujeres portadoras tienen el derecho de decidir, libre y responsablemente, el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos. En los países de Centroamérica contemplados en el estudio de la organización Balance, también existen regulaciones en la materia similares.
Jimena Ávalos, abogada consultora de Balance, dijo que “de acuerdo con el marco internacional de derechos humanos que se debería cumplir, se les tendría que dar información y métodos anticonceptivos suficientes y adecuados, información y servicios médicos para interrumpir un embarazo no deseado, así como no ejercer coerción para obligarlas a que se realicen procedimientos de esterilización”.
Pero la realidad es distinta, la organización encontró que varias mujeres han sido forzadas a esterilizarse. De las 337 mujeres entrevistadas, 20 fueron presionadas u obligadas para esterilizarse en México; 7 en Nicaragua; 6 en Honduras y 10 en El Salvador.
En esos casos se incluye la insistencia e intimidación hasta la plena esterilización, de la cual en México se encontraron 5 casos.
Además, se documentaron otro tipo de violaciones, por ejemplo, 41% dijo haber recibido atención médica integral, mientras el mismo porcentaje ha sufrido discriminación y 28% dice que ha sufrido problemas médicos o emocionales por no contar con los servicios integrales.
En estos casos, en México se puede interponer una queja ante la CNDH, una demanda de amparo ante juzgado federal, una reclamación por los daños a la persona que deriven de actividades irregulares por parte de personal del Estado y también se puede interponer una denuncia ante el Ministerio Público de cada entidad pero, de acuerdo con Balance, hasta ahora no hay ningún dato que dé cuenta de que un médico haya sido sancionado por violentar los derechos sexuales y reproductivos de una mujer portadora de VIH.
“Es difícil llevar los casos a litigio, porque las mujeres no quieren denunciar. Aun cuando les damos garantías de resguardar su identidad no quieren arriesgarse a que en sus comunidades sepan que tienen VIH, porque incluso las familias suelen dejarles de hablar cuando lo saben. Lo otro que dificulta es que en los medios de defensa hay algunos con un tiempo muy corto”, dijo la abogada.
Con información de Animal Político