El analista Pablo Gómez opina que el deber básico de toda autoridad sería informar sobre lo ocurrido el lunes contra estudiantes de la UNAM
Regeneración, 7 de septiembre de 2018.- Los gobiernos federal y de la Ciudad de México deben rendir informe por el ataque a estudiantes en la UNAM el pasado lunes. Asimismo, la comunidad universitaria que exige justicia también debe voltear hacia dichas autoridades y hacerlos comparecer por los hechos. En el mismo sentido deben pronunciarse las autoridades de la máxima casa de estudios, de acuerdo con Pablo Gómez Álvarez.
Eel analista, militante de izquierda, exestudiante del 68 y ahora diputado por Morena escribe en Proceso sobre lo que él llama un acto represivo por parte de sujetos organizados contra miembros de una institución nacional, como es la UNAM.
Gómez Álvarez hace visible la omisión que ya caracteriza al gobierno federal y también al de la Ciudad de México: “nunca informan”. Dicen que investigan, como si no supieran exactamente lo que ocurrió. ‘¿Para qué sirven los servicios de “inteligencia”?’, cuestiona Gómez.
Además, Pablo Gómez analiza el proceder del rector Graue quien, ante la urgencia de obtener culpables, expulsó a 18 personas y difundió sus nombres dejando fuera la presunción de inocencia que debe aplicar en todos los casos. La UNAM debe respetar, dar el ejemplo y no cometer lo que critica.
Lo que es importante, dice Gómez, es conocer la maquinaria represiva que se activó para perpetrar en el ataque del lunes, como en tantos otros momentos donde han estado presentes los porros.
Gómez agrega que es inconcebible que los hechos se hayan dado bajo el balcón el mismo rector, y que no es suficiente la suspensión al coordinador de vigilancia. Más aún, la UNAM arrastra problemas que hoy requieren diálogo y solución impostergable.
A continuación, transcribimos la colaboración de Pablo Gómez en Proceso
UNAM: el gobierno nunca informa… tampoco ahora
La represión frente a la Torre de Rectoría es un hecho grave que debería ser motivo de sendos informes, tanto del gobierno federal, por tratarse de una institución nacional, como del gobierno capitalino, por haber ocurrido en la Ciudad de México.
Como fue un acto represivo contra el ejercicio de los derechos humanos de reunión, petición y manifestación de las ideas, perpetrado por un grupo de individuos organizados, presumiblemente una banda, aunque no fuera ésta de carácter gubernamental, es preciso saberlo todo al respecto. Es lo mínimo que debería reclamar la sociedad y, también, la misma universidad.
Las autoridades han dicho que el Ministerio Público averigua. Mientras, un alud de exigencias se dirige a pedir castigo para los responsables. Ya se sabe que el procurador debe intervenir, pues se han cometido delitos, lo cual implica investigaciones penales. No hace falta exigirlo.
El gobierno federal y, por lamentable extensión, el de la capital, nunca informan, son omisos en su deber de exponer y explicar lo ocurrido. Lo más que se ha atrevido a decir el jefe de gobierno de la capital es que los represores de la Rectoría llegaron en varios vehículos desde el Estado de México. El secretario de Gobernación no ha podido pronunciar ni palabra, parece que para él no hay materia; sencillamente, no gobierna.
Así como jamás nos informaron de lo ocurrido en Tlatlaya ni de los violentos sucesos de Nochixtlán, para recordar sólo dos desgarradores hechos sangrientos, tampoco nos hablan de lo que acaba de ocurrir en la Ciudad Universitaria, aunque ahí no hubieran intervenido fuerzas castrenses o policiales. ¿Para qué sirven los servicios de “inteligencia”? ¿A qué se dedican los observadores, halcones, palomas, orejas, mirones, chivatos, que por centenares tienen a su servicio el gobierno federal y el capitalino?
Es probable que los gobernantes de ambos niveles sí tengan informaciones que no quieran integrar en una versión concreta y pública. Pero es inadmisible que no se explique la naturaleza y propósitos del grupo agresor cuando el mismo rector ha expulsado de la UNAM a varios de sus probables integrantes. Por cierto, el doctor Enrique Graue se equivoca al dar a conocer los nombres de los alumnos sancionados, ya que éstos se encuentran bajo presunción de inocencia, tienen recurso para apelar la expulsión y no deberían ser estigmatizados. La universidad debe ser la primera en respetar derechos por más que su rector tenga prisa de enviar un mensaje de severidad o algo por el estilo. No se pueden defender derechos de unos violando los de otros.
Aquí lo que importa no son los nombres de los expulsados, sino el conocimiento del entramado organizativo de los represores, sus actividades y propósitos. Tenemos derecho a saberlo todo al respecto. Luego, el Ministerio Público tendría que hacer su trabajo en relación con las personas.
Tampoco se ha explicado porqué en el momento de la agresión en la Torre de Rectoría, ninguna autoridad hizo algo para repelerla. ¿Cualquier cosa puede ocurrir bajo las barbas del rector sin que existan vigilantes o personal de resguardo y vigilancia para intervenir o, tal vez, llamar a algún cuerpo policial? Lo más que hicieron fue solicitar servicios médicos de urgencia. Esta realidad no se va a superar con la sola “suspensión” del encargado de la vigilancia de la UNAM sin dar las explicaciones del caso.
La autonomía universitaria obliga a la autoridad a llamar a la fuerza pública cuando estudiantes o profesores están siendo agredidos o reprimidos en una situación en la que el resguardo interno se muestra impotente, tal como ocurrió el pasado 3 de septiembre.
Lo que está sucediendo, con la entusiasta participación de la prensa, es una lluvia de especulaciones frente a las cuales ambos gobiernos guardan silencio porque decir algo concreto les obligaría a contarnos una historia que tal vez no desean que se conozcan o porque, de plano, la desconocen. En ambos casos estaríamos frente a autoridades incompetentes, ya fuera por acción o por omisión.
En este marco, está surgiendo lo que podría llegar a ser un movimiento estudiantil reivindicativo sobre el tema de la inseguridad y algunos otros puntos de carácter académico-administrativo, cuya atención ha estado postergada por demasiado tiempo.
La universidad acusa un retraso en materia de democracia. Mientras en el país se han producido cambios, aunque a tropezones, el sistema de gobierno universitario sigue igual que hace 73 años. La democracia ha sido negada con el argumento de que la derecha es mayoritaria, pero ¿y eso qué?
Por lo pronto, no sería menos importante que el estudiantado y los académicos exigieran al gobierno federal y al capitalino sendos informes, deber elemental de toda autoridad.