Sociedad civil de Madagascar narra policía impasible ante saqueos y represor extremo de manifestantes. Juventud malgache en las calles
Regeneración, 30 de septiembre de 2025. El 25 de septiembre de 2025 marcó una jornada de profunda tensión en Madagascar.
Lo que se había concebido como un movimiento pacífico de ciudadanos en demanda de derechos fundamentales se vio empañado por una serie de «graves violaciones de los derechos humanos, violencia y destrucción».
Así narra una decena de organizaciones de la sociedad civil de Madagascar sobre la situación que se vive en la isla tras protestas de jóvenes.
Denuncia
La situación, denunciada por una coalición de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Transparencia Internacional-Iniciativa Madagascar (TI-MG) y la Plataforma Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil de Madagascar (PFNOSCM).
La cual dice que la situación, amenaza con desatar una «importante crisis socioeconómica y política» si no hay una acción gubernamental urgente.
La Represión y la Ausencia Sospechosa de las FDS
El comunicado, emitido el 26 de septiembre de 2025 desde Antananarivo, documenta un patrón de abusos que socava el estado de derecho.
En primer lugar, las organizaciones firmantes deploraron «La falta de respeto al derecho a la protesta pacífica, con vigilancia masiva por parte de las fuerzas de defensa y seguridad».
Este cerco inicial escaló rápidamente, señala el grupo de organizaciones que incluye a Mujeres Rompiendo el Silencio.
Además, se reportó el «uso desproporcionado de la fuerza», incluyendo «gases lacrimógenos, balas de goma, causando lesiones graves».
La violencia se dirigió también contra la prensa y la ciudadanía. De hecho, la coalición mencionó «La violencia contra periodistas y civiles, documentada por numerosos videos».
A esto se sumaron prácticas ilegales, como «Detenciones arbitrarias y violaciones de domicilios particulares».
Sin embargo, uno de los puntos más graves de la denuncia es la sospechosa inacción de las fuerzas de seguridad ante los desmanes.
Por consiguiente, las organizaciones denunciaron «la flagrante y sospechosa ausencia de las fuerzas de seguridad (FDS) para prevenirlas y reprimirlas» ante el saqueo y destrucción de propiedad pública y privada.
Este contraste es notable, puesto que choca con «su celo excesivo y abuso de la violencia contra jóvenes, mujeres y ciudadanos indefensos».
A pesar de la condena general, se elogió el comportamiento de «pequeños elementos de las FDS que pudieron supervisar las manifestaciones sin recurrir a la violencia».
Exigencias
Para revertir el clima de desconfianza y evitar una escalada de la crisis, las organizaciones exigen una serie de medidas inmediatas y estructurales a las instituciones malgaches: el gobierno, el parlamento y la justicia.
Así pues, la principal demanda es el «Restablecimiento de un espacio cívico abierto, seguro y libre» donde la sociedad pueda expresarse sin ser intimidada.
En el ámbito legal, se exige la «Realización de investigaciones exhaustivas para identificar y castigar a los responsables de la violencia».
Además, un tema central de la protesta ciudadana fue la crisis de servicios básicos.
Por lo tanto, se demanda un «compromiso sincero y firme del gobierno para resolver de manera efectiva y sostenible los problemas de agua y electricidad».
En materia de justicia de alto nivel, la sociedad civil exige la «Acusación efectiva de los altos funcionarios del gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia».
También se insta a la «Adopción de la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Denunciantes».
Alerta
La coalición de organizaciones lanzó una advertencia crucial a la clase política sobre la continuidad del mandato presidencial.
Específicamente, alertan sobre «el riesgo de que la situación se agrave si existe el deseo de extender el mandato presidencial de cualquier forma».
Las organizaciones demandan un «compromiso del Presidente de la República de no enmendar la Constitución para beneficio personal».
Simultáneamente, se hace un llamado directo a la política exterior mundial.
Por ende, se requiere una «posición firme e inequívoca de la comunidad internacional para denunciar los abusos del Estado y apoyar las demandas de los ciudadanos».
Las organizaciones elogiaron a los manifestantes, a quienes consideran «nuestros verdaderos ‘patriotas’ y ‘héroes'», por atreverse a ignorar su miedo y priorizar sus derechos fundamentales como «agua y electricidad» y «libertad de expresión» frente a «los logros fútiles pero derrochadores que el Gobierno quiere presentar y ha aceptado como ‘hazañas'».
El 25 de septiembre se erige así como el «punto de inflexión» de un «claro rechazo al statu quo» y una movilización por la dignidad y la democracia en Madagascar.
