El Gobierno de México sigue sin garantizar los derechos a la reparación del daño, a la salud, la educación y, sobre todo, a no ser sometido a trata de personas, que implica el deber de prevención, señaló la CNDH
Regeneración, 29 de julio de 2018. En las vísperas del Día Mundial contra la Trata de Personas, el 30 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó que el Gobierno de México siga sin garantizar los derechos a la reparación del daño, a la salud, la educación y, sobre todo, a no ser sometido a trata de personas.
Así lo señaló el organismo en un comunicado que también rememora la aprobación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
La CNDH señaló que es preocupante «la falta de mecanismos armonizados y coordinados entre los órdenes de gobierno» para implementar dicha ley en el país, así como los «insuficientes esfuerzos» para garantizar a las víctimas los derechos que les corresponden, especialmente en materia de identificación, reinserción y reparación del daño.
La Comisión pidió al Gobierno ratificar el «Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930» de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como afianzar en el Estado los protocolos de prevención, detección e inspección en materia de trata de personas en campos agrícolas con perspectiva de género y de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
También urgió al Gobierno que cumpla con las recomendaciones que emitió en relación a violaciones a derechos humanos contra jornaleras y jornaleros agrícolas de origen indígena, posibles víctimas de delitos en materia de trata de personas.
La CNDH reconoció que, en el ámbito federal, se han dado importantes pasos para dar a conocer el tema y existe mayor interés por la capacitación a las y los servidores públicos, pero la institucionalización de los protocolos, la atención a víctimas y la sistematización de datos es «aún un reto».
Detalló que en la mayoría de los estados existe legislación aprobada, comités interinstitucionales y alguna unidad o fiscalía especializada para la investigación de este delito; pero no existen programas estatales con indicadores de cumplimiento y rendición de cuentas, estrategias de trabajo regionales, presupuestos etiquetados y, en general, de políticas sociales dirigidas al combate de las causas estructurales de la trata de personas como la desigualdad, la discriminación y la violencia.
De acuerdo con el Informe Global sobre Trata de Personas 2016 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 71% de las víctimas son mujeres. La desigualdad de género es también evidente con las víctimas menores de 18 años de edad, ya que las niñas y las adolescentes representan el 20% de las víctimas totales. En cuanto a las modalidades de explotación por sexo, se observa que las niñas y mujeres son víctimas de trata con fines de explotación sexual en 96%, mientras que hombres y niños en 4%.
El pasado 20 de julio, el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en relación con el Noveno Informe Periódico presentado por México, otorgó al Estado mexicano plazo de dos años para presentar un informe preliminar para frenar la violencia y discriminación contra las mujeres, siendo la trata de personas y la explotación de la prostitución aspectos que serán evaluados, ya que el citado Comité externó su preocupación por la falta de estrategia contundente y el uso limitado de bases de datos con información desagregada acerca de las víctimas de trata, así como del delito con fines no relacionados a la explotación sexual. Asimismo, los bajos índices de procesos y sentencias, la revictimización de mujeres y niñas, de las cuales, en algunos casos se señala han sido criminalizadas en vez de recibir apoyo.