Guerrero: la reforma al artículo 14 es «la peor agresión a los pueblos indígenas»

La modificación “elimina de un borrón” la figura de la Policía Comunitaria, acusaron organizaciones en Guerrero

Sipaz

Regeneración, 29 de julio de 2018. A 15 años de la creación del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), en Guerrero, organizaciones sociales se pronunciaron en contra de la reforma al artículo 14 de la Constitución, por lo cual exigieron al gobierno y a la próxima legislatura hacer algo al respecto.

Durante la celebración por el 15 aniversario de la organización, en la cancha de basquetbol del poblado de Huamuchitos, en el estado de Guerrero, el asesor del Cecop, Rodolfo Chávez Galindo, leyó un documento dirigido al candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

El documento fue entregado al senador electo Félix Salgado Macedonio.

La carta plantea cancelar de manera definitiva el proyecto La Parota, libertad para los presos políticos del Cecop, no criminalizar sus luchas sociales y que no vuelva a ocurrir un acto represivo como el del 7 de enero en la comunidad La Concepción.

Además, a nombre de todas las organizaciones que se encontraban en el lugar, el asesor del Cecop pidió a los próximos diputados locales, en especial a los de Morena, quienes serán mayoría en la próxima legislatura, a que deroguen la reforma al artículo 14, la cual fue propuesta por el gobernador Héctor Astudillo Flores.

“Significa la peor de las agresiones contra los pueblos indígenas, esa ley elimina de un borrón la Policía Comunitaria, es por eso que en este acto quienes estamos aquí repudiamos y desconocemos la reforma al artículo 14″, señaló.

«¿Quiénes la hicieron? Los entreguistas, esto requiere una definición, este evento es para que sepa el gobierno del estado que sí hay Policía Comunitaria, aquí está la Policía Comunitaria, el estado no puede seguir a manos de la delincuencia organizada”, detalló.

Agregó que “le pesa mucho al Estado que haya una Policía Comunitaria, va contra sus principios negros para que sigan haciendo sus mañosidades. La Policía Comunitaria va a seguir presente en todo el estado de Guerrero”.

Por su parte, el consejero de la CRAC, Francisco Santos Martínez dijo que estaban planteando que el gobierno no les dé derechos o garantías, porque éstas ya las tienen en el convenio 169 en la Ley Universal de Derechos Indígenas.

Por ello, recriminaron la masacre ocurrida en San Pedro Cacahuatepec en junio de 2017 y exigieron la libertad de los presos políticos de la Policía Comunitaria.

También demandó la intervención del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan para que solicite una demanda penal contra la Policía Estatal, corporación que tiene en su poder la casa de la Policía Comunitaria de San Pedro Cacahuatepec y el retiro de la policía de La Concepción.

Un representante jurídico de los comunitarios señaló que, con ley o sin ley, las policías comunitarias van a seguir existiendo.

Mientras, familiares de los policías comunitarios presos en el penal de Acapulco señalaron que hay anomalías al interior, ya que los reclusos siguen siendo torturados, además que hay muchas complicaciones para ingresar o llevarles comida.

Ante ello, pidieron el apoyo de las organizaciones sociales para que presionen a las autoridades y sus familiares queden en libertad, ya que también sufren para obtener recursos para alimentación, trabajo y mandar a sus hijos a la escuela.

Una de las hijas de un comunitario aseguró que por los golpes y las condiciones en la que se encuentra su familiar, éste ya perdió un ojo y podría perder el otro.

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En tanto, uno de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, exigió justicia para todos los presos políticos y para el caso Iguala:

“¿Es legal desaparecer personas, en qué parte de la Constitución dice que hay que encarcelar personas sin delitos?”, cuestionó.

Durante la celebración por los 15 años del Cecop, estuvieron presentes integrantes de asociaciones civiles de Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, el Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra de Atenco, Policía Comunitaria de la Casa El Paraíso, CETEG, SRTP, Consejo Indígena y Afroguerrerense, Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, entre otras más.

(Con información de Emeequis)

La reforma al artículo 14: en juego los derechos de pueblos indígenas

El pasado 27 de julio, la prensa local informó que, con 41 votos a favor y uno en contra, el de Morena, el Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 14 de la Constitución Política del Estado, con la que se asegura el pleno respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas.

Tras un reclamo de los diputados del PRD y Movimiento Ciudadano por la forma en que estaba redactado el dictamen hecho por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, referente al decreto de reforma al artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, que rige a la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígenas, pues se argumentó que podía tener la percepción de lesionar los derechos de los pueblos originarios en su sistema comunitario, se acordó modificarlo.

La redacción original indicaba:

“La ley establecerá las bases para una adecuada armonización entre el sistema jurídico estatal y los sistemas normativos indígenas y afromexicanos en materia de seguridad pública e impartición de justicia; así como para aplicar sus sistemas normativos en la solución de los conflictos internos de sus comunidades. También regulará los procedimientos de validación de sus resoluciones por los jueves y tribunales competentes de conformidad en el orden jurídico estatal y federal”.

El párrafo aprobado en el Congreso de Guerrero quedó así:

“La ley establecerá las bases para una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia y de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal para que los pueblos indígenas y afromexicanos apliquen sus propios sistemas normativos. Tratándose de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana o bienes personales de algunos de sus miembros se establecerá a lo dispuesto por la legislación nacional aplicable”.

Esta redacción fue criticada por la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, recién integrada a las filas de Morena, pero que llegó por el PRD.

“Es sumamente preocupante que este dictamen vaya a ser aprobado; están en juego los derechos y libertades de nuestros pueblos originarios”, criticó.

Argumentó que el dictamen presentado por la Comisión no reconoce los derechos y libertades de los pueblos originarios de Guerrero.

Reclamó que no se haya tomado en cuenta las propuestas de MC, PRD, PT y Morena, mucho menos las que presentaron las organizaciones sociales.

“Esto deja muy mal al Congreso como institución; justifica la percepción generalizada de la ciudadanía de que aquí se actúa en favor de intereses particulares y no en función del interés general de las y los guerrerenses”, señaló.

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Cabrera Lagunas aseguró que la sola reforma al artículo 14 no será suficiente para integrar una nueva Ley Indígena que esté a la altura de las circunstancias, por lo que se tienen que atender toda la sección referida a los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Agregó que “desaparecer de un plumazo” la figura de la Policía Comunitaria cuestiona el sistema de seguridad del Estado e impacta en el reclamo los guerrerenses para acceder a una efectiva seguridad pública que han optado por formar sus propios cuerpos de seguridad a través de policías ciudadanas.

Criticó que se pretenda que sea la ley, a través de jueces y tribunales los que regulen los procedimientos de validación de las resoluciones del sistema comunitario.

“Esto invalida cualquier resolución que se tome al interior de los órganos y autoridades indígenas”, reclamó.

De igual forma, el diputado de Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco Deaquino también criticó la redacción del dictamen, incluso, dijo que la iniciativa enviada por el gobernador Héctor Astudillo Flores retomaba las recomendaciones de la CNDH, no así, la presentada.

Esto, porque en la redacción de la reforma al artículo 14 de la Comisión dictaminadora, “se suprime la función de la comunitaria y para quienes están en este tipo de organizaciones consideran que se lesionan sus derechos por la simple supresión del tema de la policía comunitaria”.

El diputado consideró que es preocupante la redacción de dicho dictamen, pues se interpreta que la validación de las resoluciones del sistema comunitario será hecha por jueces y tribunales y sugirió a los diputados de la Comisión dictaminadora valorar la modificación del dictamen.

Tras esta petición, el presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales, Cuauhtémoc Salgado Romero, subió a tribuna para aceptar y modificar su dictamen, para quedar de la siguiente manera:

“La ley establecerá las bases para una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia y de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal para que los pueblos indígenas y afromexicanos apliquen sus propios sistemas normativos, tratándose de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana o bienes personales de algunos de sus miembros se establecerá a lo dispuesto por la legislación nacional aplicable”.

La votación fue por mayoría calificada, con el único voto en contra de la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, quien criticó que el gobernador Astudillo Flores y las fuerzas parlamentarias “son incapaces de renunciar al mayoriteo, al albazo y a sus acuerdos cupulares” y que en este caso “agreden a la libre determinación y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero”.

Aclaró que al aprobar esta reforma, los diputados comenten un acto de traición y omiten armonizar según lo ordenó el artículo Tercero Transitorio de la misma Constitución, y que mantiene demandando al Congreso ante Tribunales Federales por la vía del Juicio de Amparo.